Mediante el decreto 727/2024 publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el gobierno disolvió la Unidad Especial de Investigación (UEI) destinada a la búsqueda de nietos apropiados durante la última dictadura militar.
Esta norma derogó el decreto 715 del 9 de junio de 2004, mediante el cual se creaba esta unidad especial, cuya función consistía en reforzar la labor de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). Funciona dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fue creado en 1992 y sus alcances, objetivos y facultades fueron ratificados en 2001 por la Ley 25.457.
La CoNaDI es la comisión responsable de garantizar el cumplimiento de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, en lo referente al derecho a la identidad. En este caso, de los nietos apropiados. Con el fin de sistematizar sus funciones es que se creó la UEI, que tenía la función de impulsar la búsqueda de niños y niñas desaparecidos por la última dictadura militar, teniendo la potestad de rastrear pruebas en los diferentes estamentos del Estado. Esa es la unidad que acaba de derogar el gobierno de Milei.
Con esto se le quitó la potestad a la CoNaDI de realizar investigaciones por fuera del Poder Judicial y de poder acceder a los archivos del Estado. Es decir que ya no tendrá las funciones gracias a las cuales se logró la restitución de la identidad de muchos niños y niñas que habían sido secuestrados por los genocidas. Este ataque ya venía siendo advertido y denunciado por las Abuelas de Plaza de Mayo, que habían lanzado semanas atrás una campaña para que no se cerrara esa unidad.
En ese entonces sostenían las Abuelas que: «La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado. Como auxiliar de la Justicia, la Unidad evita la citación en sede judicial de hombres y mujeres –incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad–, así como también prevé la confidencialidad absoluta de estos procesos. Nunca, en estos 32 años de existencia de la Conadi, se filtró información acerca de alguna de las personas investigadas”.
La justificación del gobierno para el cierre de la UEI es que «esta Unidad del Poder Ejecutivo violentaba el régimen constitucional de división de poderes porque llevaba a cabo funciones propias del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo».
Esto fue refutado en un comunicado publicado por las Abuelas de Plaza de Mayo, que siguen buscando a sus nietos apropiados: «Es falso que la labor de la UEI se superponga con la del Poder Judicial, ya que durante todos estos años han trabajado de manera mancomunada y complementaria para dar celeridad a esta búsqueda que lleva más de 40 años. El propio Poder Judicial, lejos de ver una intromisión en su tarea, reconoce el aporte de estas herramientas, construidas como políticas públicas de la democracia. Como otros organismos del Estado, la UEI fue creada para auxiliar a la Justicia, con el objeto de hacer más eficaz y ágil su trabajo, tal cual sucede con la Oficina Anticorrupción y la CONADEP, sendas dependencias del Poder Ejecutivo con atribuciones de investigación, que no reemplazan ni ejercen funciones judiciales.»
Este brutal ataque del gobierno nacional al derecho a la identidad de los de nietos apropiados es parte de la búsqueda de impunidad para los represores de la última dictadura. Las reiteradas declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel buscando victimizar a los genocidas presos, la visita de seis diputados de La Libertad Avanza a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, el proyecto que impulsado por sectores vinculados a la vicepresidenta para pedir un indulto, los discursos negacionistas de funcionarios y diputados de LLA y el vaciamiento con despidos de los trabajadores de los espacios de la memoria son ejemplos de la política reaccionaria y de derecha de este gobierno, funcional a la impunidad para los genocidas.
Pero esta política tiene además otro objetivo de fondo: intentar relegitimar a las Fuerzas Armadas para que vuelvan a tener un rol de represión interna. El gobierno sabe perfectamente que su plan de ajuste y destrucción de los derechos de los trabajadores no va a pasar sin resistencia, por eso necesita la impunidad de los genocidas de ayer como mensaje.
De ahí que el ministro de Defensa Luis Petri y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, hayan enviado al Congreso de la Nación el proyecto de ley con el fin de modificar la Ley de Seguridad Interna. Según reconoció el vocero Adorni, el proyecto «propone que las Fuerzas Armadas trabajen de forma coordinada con las Fuerzas de Seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas y, por supuesto, por tiempo limitado y que puedan detener en flagrancia».
Es decir, que las fuerzas armadas puedan salir a las calles y detener sin control alguno. Muy peligroso por parte de un gobierno que impide las manifestaciones en las calles con la ley antipiquetes y que, cuando fue el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso, detuvo personas bajo la acusación genérica de «terroristas».
