Como todos sabemos, las modas son cíclicas. Según diversos estudios, aproximadamente cada 20 años ciertas tendencias vuelven a aparecer. Lamentablemente en esta nota no estamos hablando sobre ningún hito de la moda o las pasarelas de la temporada Otoño/invierno 2026, sino del futuro del agua.

Como hace dos décadas atrás en la primera gestión de Carlos Saúl Menem, la administración de Javier Milei quiere avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa estatal de agua y saneamiento del AMBA, AySA, dejando que la misma vuelva a caer en manos privadas. Este viernes 15 de mayo se publicaron los pliegos para la venta de las acciones que actualmente son del Estado Nacional.

Los peligros de dicha venta son muchos. Se trata de la empresa pública argentina dedicada a la prestación de servicio de agua corriente y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y veintiséis partidos del Gran Buenos Aires. Es el agua de más de 15 millones de personas. Es un verdadero titán de servicios públicos si a tamaño y cobertura nos referimos.

Este es el primer paso en el esquema de privatizaciones que quiere llevar adelante el gobierno de Milei en coordinación con el ministro Luis Caputo. El objetivo del Ejecutivo es recaudar unos US$ 2.000 millones este año mediante privatizaciones y concesiones. En ese esquema ya fueron concesionadas las centrales hidroeléctricas del Comahue, se avanzó con corredores viales y se desprendieron acciones de Transener.

Es que, ante el fracaso de la gestión libertaria en materia económica, el gobierno busca desesperadamente sumar dólares mediante ventas de activos públicos para mantener el esquema financiero actual y pagar los vencimientos de deuda. El Ministerio de Economía espera recaudar U$S 500 millones con esta venta en particular. El esquema previsto contempla dos etapas. Primero se venderá al menos el 51% de la compañía a un operador privado mediante licitación y luego se avanzará con la colocación del resto de las acciones estatales en bolsas y mercados.

Caputo confirmó el inicio del proceso a través de un mensaje publicado en la red social X. “Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”, señaló el ministro. “Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento. Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos”, sostuvo.

La valuación de la empresa quedó en manos del BICE y el proceso cuenta con asesoramiento del Banco Mundial. Entre los posibles interesados en quedarse con el control de la compañía aparecen algunos de los principales grupos empresarios que vienen expandiéndose en sectores regulados. Según trascendió, figuran la familia Neuss, integrante de Edison Energía junto a los dueños de Havanna y Newsan, y también el empresario Mauricio Filiberti, propietario de Transclor.

Parte del plan de venta ya comenzó a implementarse incluso antes de concretarse la misma. Hace apenas unas semanas, AySA firmó un nuevo contrato de concesión privada que institucionaliza el modelo económico aplicado desde 2024. Se prevén revisiones tarifarias cada cinco años, obligación de inversiones sin asistencia estatal y garantía de equilibrio económico-financiero para la futura operadora. La compañía ya viene aplicando fuertes incrementos en los últimos meses para recomponer ingresos. Entre mayo y agosto se espera una suba mensual del 3%, lo que llevará la tarifa promedio de agua y cloacas a casi $30.000 antes de impuestos y tasas municipales.

El fantasma del negocio con el agua

La experiencia argentina en materia de privatización del servicio de agua ya tiene antecedentes concretos y conflictivos. Durante la década de 1990, en el marco de las reformas impulsadas por el gobierno de Menem, la entonces empresa estatal Obras Sanitarias fue concesionada a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez.

La privatización fue presentada en aquel momento con promesas similares a las que ahora vuelven a aparecer en el discurso oficial. Sin embargo, el resultado terminó siendo muy distinto al prometido. Solamente hubo incumplimientos en los compromisos de inversión, demoras en obras, deterioro de infraestructura y crecientes conflictos vinculados con las tarifas. Mientras la empresa reclamaba ajustes permanentes para sostener su rentabilidad, amplios sectores de la población continuaban sin acceso adecuado al servicio de agua potable y cloacas.

La crisis económica y social de comienzos de siglo profundizó las tensiones entre el Estado y la concesionaria. Finalmente, en 2006, el Estado decidió rescindir el contrato y reestatizar el servicio mediante la creación de AySA.

La salida de Suez estuvo precedida por múltiples cuestionamientos. El Gobierno acusó a la empresa de incumplir obligaciones contractuales vinculadas a inversiones y expansión de cobertura, mientras que la compañía inició luego demandas internacionales contra la Argentina ante el tribunal del CIADI.

A diferencia de otros mercados, el acceso al agua potable no funciona bajo condiciones reales de competencia. Se trata de un monopolio natural: el usuario no puede elegir entre distintos prestadores y las inversiones necesarias en infraestructura suelen requerir horizontes de recuperación muy largos.

En ese contexto, el incentivo empresario suele concentrarse en garantizar rentabilidad mediante aumentos tarifarios más que en expandir servicios hacia zonas menos rentables. Solo basta con mirar la realidad.

A modo de ejemplo, dentro del sistema ferroviario del país, en el marco de un deteriorio generalizado, las peores líneas del servicio son aquellas que se encuentran en manos de capital privado, como ocurre con el Belgrano Norte bajo la tutela de Ferrovías. Unidades viejas, puertas que no cierran, gente que viaja colgada, trenes que quedan fuera de servicio en medio de hora pico, etc. Incluso hace pocos días se dio a conocer un nuevo recorte de horarios y unidades que afecta a centenas de miles de usuarios, junto con un aumento del boleto que no se justifica frente al estado en el que se encuentra a línea.

Esto último del ejemplo es un punto central de la discusión, en el cual una simple mirada hacia el pasado no tan distante refleja la verdadera intención de los privados y el desligue del Estado de sus empresas públicas. Con la excusa de reducir el aparato estatal y ahorrar divisas (que vaya a saber uno para que se van a usar ya que hablamos de un gobierno que no refaccionó ni 2 metros de vereda), se oferta su infraestructura al mejor peor postor, cuyo único interés fue y es sacar rédito de la misma, sin tener en cuenta a los usuarios.

El derecho al agua está contemplado dentro de uno de los anexos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, al cual adhiere la Argentina. Incluso en términos capitalistas se reconoce que este derecho es de mayor jerarquía que el derecho a la propiedad privada. Pero el mileísmo no entiende otra lógica que la del lucro, y para garantizar el atractivo de la privatización es que habilitó ilegalmente los cortes de agua. Para el mileísmo, nada que no derive en ganancias para los ricos merece existir.