Las empresas off shore son sociedades de capital radicadas en paraísos fiscales. Esta modalidad les permite a grupos multimillonarios acumular capital sin pagar impuestos, quedando virtualmente fuera de la legislación de todos los países.
A través de sucesivas resoluciones del IGJ, el gobierno de Milei implementó brutales recortes en la regulación de este tipo de sociedades (y otras similares) en el país. A partir de la resolución general 10/2024, la Argentina ya no les «exige» a este tipo de sociedades que se adecúen a la ley local, y les permite inscribirse en la IGJ como a cualquier otra sociedad.
Esta medida, supuestamente para «atraer inversores extranjeros» sólo está destinada a atraer capitales parasitarios, que se dedican a la usura, la estafa del fisco nacional, la improductividad y el saqueo de recursos naturales y productivos nacionales.
Entre las rebajas regulatorias, el gobierno implementó las siguientes medidas:
- Eliminó la obligatoriedad de los garantías por posibles daños económicos, posibilitando infinitas operaciones de estafa económica e impositiva como las muy comunes quiebras truchas.
- Se elimina la obligación de registro e informe sobre las Asambleas empresariales. Esto permite que las empresas escondan sus ganancias y dividendos, evadiendo todo tipo de gravámenes.
- Dejan de existir las restricciones a las SAS (Sociedades de Acciones Simplificadas). Se trata de una figura creada durante la gestión Macri que permite crear sociedades exprés en menos de 24 horas y de manera digital. Esta forma de operación ya fue utilizada para distintos fines ilícitos en el país, como para el movimiento y lavado de dinero narco por parte de la conocida banda rosarino Los Monos.
- Se habilitan las sociedades de objeto múltiple, terminando con la exigencia de especialización por rama. Esto facilita operaciones fantasma ya que es mucho más fácil contar con una sociedad preexistente para cualquier tipo de operación.
- La resolución 10/24 directamente anula el régimen de fiscalización de empresas extranjeras, empresas vehículo y offshore. Esto abre todo tipo de posibilidad a la especulación financiera, el movimiento de dinero ilícito y las estafas impositivas en toda su variedad. Las firmas vehículo (una sociedad argentina controlada por otra extranjera u off shore) podrán operar libremente sin importar lugar de radicación, informe de planes de inversión a la IGJ ni ningún tipo de criterio impositivo.