La llamada Ley de inviolabilidad de la propiedad privada fue presentada por el gobierno de Milei el año pasado y lleva la marca de agua de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación Económica. Presenta modificaciones a cinco leyes ya existentes. Se trata de las leyes de Expropiaciones (Nº 21.499), Procedimiento de Desalojo (N° 17.454), Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (N° 27.453), el Sistema Federal de Manejo del Fuego (Nº 26.815) y, último, pero no menos importante, el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (Nº 26.737).

El gobierno presentó el proyecto en diciembre pasado, como parte de su agenda de reformas regresivas, luego de ganar las elecciones de medio término. Ingresó al Congreso en marzo del año en curso y, en su paso por las comisiones, perdió varios artículos para lograr un dictamen favorable de los aliados parlamentarios del mileísmo. El pasado 4 de junio, el oficialismo pospuso su tratamiento, cuando supo que no contaba con los votos necesarios para aprobar la iniciativa.

El proyecto es un buen exponente del «proyecto de país» del mileísmo tras la destrucción creativa que Sturzenegger acuña como doctrina. Busca borrar regulaciones económicas de la legislación, eliminando barreras a la libertad de las fuerzas elementales del capitalismo. Pero lo más llamativo es el contenido ideológico que lleva aparejado. No se trata de un simple recorte o ajuste en el sentido neoliberal. Su punto de partida es la idea de que la propiedad privada funciona como una forma de propiedad absoluta. No como una relación social, sino como una suerte de derecho natural y sagrado que no debe ser regulado, limitado ni cuestionado.

En concreto, las desregulaciones que plantea el proyecto buscan sepultar toda mediación y regulación de la propiedad del suelo, tanto urbano como rural. El fin económico inmediato es facilitar la especulación inmobiliaria y la concentración de tierra en manos de pocos terratenientes. Pero la selección de las leyes a modificar también apuntó a borrar de la legislación algunas conquistas propias del desarrollo argentino de las últimas décadas (caso de la propiedad inmobiliaria en los barrios populares).

¡ALERTA! Mientras millones esperamos el partido contra los ingleses, Milei prepara para mañana en el Senado la entrega de tierras y soberanía más grande que se haya visto a los capitalistas y empresas imperialistas, bajo el nombre de «Ley de inviolabilidad de la propiedad… pic.twitter.com/w4qBYbjUeG

— Juan Cruz Ramat (@juancruzramat) July 15, 2026

Las innovaciones sturzeneggerianas no son propias de la legislación de un país burgués normal, sino de una colonia o un parque de diversiones destinado a un puñado de grandes capitalistas. La idea es simple: mercantilización absoluta. Pero veamos el contenido del proyecto tema por tema.

Propiedad de la tierra

Milei ya había intentado derogar la Ley de Tierras Rurales en el famoso DNU 70/2023, luego judicializado por su carácter aberrantemente anti – constitucional. La ley sancionada en 2011 establece que los propietarios extranjeros (sean inversores privados, sociedades de capital privadas o personas físicas) no pueden poseer másde un 15% del total de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Sanciona que ninguna nacionalidad extranjera puede superar una proporción del 30% sobre ese 15% permitido y, además, pone un tope de 1.500 hectáreas para un mismo titular por zona núcleo.

El proyecto presentado en marzo eliminaba ambas restricciones. Lo que equivale básicamente a derogar la ley. Pero Sturzenegger prefirió agregar un nuevo artículo: establece la prohibición para sociedades de capital y organismos estatales extranjeros de adquirir tierras rurales, salvo con la autorización específica del Ejecutivo en casos en que se juzgue que la transacción no conlleva “un riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional”^[1].

No hace falta ser un analista demasiado agudo para darse cuenta de que el sentido del proyecto atenta contra toda idea de soberanía nacional. La modificación habilita la venta indiscriminada del territorio nacional al capital imperialista. Vender indiscriminadamente territorio es vender indiscriminadamente riquezas y recursos estratégicos. En el caso de las tierras destinadas al agro hay ejemplos claros. Al día de hoy, el Grupo Benetton posee más de 900.000 hectáreas en la Patagonia Argentina. Su propiedad es mayor en superficie que cualquier parque natural argentino. Es el mayor terrateniente del país. En sólo tres de sus estancias produce casi 400 toneladas anuales de lana. Tiene más de 100.000 cabezas de ganado ovino y 8.000 bovinos. También cultiva soja, maíz y girasol.

Y la venta irrestricta podría tener consecuencias todavía más graves en relación a las tierras con recursos minerales o fuentes de agua potable. El “programa” económico de Milei apunta a reprimarizar la economía argentina y posicionar al país como un exportador de materias primas en las ramas de hidrocarburos y minerales. A eso apuntan los privilegios para los grandes capitales contenidos en el RIGI y el Súper RIGI.

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada va más allá. No les ofrece simples exenciones impositivas, sino la posibilidad de poseer grandes fuentes de materias primas estratégicas, bajo un marco legislativo de salvaguarda de la propiedad privada como término absoluto. Significaría subir un escalón abrupto en la extranjerización de la tierra y los recursos del país. Actualmente, ya existen empresas extranjeras que operan grandes porciones de suelo, pero lo hacen generalmente bajo un régimen de concesiones, no bajo una relación de propiedad directa. Es el caso del grupo chino High Luck, dedicado a la extracción de petróleo y gas, que opera más de un millón de hectáreas concesionadas por propietarios privados en Salta. Es el prototipo de funcionamiento de las grandes corporaciones mineras que operan en el país. La empresa concesiona un territorio, lo vacía de recursos y extrae las ganancias hacia el exterior. La modificación de la Ley de Tierras le daría a estos sectores el control absoluto (propietario) de esos recursos, eliminando mediaciones.

Lo propio podría pasar en relación a otros sectores, como la exploración de tecnologías relacionadas al desarrollo de IA. Lo que se trasluce tras las relaciones carnales de Milei con grandes capitalistas del sector como Peter Thiel, es la idea de utilizar tierras argentinas para el establecimiento de data centers. Estas instalaciones requieren climas fríos y una abundante cantidad de agua potable para funcionar. La Patagonia argentina reúne ambas cualidades. La modificación de la Ley de Tierras abre la puerta para entregarle en bandeja pedazos de país a uno de los sectores más reaccionarios (y con delirios distópicos) de la burguesía internacional, que coquetea cotidianamente con el umbral de degradación y destrucción de lo humano.

Al igual que en los rubros de hidrocarburos y minerales, los proyectos de IA impulsados por Milei no conllevan un gramo de desarrollo tecnológico. Son netamente primarizadores: habilitan la extracción (e incluso la destrucción) indiscriminada de recursos críticos para el enriquecimiento de un puñado de mega – capitalistas. Santiago Bilinkis, un desarrollador del sector con una posición pro – IA lo describía hace pocos días como “la soja del mundo IA”.

Para tener una proporción, basta señalar que un estudio del CONICET estima que, actualmente, un 5% del territorio nacional pertenece a propietarios extranjeros. Son unos 13 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Inglaterra. En algunas zonas la proporción ya excede los límites por jurisdicción. “Casos críticos se registran en Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50%. También hay altos porcentajes en zonas estratégicas del río Paraná”. La nacionalidad con mayor cantidad de propiedades es la estadounidense (2,7 millones de hectáreas), seguida por Italia y España. Ya el límite actual habilita a que la Argentina venda tres Inglaterras de su territorio a propietarios extranjeros. ¿Cuántas Inglaterra desea venderle Milei? En esas proporciones, la desregulación de Sturzenegger plantea no sólo problemas económicos (el saqueo imperialista de los recursos) sino políticos y territoriales. Venderle pedazos de país al capital extranjero como si fueran caramelos, puede derivar en el cierre de pasos fronterizos, rutas, fuentes de agua potable, valuar o devaluar la propiedad inmobiliaria en ciudades enteras, destruir puestos de trabajo y entramados productivos específicos en el interior del país.

En este sentido, el proyecto reúne una matriz re – primarizadora de la economía, un componente netamente colonial (explorando el trayecto que va de la dependencia a la semi – colonia) y una concepción ideológica de la propiedad privada como forma absoluta. La misma es postulada como una relación social que se sitúa por encima de las demás, y escapa al control de la sociedad. ¿Qué tipo de Estado es uno que sanciona su propia desposesión? Milei y Sturzenegger no se preocupan por esta pregunta. Para ellos el principio de la propiedad capitalista no admite preguntas ni requiere justificaciones.

Expropiaciones

El proyecto plantea modificaciones al sistema de expropiaciones públicas sancionado en la Ley 21.499. En primer lugar, sanciona la necesidad de interminables justificaciones para establecer la “utilidad pública” y la “proporcionalidad” de la expropiación. Este punto, de por sí, está destinado a impedir toda expropiación. Por si no alcanza con eso, también establece que el Estado deberá pagar no sólo un resarcimiento sino tambien un monto por lucro cesante, es decir, las ganancias (imaginarias) que el propietario dejaría de percibir por la pérdida de la propiedad. A esto se suma una actualización por inflación y una tasa de interés “comercialmente razonable”. El Estado no podría tomar control de la propiedad hasta pagar el total de la indemnización.

Vale señalar que la ley actual es, de por sí, sumamente moderada. Establece la posibilidad de expropiaciones burguesas, una suerte de ventas forzadas por el Estado. Pero el proyecto mileísta transforma la expropiación en una operación de desposesión del Estado y enriquecimiento del ex – propietario. Una inversión concreta de los términos formales, por no decir una simple estafa. ¿Cómo puede el Estado ser propietario de un bien de producción del cual no puede disponer sino a condición de pagar el valor producido a la persona expropiada? En ese esquema, el expropiado es más propietario que el expropiador, en la medida que dispone más efectivamente del valor del bien.

La expropiación se convierte a lo sumo en una forma de control estatal. Bajando de las relaciones jurídicas a la economía, es impracticable en términos de racionalidad (conlleva una pérdida de valor para quien expropia) y significa la apertura de una vía libre a los negocios truchos y las estafas a costa de las arcas públicas. No contento con desalentar toda expropiación de privados, el gobierno establece las condiciones para negociados espúrios.

Desde la óptica sturzeneggeriana, completa el par de las privatizaciones neoliberales. En una se rifan bienes del Estado por migajas. En la otra se financia la ganancia privada casi a contramano de la relación jurídica, formal, de propiedad.

Barrios populares

Este apartado cayó en el tratamiento en comisiones del Senado para lograr un dictamen favorable de los bloques aliados al oficialismo. Pero vale la pena pasar nota del mismo para ver el espíritu contrarreformista del proyecto original. El pliego presentado en marzo establecía modificaciones en la Ley de Integración Socio Urbana que regula las tierras en las que existen los barrios populares. Dicha ley establece la suspensión de desalojos hasta 2032 y sancionaba la utilidad pública de dichas tierras, abriendo la puerta a su expropiación.

La categoría de barrios populares debe entenderse no tanto en relación a las condiciones de hábitat (asentamientos precarios, villas urbanas, hacinamiento habitacional, déficit de servicios públicos), sino en relación a su condición de existencia.

Los barrios populares del AMBA y el resto de los conglomerados urbanos del país nacen como respuesta social a la crisis habitacional estructural que azota el país desde hace por lo menos cinco décadas, cada vez más agudamente. El capitalismo argentino, en su matriz dependiente y de concentración de la tierra en pocas manos, pone a disposición de la población trabajadora menos viviendas de las que necesita. No es un problema de espacios ni existencias sino de precios, propiedad y falta de inversión estatal histórica. Proveer a la población trabajadora de viviendas asequibles no es un negocio que satisfaga los márgenes de ganancia deseados por los grandes especuladores inmobiliarios del país. Y la burguesía argentina es demasiado cipaya y parasitaria como para que su Estado solucione el problema por medio de la inversión estatal, la única vía practicable según la experiencia histórica.

Pero la estructura centralizada de la economía, de todas maneras, impuso un ordenamiento urbano de la población. La resultante histórica es la toma de posesión por parte de los sectores desposeídos de parte de las tierras ociosas ubicadas en torno a las grandes urbes. Los barrios populares nacen por regla general de las tomas, una ocupación extra jurídica de tierras ociosas que formalmente pertenecen al Estado o a propietarios privados. Eso es lo que al gobierno le molesta de los barrios poopulares, no la situación habitacional acuciante en la que persisten millones de trabajadores.

El texto original marcaba “la preocupante ineficiencia de la ley 27.453: Solo el 0,08% del suelo de los barrios del RENABAP [Registro Nacional de Barrios Populares] tiene título de propiedad privada”. Lo que expresa el intento de modificar la situación jurídica de los barrios populares es la búsqueda por derrotar una conquista social relativa: la iniciativa de miles de trabajadores empobrecidos de tomar de hecho algunos metros cuadrados de tierra para poder sobrevivir, aún en condiciones habitacionales críticas. El control de esas tierras por parte de la población no es un regalo del Estado argentino, sino un bien que fue defendido por sus habitantes durante décadas. En las villas porteñas, como en el caso del Barrio Cildáñez, los vecinos se enfrentaron con la represión de la última dictadura y resistieron ataques con topadores con las manos desnudas. Es una tradición silenciosa del acerbo social y organizativo de las capas más golpeadas de la clase trabajadora argentina. Más cerca en el tiempo, este fenómeno se expresó en la masiva toma de tierras en el barrio bonaerense de Guernica, que Kicillof sepultó con una represión salvaje en plena pandemia.

Como es su estilo habitual, el gobierno pretendía borrar jurídicamente el fenómeno sin resolver el problema de fondo. Desalojar los Barrios Populares del país significa desplazar de su vivienda a unos 5 millones de personas, arrojándolos a la calle sin más. Un proyecto inviable no sólo en términos humanos sino de organización demográfica, urbana y económica. No extraña que el oficialismo haya tenido que dejar caer este apartado para lograr el consenso del resto del arco político. El establishment burgués tradicional tiene mucho más regulado el termómetro social que el mileísmo salvaje. Desalojar a 5 millones de personas (el 10% de la población) es abrir el grifo para una crisis social ingobernable en los grandes centros urbanos. Una idea cabalmente propia de la mente de Sturzenegger: eliminar las condiciones de existencia del ordenamiento económico – poblacional del país sin ningún plan alternativo. De nuevo, la propiedad privada aparece absoluta; como por encima de las determinaciones sociales, incluso de la mera voluntad de la burguesía por establecer condiciones razonables de gobernabilidad.

Desalojos y especulación inmobiliaria

El proyecto presentado en marzo también establecía cambios en el Código Procesal Civil y Comercial, el Código Civil y Comercial y la Ley de Propiedad Inmueble. El centro de las modificaciones era facilitar los procesos de desalojo de propiedad inmobiliarias. Para eso traspasaba los procesos al trámite sumarísimo (el más rápido del Código Procesal) y facilitaba la habilitación para iniciar demandas de desalojo únicamente con declaración jurada de propiedad. Además, reducía de 10 a 3 días el plazo de notificación necesaria previa al desalojo. Este capítulo del proyecto completa notoriamente el relativo al RENABAP. Luego de desalojar los complejos habitacionales irregulares se somete a la población a la dictadura sagrada de los especuladores inmobiliarios.

Fuego

La legislación en vigencia establece un plazo de 60 años de prohibición al cambio de uso (cultivos, explotaciones de materias primas), loteo y venta de terrenos incendiados en áreas de bosque nativo y zonas protegidas, así como en tierras de uso rural. El proyecto presentado en marzo eliminaba la restricción en todos los casos, dejando una regulación parcial únicamente para el cambio de uso de hectáreas de bosque nativo incendiado.

En su paso por las comisiones del Senado se eliminaron los cambios para zonas de bosque nativo (permanece la prohibición durante un plazo de 60 años) y en el caso de tierras rurales la prohibición baja de 60 a 30 años. Este capítulo de la ley es una invitación abierta a la destrucción del medio ambiente. Va en consonancia con la especulación inmobiliaria rural en el interior del país, pero también con la invitación al extractivismo exacerbado y la extranjerización de la propiedad rural que repasamos en los apartados anteriores.

La extrema derecha y la propiedad privada como forma absoluta

La Ley de inviolabilidad de la propiedad privada de Sturzenegger ilustra perfectamente la matriz ideológica de la extrema derecha mileísta. El proyecto no es sólo un trámite legislativo destinado a facilitar los negocios de determinados sectores de la burguesía local y multinacional (inmobiliarios, agroexportadores, extractivistas y petroleras). También entraña una marcada operación ideológica, propia de las formaciones extremo derechistas contemporáneas.

Busca instalar la idea de que la propiedad privada es una relación que va más allá del Estado y del interés público de la sociedad en general. Sturzenegger defiende la propiedad privada en abstracción de la realidad, como principio fundante del resto de las relaciones y determinaciones de la sociedad. En el planteo mileísta, la propiedad privada no es buena ni mala, es incuestionable. Por eso el proyecto plantea posiciones de principio, absolutas, sin atender las proporciones concretas que provienen de la realidad social. No importa si para defender la propiedad privada como absoluto se toman medidas que hacen colapsar la estructura productiva o convierten al país en una colonia inviable. La propiedad privada aparece como un fetiche ante el cual la sociedad simplemente puede postrarse.

Esto nos reenvía a dos puntos: las particularidades de la propiedad privada capitalista en términos históricos y las características ideológicas de la extrema derecha contemporánea.

Roberto Sáenz señala en el capítulo 6 de El marxismo y la transición socialista que “la forma específica de la propiedad privada capitalista […] es una forma de propiedad económica, forma absoluta de propiedad, consagrada jurídicamente, que no pasa por mediaciones políticas ni mediaciones de representación social. Como forma absoluta de la propiedad, el propietario, la persona que posee el título de propiedad sobre el bien, es su dueño incuestionable […]. La propiedad privada capitalista […] se ha despojado de toda forma política. Es una relación del orden del derecho civil y, por lo tanto, del orden privado y no público, cuyo camino inverso es, en la transición socialista, el pasaje por una forma política de propiedad, camino a la abolición de toda forma de propiedad” (p. 302-304).

De esta manera, la propiedad privada capitalista aparece como absoluta por su carácter inmediato, por ser una forma económica pura. Es una relación que no se basa primariamente en una relación de orden político (la dominación), sino en una relacion del orden económico – social (una relación entre privados) que el ámbito jurídico se limita a sancionar para ser defendida por la fuerza del Estado. Como relación entre privados, la propiedad privada capitalista se funda en la relación de explotación entre los propietarios y los asalariados, los desposeídos de la sociedad burguesa moderna. Si el derecho burgués la sanciona y refrenda jurídicamente, no es sólo para administrarla mejor, sino también para defenderla de posibles cuestionamientos, de intentos de subvertir la relación de explotación que la funda.

Ese es el sentido ideológico del proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada de Milei. Las desregulaciones introducidas por Sturzenegger están dirigidas simplemente a eliminar las restricciones existentes en la legislación argentina a esta forma de propiedad absoluta.

Pero ¿a qué responde la existencia de esas impurezas jurídicas de la forma absoluta que le dan urticaria al mileísmo? Por un lado, a una larga y riquísima historia de lucha de clases en la Argentina. Los intereses puros del lucro privado capitalista se contaminan cuando se enfrentan a resistencias y a relaciones de fuerza que no logran vencer. Algunas de las leyes de protección del medio ambiente, por ejemplo, son fruto del momento político que marcó al país después del 2001.

Pero hay otras de las leyes que quiere derogar el mileísmo con la Ley de Tierras que fueron aprobadas incluso bajo dictaduras militares, como la de expropiaciones. Milei se empeña en no entender hasta lo que los regímenes más extremos de la derecha argentina entendían: el capitalismo es más que la forma de la propiedad privada. La burguesía, para existir, necesita que se gestionen sus «negocios comunes». La sociedad de la explotación capitalista no existe solamente con propiedad capitalista: necesita del Estado para asegurar sus condiciones generales de explotación. Las expropiaciones en manos del Estado capitalista, por ejemplo, pueden darse cuando es demasiado riesgoso dejar en manos de un burgués particular algo de lo que depende toda la clase capitalista. Fue así con la primera ley de expropiaciones para garantizar la obra pública, bajo Mitre, fue así con el peronismo con su ley de 1948 y también con la dictadura con su ley de 1977. Milei, con el dogma de la propiedad capitalista, socava a las condiciones necesarias de existencia de la propiedad capitalista.

Respecto a las leyes conquistadas desde abajo, la clase trabajadora y las masas argentinas transitaron un largo siglo de luchas sociales, sindicales y políticas con gestas históricas. Las mil y una impurezas de la legislación que Sturzenegger y Milei buscan eliminar (la famosa hojarasca) responden a cada una de esas luchas, y por eso buscan borrarlas del escenario. En última instancia, la subversión de los límites y regulaciones existentes remiten al intento de imponer una derrota histórica a los trabajadores del país al destruir sus condiciones de existencia.

Esto no significa que la Argentina sea más o menos capitalista que otros países con otras legislaciones. A lo que refiere es al desarrollo social específico del país, a cómo la lucha de clases moldea el ámbito jurídico, deja rastros en él. La burguesía argentina no es menos despiadada ni sanguinaria que otras burguesías. Nunca en su historia gustó ceder porciones de tierra a los trabajadores sin techo, retrasar desalojos, ponerle coto a la ambición de los grandes capitales imperialistas o cuidar el medio ambiente en desmedro del lucro rápido. Si existen límites y regulaciones, por insuficientes que sean, es como conquista de los trabajadores y las masas.

Al mismo tiempo, es evidente (lo ha mostrado la historia) que un capitalismo sin límites es difícil de gobernar. Por eso los gobiernos y regímenes políticos burgueses han aprendido a regular y limitar, en determinadas coordenadas, la libre operación de las fuerzas elementales del capitalismo. La aparición de la nueva extrema derecha actualiza este problema en la medida que intenta cuestionar todos los límites, consensos y concesiones de las últimas décadas. Este rasgo peligroso de la extrema derecha preocupa incluso a algunos sectores de la burguesía, que se preguntan si llevar las contrarreformas demasiado lejos podría desencadenar más caos y resistencia de los que pueden controlar.

En los últimos días tomó relevancia la emisión de críticas al proyecto oficialista por parte de la Iglesia Católica argentina. El mensaje de la curia va en línea con la orientación de León XIV en el último tiempo. Las críticas a la desmesura mileísta replican las críticas a la desmesura trumpista en la arena internacional. Y, una vez más, no se trata de planteos animados por sensibilidades humanistas. La Iglesia Católica es el “partido político” más longevo del planeta. Si algo sabe es tomar la temperatura de la situación para delimitar siempre la vía de sostenimiento del status quo. Por regla general, cuando la Iglesia chilla por la situación social es porque huelen peligro, inestabilidad. Y no hace falta tener un olfato muy agudo para oler el caos que entraña el combo Milei – Sturzenegger.

En este caso, la Iglesia aparece como vocera de un sector burgués que mantiene reservas respecto a la idoneidad del proyecto mileísta para la Argentina. “Este sector de la burguesía opina que pueden torcerse las relaciones de fuerza, derrotar históricamente a la clase obrera, sin afectar el modelo de acumulación capitalista imperante. El gobierno parece apostar a algo más profundo: para derrotar a la clase obrera pretende quitarle su base material y geográfica”.

Resulta casi pintoresco que una institución religiosa pre – moderna como la Iglesia Católica sea la vocera de la moderación, quien le pide un poco de racionalidad a la extrema derecha. La fuerza que luchó descarnadamente por impedir la secularización de la sociedad es la que intenta ponerle límites a la desmesura y la irracionalidad de la nueva derecha. En todo caso, ilustra la desproporción de la matriz ideológica ultra capitalista de Milei. La defensa de la propiedad privada como forma absoluta y el intento de purificar la legislación argentina en ese sentido entrañan también cierto componente de irracionalidad. En el papel, Sturzenegger puede redactar todas las desregulaciones que desee, haciendo abstracción del cuerpo social sobre el que actúa. Pero la realidad suele ser más compleja.

Los problemas resultantes son dos. En primer lugar: la sociedad persiste aún si el mileísmo finje demencia ante los límties que encuentra a su paso. El tímido esquilme que realizaron los aliados parlamentarios sobre los artículos más polémicos del proyecto responden a este elemento. Hay cosas que pueden sancionarse en el Parlamento, pero tienen pocas chances de pasar la prueba de la realidad. Por ejemplo, la idea de echar a la calle a 5 millones de habitantes de los barrios populares.

El otro elemento es la pregunta por el proyecto de país que delinea el proyecto económico y político mileísta. ¿Qué país se construye bajo el reino de la propiedad privada absoluta? En principio, la imagen que postula la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada tiene hasta pocos caracteres propios de un país como tal. Extranjerización de la tierra, estallido de la crisis habitacional crónica, depredación de las reservas naturales y del medio ambiente. La idea está a medio camino entre la colonia y los idearios distópicos del siglo XXI al estilo Peter Thiel.

^[1] Este discreto agregado de Sturzenegger parece apuntar directamente a China. Hoy en día, firmas extractivistas chinas se ubican como algunos de los principales posesores de tierras rurales en la Argentina, pero no propietarios. Por citar un ejemplo, la principal extractivista china en la Argentina opera sobre más de un millón de hectáreas (concesionadas para su uso por privados), bastante por encima de la cantidad de hectáreas que maneja el primer propietario del país (Benneton). Obviamente, la limitación a los Estados completa la desregulación para los empresarios en el paradigma mental de Sturzenegger y Milei. Por lo demás, cada vez más frecuentemente se cuela la cuestión China en órden de la gestión económica cotidiana. Milei (y el ejército de ineptos que cumplen funciones como parte de su gestión) tiene un problema. Está alineado geopolíticamente con Trump, pero su política económica (aduanas abiertas y re-primarización) le abre mucho espacio de juego a los capitales chinos en el país. El tema ya tuvo réplicas en el caso de la licitación de la Hidrovía Paraná.