El pasado viernes 24 de junio, unas 2.000 personas intentaron cruzar la valla de Melilla. Es el primer salto después del nuevo acuerdo de relaciones entre España y Marruecos, tras el reconocimiento por parte del Gobierno español de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

La policía fronteriza de Marruecos y España les recibió con gases lacrimógenos, balas de goma y ya en el suelo, porras. El resultado: al menos 37 muertos, según cifras de la ONG Caminando Fronteras, y 133 heridos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), calificó de “violento asalto contra la integridad territorial de España” y lo valoró como “bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto de España como de Marruecos”. Además, se solidarizó con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, felicitándoles por su trabajo.

Unas horas después, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), afirmó en Twitter estar “muy impactada con las imágenes”. Pidió “aclarar ya” lo sucedido y aseguró que siempre apostará por una “política migratoria respetuosa con los DDHH”. Convendría recordarle que la política migratoria DE SU GOBIERNO son justamente las imágenes que tanto le impactan.

El gobierno español (supuestamente el más progresista de la historia) y la Unión Europea, junto con el accionar de la policía española y marroquí, avalan y hacen efectivas las políticas racistas de la Europa fortaleza. Además, como si de refugiados de primera y de segunda categoría se tratase, acogen con los brazos abiertos a personas desplazadas por la guerra en Ucrania y asesinan a los migrantes africanos.