Recientemente, fue noticia que Milei puso más de un billón de pesos en la timba financiera para financiar el déficit cero, a costa del dinero que corresponde (por ley) a financiar la creación y mantenimiento de rutas. Al igual que con el Sistema Vial Integrado, el fondo hídrico nacional se financia con una parte del impuesto al combustible, del cual le corresponde específicamente el 4,3%.

Desde 2023 a la fecha, el dinero recaudado para tal rubro asciende a $375.400 millones, de los cuales Casa Rosada solamente giró $116.000 millones. En otras palabras, tan sólo entregó el 31%  del monto total, quedándose de forma ilegal con los $290.000 millones restantes.

Lo que torna más dramática esta noticia es que se acerca “El Niño”, un fenómeno climático que afecta fuertemente a la cuenca del Río de la Plata. Consiste en un aumento de la temperatura global y trae aparejado tormentas. Además, para este año se espera que sea particularmente fuerte entre noviembre y enero, al extremo de que está siendo llamado del “Súper Niño”.

Para agravar la situación, a la subejecución de los recursos del Fondo Hídrico Nacional se suma el brutal ajuste del gobierno. La motosierra está desmantelando muchas de las instituciones científicas fundamentales para la prevención de desastres climáticos. En el caso del Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, en abril de este año el Gobierno concretó 140 despidos en el organismo y, según los trabajadores, 83 de ellos correspondían a observadores meteorológicos. También denunciaron que más de 60 estaciones quedaron sin observaciones nocturnas durante períodos de entre nueve y doce horas.

La denuncia contra la subejecución fue realizada por Gabriel Katopodis, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, quien reclama fondos adeudados para terminar una obra en el Río Salado. Es innegable la responsabilidad en la crisis de la obra pública por lo que explicamos previamente; pero también es cierto que el peronismo carga con parte de la responsabilidad, pues gobernó la provincia durante 35 de los últimos 40 años (1987-2015 y 2019 a la fecha).

De esta experiencia se puede decir que no hubo una diferencia radical (en el sentido de raíz) en la administración con respecto a Milei. Ambos como proyectos capitalistas no lograron solucionar los problemas de infraestructura de la provincia, como tampoco lo logró la experiencia de la UCR o el PRO.

Bajo el riesgo de inundación constante

La Plata es un territorio con una fuerte presencia de cuerpos de agua; de hecho, está construida sobre entubados y ríos. A medida que fue creciendo, la planificación no la acompañó y muchas zonas quedaron más expuestas al riesgo hídrico.

El año pasado se produjo una enorme inundación que azotó la provincia en la zona de Bahía Blanca, desatando una catástrofe social y humanitaria. Pero este no fue el único caso. Hace 13 años ocurrió una inundación dramática que era evitable.

El 02 de abril de 2013 tuvo lugar una fuerte tormenta con precipitaciones acumuladas de hasta 400 milímetros. El sistema de desagüe colapsó, pues solamente tenía capacidad para contener 34 ml por hora. Esto desató una tragedia que terminó en la muerte de 89 personas y 190.000 habitantes damnificados. En total, se inundaron 3.500 hectáreas y generó pérdidas materiales de alrededor de mil millones de dólares.

Esta catástrofe se debió a varios motivos. En primer lugar, la mala planificación urbana y la falta de infraestructura adecuada para contener las precipitaciones por las lluvias. Pero además, según estudios de la UNLP y el Conicet, también fue determinante la falta de alertas tempranas y eficaces, la descoordinación institucional y las deficiencias en infraestructura.

Una salida de fondo

Es necesario exigir al gobierno que entregue los recursos que retiene de forma ilegal para seguir con el desarrollo de las obras paralizadas, las cuales son vitales para evitar que se produzcan o contener nuevas inundaciones. El Estado debe asumir responsabilidades en la prevención de los emergencias climáticas, un asunto general que es de interés para la sociedad en su conjunto.

Por otra parte, los problemas de planificación urbana y la falta de infraestructura para prevenir las inundaciones, hacen parte de la larga lista de problemas estructurales que aquejan el país desde hace mucho tiempo y que no fueron resueltos por los diferentes gobiernos capitalistas. Sin perder de vista sus matices y diferencias importantes, tienen como criterio priorizar las ganancias de los capitalistas por encima de las necesidades reales de las enormes mayorías trabajadoras. Esto incluye el anarcocapitalismo de Milei o el fracaso del peronismo sin programa que gobierna la provincia desde 1987.

Por ello, son necesarias medidas anticapitalistas para dar una respuesta global a las inundaciones y el conjunto de los problemas estructurales provocados por el sistema capitalista y sus gobiernos.  La “planificación” capitalista de la economía nos llevó hasta este nivel de crisis. Es hora de un rumbo anticapitalista: la planificación racional y democrática de la economía por parte de los trabajadores y trabajadoras. Como se indica en nuestro Manifiesto Anticapitalista: “La planificación democrática de la economía por parte de los trabajadores significa que la clase trabajadora empiece a tomar en sus manos el fruto de su trabajo y de su esfuerzo, para decidir de manera realmente democrática dónde invertir, teniendo en cuenta no la búsqueda de ganancias de un privado sino el bienestar de la sociedad trabajadora.”