El proyecto de Inocencia Fiscal 2, que obtuvo media sanción en Diputados, elimina los topes para poder blanquear ingresos en negro sin multas, que hasta ahora eran de 10 mil millones de pesos. Esta media sanción viene al día siguiente de que el gobierno intentar resolver el asunto de la crisis de endeudamiento familiar permitiendo que las billeteras virtuales ingresen a las cuentas bancarias de los trabajadores. Absolutamente todo lo que hace Milei es contra los trabajadores, absolutamente todo lo que hace es para beneficiar a los ricos.

Si hay alguien que se ve beneficiado con el proyecto de “Ley de Inocencia Fiscal”, ese alguien tiene mucha plata, y muy probablemente sea también un estafador o un narco. El gobierno de Milei, a través de ARCA, acaba de reglamentar esa norma.

La modificación central consiste en eliminar los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al régimen simplificado. Hasta ahora, quienes superaban determinados montos —$1.000 millones de ingresos anuales o $10.000 millones de patrimonio declarado— quedaban excluidos. El nuevo proyecto elimina esas barreras generales y amplía el universo de empresarios que pueden blanquear sus fortunas sin tener que justificar su origen.

No se trata simplemente de facilitar un trámite administrativo. La eliminación de los topes permite que sectores con ingresos y patrimonios mucho más elevados accedan a un régimen con garantías específicas frente al fisco, entre ellas mecanismos de presunción sobre la corrección de lo declarado y limitaciones respecto de determinadas revisiones y fiscalizaciones.

La dirección de la reforma es difícil de separar del resto del programa oficial. Mientras el Gobierno sostiene un ajuste que recae sobre trabajadores, jubilados y sectores populares, busca eliminar las barreras de ingresos y patrimonio para ampliar el acceso a un régimen especial de garantías fiscales. La misma administración que reclama sacrificios permanentes para la mayoría de la población propone ampliar esas protecciones a los patrimonios que antes quedaban excluidos precisamente por la magnitud de sus ingresos o de su patrimonio.

Esa amplitud generó, además, un problema político para el propio Gobierno. Durante la discusión del proyecto quedó planteada la posibilidad de que funcionarios y exfuncionarios de alta responsabilidad accedieran a las garantías especiales previstas por el régimen, una polémica que tomó relevancia en torno al antecedente que involucró a Manuel Adorni.

La nueva versión introdujo una diferenciación: esos funcionarios y exfuncionarios podrán adherir al régimen simplificado, pero quedarán excluidos de algunas de sus protecciones especiales. El oficialismo no eliminó su posibilidad de ingresar, sino que tuvo que limitar las garantías que podían recibir para reducir las objeciones y asegurar algunos votos.

La modificación vuelve a mostrar la combinación que atraviesa toda la ofensiva actual. El Gobierno conserva la orientación central de la reforma —ampliar el acceso eliminando los topes de ingresos y patrimonio—, pero debe corregir partes de sus propios proyectos para hacerlos políticamente viables.