En pleno invierno, el gobierno de Javier Milei busca avanzar con una reforma que recorta el régimen de Zona Fría, el sistema que establece descuentos en las tarifas de gas para hogares de regiones donde las bajas temperaturas implican un consumo energético mayor. El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados y el Ejecutivo intenta ahora destrabar su tratamiento en el Senado. La iniciativa apunta a desarmar la ampliación del régimen aprobada en 2021 mediante la derogación de los artículos que incorporaron nuevas localidades y provincias al beneficio. De este modo, reduce y focaliza la cobertura de un sistema que actualmente alcanza a millones de usuarios, dejando fuera o sometiendo a tarifazos a sectores que hasta ahora accedían a descuentos en sus facturas de gas.

Detrás del lenguaje de la “focalización” está el mecanismo concreto del ajuste. Menos hogares alcanzados por el subsidio implica que una mayor parte del costo deja de estar cubierta y pasa a recaer sobre quienes pierden el beneficio. Lo que para el Ejecutivo se presenta como una reducción del gasto puede traducirse, para esos hogares, en facturas más caras para calefaccionarse.

Pero la media sanción conseguida en Diputados no resolvió el problema político. Para avanzar con la reforma, la Casa Rosada necesita reunir apoyos en el Senado, donde el proyecto encontró resistencias incluso entre representantes de provincias alcanzadas por el régimen. Para ello, la Casa Rosada tuvo que negociar. En esa negociación entró el reclamo de los gobernadores del Norte por un régimen de tarifas diferenciales para las llamadas Zonas Cálidas.

La negociación por los votos: el Norte pone Zonas Cálidas sobre la mesa

El problema para el Gobierno no era solamente aprobar una reforma tarifaria. La media sanción obtenida en Diputados debía atravesar todavía el Senado, donde el avance sobre el régimen de Zona Fría encontró resistencias y obligó a la Casa Rosada a salir a buscar acuerdos.

En esa tarea, Diego Santilli quedó como uno de los principales articuladores políticos del Ejecutivo, mientras Luis Caputo participó directamente de una negociación en la que se discutían algo más que los votos para una ley: también estaba en juego la política de subsidios y tarifas. Del otro lado de la mesa estaban los gobernadores de las provincias del Norte, con un reclamo propio. Los mandatarios del Norte presionaban por una solución para las denominadas Zonas Cálidas: un esquema de tarifas diferenciales que contemplara el mayor consumo eléctrico impuesto por las temperaturas extremas durante los meses de calor.

Las dos discusiones quedaron directamente vinculadas. Zonas Cálidas no avanzó como un debate separado de la disputa por Zona Fría, sino como parte de los acuerdos que el Gobierno necesitaba para construir apoyos a su reforma. Y, con el avance de las conversaciones, ese vínculo se volvió todavía más explícito. El acuerdo sobre nuevos subsidios para las zonas cálidas y muy cálidas apareció ligado al intento de reactivar el tratamiento de la modificación de Zona Fría en el Senado. El Gobierno buscaba reducir el alcance de un régimen y necesitaba los votos para hacerlo; los gobernadores del Norte reclamaban una respuesta al mayor costo energético que enfrentan sus provincias. Ese acuerdo conectó ambas cuestiones.

Zonas Cálidas: una necesidad real que entra en la negociación

Las bajas temperaturas obligan a un mayor consumo de gas para calefaccionarse. Ocurre algo equivalente con la electricidad necesaria para refrigerar los hogares durante los meses de mayor calor. De eso se trata el planteo de las denominadas Zonas Cálidas: establecer tarifas diferenciales y subsidios que contemplen ese consumo energético adicional. La discusión apunta especialmente a las regiones calificadas como cálidas y muy cálidas, donde el uso de ventiladores, aires acondicionados y otros sistemas de refrigeración deja de ser, durante los períodos de temperaturas extremas, un consumo excepcional.

La población de esas provincias necesita una protección tarifaria. Del mismo modo que el régimen de Zona Fría reconoce que no todas las regiones enfrentan las mismas condiciones climáticas ni requieren el mismo consumo energético para sostener condiciones mínimas de vida, las temperaturas extremas del Norte también imponen un gasto adicional.

No hay una oposición natural entre quienes necesitan calefaccionarse y quienes necesitan refrigerarse. Las dos necesidades son reales y deberían estar contempladas por una política que garantice el acceso a la energía.

La respuesta oficial, sin embargo, no fue garantizar simultáneamente ambas protecciones. Avanzó sobre el recorte y la focalización de un régimen ya existente mientras acordaba nuevos subsidios para las zonas cálidas y muy cálidas. Así, el reclamo por Zonas Cálidas ingresó en los acuerdos que el Ejecutivo necesitaba para reducir el alcance de Zona Fría y reunir los respaldos políticos para hacerlo.

El acuerdo por Zonas Cálidas se monta sobre el ajuste en Zona Fría

Al reducir y focalizar el alcance del régimen, el mileísmo proyectaba un ahorro fiscal de $272.099 millones. Pero ese ahorro no surge de la nada: una parte del costo que deja de estar cubierta por el beneficio pasa a recaer en mayor medida sobre los usuarios alcanzados por el recorte.

Los $272.099 millones de ahorro proyectados no eliminan el costo de la energía. Cambian quién lo paga. Al reducirse la cobertura, una parte mayor de ese costo pasa a los hogares afectados, que deben afrontarlo con sus propios ingresos.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo debía resolver el problema político que ese ajuste le generaba en el Senado. Allí entró en juego el acuerdo con los gobernadores del Norte. La posibilidad de avanzar con nuevos subsidios destinados a las Zonas Cálidas y Muy Cálidas quedó ligada a la búsqueda de los votos para destrabar el tratamiento de la reforma sobre Zona Fría. La relación entre ambos puntos quedó expuesta incluso por el gobernador salteño Gustavo Sáenz, uno de los participantes de las conversaciones. “Lo que habría es una resolución de la Secretaría de Energía y después tendríamos una ley” explicó el gobernador. «Primero hay que votar Zona Fría, para la posibilidad de que el norte tenga zonas cálidas».

El Gobierno busca el vaciamiento de Zona Fría y trasladar una parte mayor de la factura a sus usuarios, mientras acuerda nuevos subsidios para las provincias del Norte cuyos gobernadores necesita como aliados. No se trata de una transferencia directa y automática de cada peso recortado en una zona hacia otra. El Ejecutivo reduce el gasto destinado a un régimen existente, descarga una parte mayor del costo sobre sus usuarios y, al mismo tiempo, acuerda una nueva política de subsidios como parte de las conversaciones con los gobiernos cuyos respaldos busca. El acuerdo por Zonas Cálidas se monta sobre el ajuste en Zona Fría: mientras unos usuarios son empujados a pagar una parte mayor del costo de la energía, el Ejecutivo acuerda nuevos beneficios para conseguir los apoyos políticos que busca.

El “todos contra todos”: necesidades reales convertidas en una disputa por recursos

Las necesidades climáticas de unas regiones y otras no deberían competir entre sí. Quienes viven en las regiones de temperaturas extremas necesitan más electricidad para refrigerarse. No hay, entre ambas necesidades, una contradicción natural. Ningún trabajador de una provincia del Norte necesita que otro, en la Patagonia o en el sur bonaerense, pierda un subsidio para justificar una tarifa diferencial frente al calor.

La política oficial establece otra lógica. Un régimen se recorta y focaliza; otro se acuerda y debe traducirse en medidas concretas. Un grupo de usuarios queda expuesto a afrontar una mayor parte de su factura; otro depende de que los compromisos alcanzados se conviertan efectivamente en una protección tarifaria.

Cada región queda empujada a defender el beneficio que tiene o a negociar uno nuevo, mientras el Gobierno administra los recursos a partir del recorte de unos subsidios y la concesión de otros. Desde allí se define qué régimen se recorta, cuál se focaliza y qué beneficios se acuerdan. Los gobernadores, por su parte, buscan obtener respuestas para sus propias provincias dentro de esa misma disputa.

Se impone así una lógica de “todos contra todos”, en la que las necesidades de distintas poblaciones aparecen como si compitieran por una cantidad limitada de recursos.

Pero esa oposición es falsa. El problema no son las Zonas Cálidas ni los trabajadores que necesitan una tarifa especial para afrontar el mayor consumo eléctrico. Tampoco son los habitantes de las Zonas Frías que deben pagar el costo de una política energética para otras regiones. El ajuste y la negociación son los que terminan enfrentando, en los hechos, necesidades que podrían garantizarse simultáneamente. Distintas poblaciones quedan empujadas a disputar recursos cuya distribución debería responder a sus necesidades y no a la capacidad de cada gobernador para negociar con Milei.

La rosca por arriba y la factura abajo

El Ejecutivo negocia los votos que necesita para aprobar su proyecto. Luis Caputo y Diego Santilli se reúnen con los gobernadores mientras se discuten recortes y nuevos beneficios. Los mandatarios provinciales buscan, a su vez, respuestas para sus territorios dentro de esa misma discusión. La población trabajadora no participa de esa mesa.

Para los usuarios alcanzados por el régimen de Zona Fría, la discusión sobre el “ahorro” estatal puede traducirse en algo mucho más concreto: una mayor parte de la factura de gas a pagar con sus propios ingresos. Para quienes viven en las regiones afectadas por temperaturas extremas, el acceso efectivo a una tarifa diferencial depende de que los acuerdos entre el Gobierno y los gobernadores se traduzcan en una política concreta. La rosca política no es un asunto separado de la vida cotidiana. Lo que se negocia arriba se paga abajo. Mientras el Ejecutivo calcula cuánto puede ahorrar y los gobernadores negocian qué respuestas obtienen para sus provincias, millones de usuarios quedan a expensas del resultado.

Unos pueden perder un beneficio y pagar más. Otros esperan que se concrete una protección frente al costo adicional que impone el calor extremo. En ambos casos, se trata de necesidades elementales cuya respuesta queda subordinada a una negociación política en la que la población aparece únicamente al final de la cadena: como usuaria que recibe la factura.

El Gobierno puede recortar subsidios y utilizar otros como parte de su negociación política. Los gobernadores buscan beneficios para sus provincias y ofrecen respaldo dentro de esa misma disputa. Quienes terminan afectados por esas decisiones no deciden sobre los recursos ni sobre su distribución: reciben el resultado en sus facturas.

Frente a la lógica del ajuste y la negociación provincia por provincia, la respuesta debería ser defender subsidios y tarifas especiales tanto para las Zonas Frías como para las Zonas Cálidas. El problema no es cuál de las dos poblaciones debe perder su protección, sino quién debe financiar ambas. Ninguna población trabajadora tendría que pagar el ajuste para financiar la protección de otra. Garantizar ambas necesidades exige discutir de dónde deben salir los recursos.

La respuesta no puede ser una factura más cara para quienes viven de su trabajo. Los recursos deben salir de quienes concentran la riqueza y obtienen grandes ganancias. De ahí el planteo de financiar ambas protecciones mediante impuestos a los grandes capitalistas y a la riqueza concentrada, en lugar de nuevos tarifazos, recortes y focalizaciones sobre la población.