Milei quiere desplazar la agenda política hacia el Congreso en el segundo semestre, y así dominar la situación hasta el final del año. Buscará aprobar un paquete de reformas económicas, institucionales y electorales para consolidar por vía legislativa buena parte de sus contrarreformas, e imponerlas a largo plazo.
El movimiento empezó a tomar forma durante las últimas semanas. La incorporación de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete para reforzar la articulación política, la reunión del 9 de julio en la que Javier Milei pidió a sus ministros «seguir haciendo el gobierno más reformista» y la preparación de una nueva agenda legislativa forman parte de una misma secuencia. La Casa Rosada intenta abrir una nueva etapa política en la que la prioridad dejará de ser la utilización de herramientas administrativas para concentrarse en la aprobación parlamentaria de reformas estructurales.
El programa financiero presentado por el Ministerio de Economía para el período 2026-2027 termina de darle sentido a ese giro. El documento proyecta vencimientos de deuda por más de USD 44.000 millones durante los próximos dos años y prevé afrontarlos mediante la continuidad del superávit fiscal, la utilización de reservas del Banco Central y un nuevo ciclo de privatizaciones. Sobre esos mismos pilares se organiza la agenda parlamentaria que el oficialismo buscará impulsar cuando el Congreso retome su actividad. El programa económico aparece así estrechamente vinculado con un conjunto de reformas destinadas a redefinir el papel del Estado y ampliar las «garantías» para la inversión privada. Básicamente, quiere liquidar todo poder de decisión soberana que le pueda poner algún obstáculo futuro al lucro del capital extranjero en suelo argentino.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la denominada ley de shutdown, el Súper RIGI, la Ley de Inocencia Fiscal y el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada recaen sobre áreas distintas, pero comparten esa orientación común. El gobierno quiere limitar las herramientas de intervención estatal sobre la política monetaria, el gasto público, las grandes inversiones, la fiscalización tributaria y el régimen de tierras, al tiempo que consolidan un marco normativo más favorable para el capital privado. A ese paquete se suma una reforma electoral cuyo contenido todavía no está del todo claro.
Las primeras reformas recaen sobre dos de los pilares del programa económico presentado por el Ministerio de Economía: la política monetaria y la «disciplina fiscal». La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central busca impedir que el Tesoro vuelva a financiarse mediante emisión monetaria, reforzar la «autonomía» de la autoridad monetaria y trasladar esos criterios al marco legal que regula el funcionamiento del organismo. Si la iniciativa prospera, futuras administraciones encontrarán mayores restricciones para modificar la política monetaria o utilizar al Banco Central como instrumento de financiamiento del Estado. El dogma liberal de la «autonomía del Banco Central» es restringir cualquier control democrático de la política monetaria, que los funcionarios realmente electos no puedan tomar decisiones sobre la principal entidad financiera del país.
La denominada ley de shutdown completa ese mismo esquema desde el frente fiscal. Inspirada en el mecanismo vigente en Estados Unidos, establece límites para la ejecución del gasto cuando el Congreso no aprueba el Presupuesto anual. En ese escenario, el Poder Ejecutivo no podría ampliar partidas ni habilitar nuevas erogaciones por fuera de las autorizaciones previstas, restringiendo significativamente su margen de maniobra. El equilibrio fiscal dejaría así de depender únicamente de una decisión política para transformarse en una regla incorporada al funcionamiento del Estado, reduciendo la capacidad de futuras administraciones para modificar la orientación del gasto público aun frente a cambios en la situación económica o social. Ambas iniciativas buscan trasladar al plano legislativo principios centrales del programa económico del Gobierno y establecer reglas de funcionamiento con vocación de permanencia. Esa misma lógica reaparece en el régimen de grandes inversiones.
El denominado Súper RIGI amplía los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos para proyectos de gran escala en minería, hidrocarburos, energía, infraestructura y economía del conocimiento. El régimen consolida un marco de privilegios para grandes grupos económicos y corporaciones transnacionales, reduciendo la posibilidad de que el Estado argentino pueda revisar o intervenir sobre las condiciones bajo las que se desarrollan actividades consideradas estratégicas.
En actividades como el litio, el cobre, los hidrocarburos, la infraestructura energética o los grandes proyectos tecnológicos, las decisiones adoptadas hoy pueden condicionar durante décadas la capacidad soberana del país para redefinir las reglas de explotación de recursos considerados centrales para el desarrollo económico.
Además, el Súper RIGI concentra los incentivos sobre grandes emprendimientos orientados principalmente a la exportación de recursos naturales y sectores estratégicos, disminuye las exigencias de integración productiva local y limita la posibilidad de incorporar nuevos requisitos vinculados con proveedores nacionales, transferencia tecnológica o agregado de valor. Profundiza un modelo extractivista basado en la especialización exportadora y en una mayor participación de grandes corporaciones nacionales y transnacionales sobre actividades consideradas claves para la economía argentina.
Desde esa perspectiva, la discusión deja de girar únicamente alrededor de la necesidad de atraer inversiones para extenderse al modelo de desarrollo que esas inversiones consolidan. El debate incorpora así interrogantes sobre el grado de control que conservará el Estado sobre recursos estratégicos, la distribución de los beneficios generados por esos proyectos y las posibilidades de impulsar políticas industriales que prioricen el procesamiento local, el desarrollo tecnológico y la creación de cadenas de valor frente a un esquema centrado en la extracción y exportación de materias primas.
La Ley de Inocencia Fiscal limita la posiblidad de investigar delitos tributarios y controlar grandes patrimonios. El texto modifica atribuciones de ARCA, eleva los umbrales para la persecución de determinados delitos fiscales y restringe herramientas utilizadas para reconstruir operaciones financieras complejas, detectar activos no declarados y seguir maniobras de evasión. Es una ley hecha a la medidas de delincuentes ricos, evasores y narcos.
La discusión reaparece sobre otro terreno con el proyecto de «inviolabilidad de la propiedad privada». Se trata de un proyecto de entrega completa de soberanía de porciones completas del país a las empresas, sobre todo extranjeras, que las conviertan en su propiedad privada.
Leídas junto con el Súper RIGI, ambas iniciativas dejan ver una misma orientación. Mientras una restringe facultades de fiscalización tributaria, la otra limita el margen de intervención. En conjunto, las reformas configuran un nuevo marco regulatorio que amplía la estabilidad para los principales actores económicos y redefine el alcance de la intervención estatal sobre áreas sensibles de la economía.
El paquete legislativo se articula, además, con un nuevo ciclo de privatizaciones que el Ministerio de Economía considera clave para sostener el programa financiero previsto para 2026 y 2027. Mientras el gobierno habla de la «eficiencia» de la privatización, la propia experiencia argentina reciente habla por sí misma: la entrega de las empresas nacionales a privados significó saqueo y destrucción económica.
El recorrido parlamentario comenzará cuando el Congreso retome su actividad durante el segundo semestre. Sin mayorías propias, La Libertad Avanza volverá a depender de acuerdos con bloques que exceden al oficialismo para aprobar una agenda que modifica aspectos centrales de la política monetaria, el gasto público, el régimen de inversiones, la fiscalización tributaria, la regulación sobre la propiedad y el alcance de futuras privatizaciones.
Las votaciones mostrarán hasta dónde el Gobierno consigue convertir en ley los principales ejes del programa económico diseñado para el período 2026-2027. La intención mileísta es mostrarse capaz de tener consecuencias a largo plazo. Absolutamente nadie que no sea Milei y su cículo político cercano piensa que ese sea el escenario más probable.
