Hace unas semanas, trascendió la noticia sobre el hallazgo de un campo de exterminio perteneciente a grupos del narcotráfico en Jalisco, México. Lo anterior fue producto de la denuncia de grupos organizados de personas buscadoras de desaparecidos, en particular de “Guerreros buscadores de Jalisco”.

El lugar de exterminio es la Hacienda Izaguirre, ubicada en la comunidad de la Estanzuela. En el sitio encontraron más de 500 cuerpos, tres crematorios subterráneos y 200 zapatos apilados. 

La Hacienda Izaguirre era, además, un centro de entrenamiento en tortura y asesinatos. Las personas eran reclutadas por los carteles del narcotráfico a través de anuncios falsos de empleo. 

Las operaciones del lugar no eran un secreto para las autoridades del estado, pues en septiembre del año pasado hicieron una visita a la zona y encontraron armas, un cadáver y rescataron a dos personas. Según otros señalamientos, es posible que existan más campos de exterminio en otros estados del país.

Este lugar pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más violentos y que está relacionado con el incremento de homicidios, desapariciones y fosas en los lugares dónde opera. Este cártel también se vincula con otras actividades, como la trata de personas, la tala ilegal, las extorsiones y el tráfico de fentanilo; además, se le relaciona con el uso de drones explosivos y es uno de los carteles con mayor instalación internacional.

Este caso, sin duda, da cuenta de la barbarie que impone el narcotráfico en México: se presume que en este país existen unas 2.710 fosas comunes clandestinas y hay 125.890 personas desaparecidas y no localizadas. En el país norteaméricano, el narcotráfico impone el lodo, la sangre y las muertes en sectores empobrecidos. 

Toda la violencia tiene una clara diagonal con la clase social: son los sectores explotados y oprimidos quienes sufren la violencia del narco y sobreviven día a día, mientras se benefician los sectores de la burguesía que, en el pasado, normalizaron el enriquecimiento por la vía del narcotráfico y la  “guerra contra las drogas” (que también deja enormes réditos a los narcotraficantes estadounidenses).

Breve reseña de la narco-violencia en México

Para hablar de la violencia en México es necesario remitirnos a la segunda mitad del siglo XX, cuando las instancias policiales y las gubernamentales miraban al crimen organizado como una herramienta para el enriquecimiento personal y para las operaciones contra los opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI, que gobernó el país desde 1929 hasta el 2000).

La burguesía mexicana, ya en el marco del auge neoliberal durante las décadas de los 80 y 90, instaló el discurso de la “teoría del derrame”: dónde se diera el enriquecimiento de los empresarios, automáticamente se produciría una mejoría económica para el resto de la población. Como es bien sabido, al final el enriquecimiento de la burguesía no generó progreso alguno; por el contrario, trajo un baño de sangre para amplios sectores de la clase trabajadora mexicana. 

Asimismo, durante la primera década de este siglo, entraron a jugar dos elementos importantes que potenciaron esta dinámica del capitalismo mexicano; nos referimos a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la guerra contra el narcotráfico impulsada por los Estados Unidos, la cual comenzó a repercutir en la región. 

Lo anterior incrementó, por un lado, el transporte de mercancías por tierra entre México y Estados Unidos (por el TLCAN) y la fragmentación de los cárteles colombianos por la guerra contra las drogas. Así, México se convirtió en un paso obligado para el tráfico de drogas. Además, el incremento del consumo de sustancias psicoactivas impulsó la producción de opioides, marihuana y drogas sintéticas.

Entre el 2006 y el 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón, la violencia vinculada a estas organizaciones criminales aumentó considerablemente. La violencia vino de la mano de la descomposición social; además, se criminalizó la pobreza y quienes protestaban contra la precaria situación económica, como denota esta cita extraída de un artículo de 2009: “Grupos literalmente hambrientos asaltan los trenes en busca de granos de maíz, en las calles de las ciudades las multitudes andan en pos del empleo o en pos de que las mafias que controlan el comercio marginal les den entrada, y el gobierno de Nuevo León acusó a quienes protestan por la situación económica y la presencia del Ejército en las calles de «pagados por el narcotráfico”.

Además, en ese momento los cárteles del narcotráfico contaban con sus propios ejércitos: grupos como Los Zetas, Kaibiles y la Mara Salvatrucha, conformados por ex-militares mexicanos, salvadoreños o guatemaltecos. También, comenzaron a contar con grupos de espionaje e inteligencia y le compraban armamento a los Estados Unidos y comenzaron a disputar el control territorial, principalmente cerca de la frontera. 

La cuestión del narcotráfico en México se puede comprender como una expresión de los intereses de la lumpenburguesía por enriquecerse. En ese camino buscó normalizar los acuerdos y la existencia del crimen organizado como “un mal necesario” en la sociedad, mientras son los sectores más empobrecidos quienes padecen la violencia y sufren las desapariciones. Por otro lado, se puede vincular como el resultado de las políticas imperialistas yankees, en tanto la guerra contra las drogas como el TLCAN impulsaron la violencia en el país.

Lo que nadie habla: el vínculo del imperialismo yankee con el narcotráfico

La parte del narcotráfico sobre la cual la información escasea es sobre el rol que tienen los grupos criminales estadounidenses en el tráfico de drogas. Por lo general, cuando se habla de los Estados Unidos, sólo se referencia el consumo interno y la guerra contra las drogas, pero hay poca información sobre las organizaciones criminales locales. De esa manera, se evita hablar de la complicidad de ese gobierno con el narco.

En el siglo pasado, por ejemplo, a través de la CIA, el gobierno estadounidense apoyó a los Contra en Nicaragua en los años ochenta, como parte del plan para derrotar a la revolución nicaragüense de 1979. Dicho soporte no vino sólo de enviarles armamento, también impulsaron la venta de crack en Los Ángeles en los barrios de personas afrodescendientes. Dicho comercio se abrió a través del negocio del empresario nicaragüense, Danilo Blandon, quién se encargaba de generar ingresos a la Contra a través de la venta de drogas.

Por otro lado, el dictador Noriega en Panamá, que durante muchos años fue un aliado de Estados Unidos en la región, tuvo vínculos con la CIA y con el cártel de Medellín de Pablo Escobar. 

Dicha complicidad se da en la misma Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés). Esta instancia se ha visto envuelta en diversos casos de vínculos con el narcotráfico, entre ellos, por ejemplo, la destitución del jefe de la agencia en México en el 2022 por pasar las vacaciones con abogados del narcotráfico en Miami. Además, altos funcionarios de la DEA, el FBI y la CIA mantuvieron vínculos con Genaro García Luna, ex-secretario de seguridad mexicano durante el gobierno de Calderón, a quién se le encontraron vínculos con el cártel de Sinaloa. 

Lo anterior demuestra que, en diversas ocasiones, los Estados Unidos financiaron a grupos del narcotráfico. Es algo que ocurre a la “sombra” de la guerra contra las drogas y se reclutan policías para los descargos de cocaína. 

Por otra parte, resulta curioso que en los Estados Unidos hay organizaciones que se dedican al tráfico y la distribución de drogas en todo el país, sin embargo, de sus dimensiones, sus “capos” o su relación respecto al narcotráfico mexicano (o colombiano) poco o nada se sabe. Así, el narco y su violencia es presentado como algo que viene de afuera de la sociedad estadounidense; una narrativa que sirve para alimentar prejuicios contra los migrantes latinos, tal como hace Trump actualmente. 

La forma de trabajar entre ambas partes se puede resumir de la siguiente manera: los grupos estadounidenses le compran los cargamentos a granel a “representantes” de los cárteles, luego se genera una compleja red de tráfico hasta llegar a los pequeños consumidores estadounidenses. Se podría decir que una de las diferencias entre las organizaciones estadounidenses y las mexicanas pasa por la forma de dominio territorial; mientras en las primeras pareciera pasar por tejidos comerciales, en el caso de los segundos sus organizaciones disputan territorios dentro del Estado. 

Otro elemento “curioso” a este respecto, es que durante el pasado gobierno de López Obrador y la actual administración de Sheinbaum, se registraron 2.600 detenciones de estadounidenses en México por tráfico de drogas, una cifra que se multiplicó por seis respecto a otros gobiernos.

Si bien es presumible las cuantiosas ganancias e intereses que pueden tener las organizaciones criminales estadounidenses, su participación en la actividades ilícitas cuenta con un fuerte blindaje, lo cual denota un encubrimiento por parte de las mismas instancias que el gobierno creó para “perseguir” las organizaciones criminales latinoamericanas. 

Uno de los sectores de la economía estadounidense que está muy relacionada con el crimen organizado es la industria armamentista, que, en distintas ocasiones, se ha visto en escándalos por suministrar armas a estos grupos (no sólo en México, las pandillas en Haití también tienen armas que proceden de los Estados Unidos, por ejemplo). 

Las armas del narcotráfico en México provienen de Arizona, Texas y Florida; en la última década, el porcentaje de armas ilegales que entran al país provenientes de los Estados Unidos ascendió al 74%.

A este respecto, el gobierno mexicano presentó una denuncia en el 2021 a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual podría avanzar a los tribunales federales. En esta se denuncia a siete grandes fabricantes de armas estadounidenses, por lo cual cuenta con la férrea oposición de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), amparándose en la excusa de que México quiere “quitarle” a los estadounidenses su “derecho a las armas”.

Muchas de las empresas denunciadas por México cuentan con protecciones legales. Además, muchos de los accionistas, como Smith & Wesson, en la cuál figura como inversionista el gigante Black Rock, tienen vínculos con empresas que desarrollan armamentos para el ejército, como aviones, tanques, submarinos nucleares, misiles y sistemas de defensa.

De tal forma, al hablar del narcotráfico en México, no sólo se debe referenciar a los sectores lumpen-burgueses vinculados a la actividad criminal. También, se debe señalar a los grupos criminales estadounidenses que operan bajo el cobijo de las autoridades de ese país, así como a la gigante industria armamentista que ve en el narcotráfico, los cárteles y las pandillas, la posibilidad de “hacer negocios”… a costa de las vidas de miles de personas.

De Trump a Sheinbaum: la “nueva guerra contra el narco”

Además de la situación migratoria, el narcotráfico es uno de los elementos que marca la relación entre México y Estados Unidos. Agudizar la guerra contra el narcotráfico fue una de las exigencias de Trump para posponer la implementación de los aranceles a México.

Con la excusa de “exterminar” las organizaciones del crimen organizado y paliar la crisis del consumo de fentanilo en Estados Unidos, la Casa Blanca presiona al gobierno mexicano para que extradite a los líderes del crimen organizado. Se contabilizan 29 personas extraditadas desde la exigencia de Trump el año pasado.

En la reciente visita de la Secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, se le entregó a la presidenta Shienbaum una lista para nuevas detenciones de líderes de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y otros. Sin embargo, la imposición de un viraje más “agresivo” contra los grupos criminales hace correr más sangre, en tanto hay disputas y enfrentamientos al interior de los cárteles cuando se aprisiona un líder para extraditarlos. Por ejemplo, sólo la captura y extradición de Ismael “El Mayo” Zambada, del cártel de Sinaloa, desató el fuego cruzado un baño de sangre en las calles de Culiacán.

Los intercambios entre Sheinbaum y Trump no han estado exentos de cruces de palabras. Frente a las presiones del presidente estadounidense para que México controle más la frontera donde opera el crimen organizado, la mexicana terminó señalando la responsabilidad de la potencia norteamericana, ya que, según señaló, algunas de estas organizaciones tienen acceso al armamento que usa el ejército estadounidense.

Frente al fracaso de la “guerra contra las drogas”, la salida es por abajo y anticapitalista

Desde que Estados Unidos inició la llamada guerra contra las drogas, lo único que ha evidenciado es su rotundo fracaso. Esta política sólo da como resultado que corran ríos de sangre en Centroamérica y en México. 

Lo anterior da cuenta de que un problema social y económico no puede resolverse con punitivismo, menos cuando el narcotráfico tiene un carácter estructural en el capitalismo dependiente de México y se articula con actores o intereses estadounidenses.

Por ello, la salida se encuentra en la organización desde abajo contra el narcotráfico. En México existen algunas experiencias de grupos de autodefensa contra el crimen organizado. En Michoacán, por ejemplo, aparecieron grupos de ese tipo en 2013, durante el gobierno de Peña Nieto. Son grupos de civiles confirmados por agricultores y comerciantes. En el mismo estado de Michoacán, en la comunidad indígena de San Ángel Zurumucapio, el año pasado las personas se levantaron en armas contra los grupos del narco.

Así, frente a la barbarie y los ríos de sangre que la burguesía mexicana y el imperialismo yankee le impone a los sectores explotados y oprimidos en México, tanto la clase trabajadora, la juventud, las mujeres, las personas indígenas y migrantes, la salida está por organizar la autodefensa contra estos grupos criminales y construir una alternativa anticapitalista y antiimperialista en México.