Mechi Cantero: la precarizacion laboral mata

Luego de más de dos años de lucha de la familia y amigos de Mechi, la causa -caratulada como homicidio culposo- fue elevada a juicio oral y se convocaron las audiencias para los días 8, 9 y 10 de junio contra algunos de los implicados en la muerte del joven trabajador tercerizado de la papelera SEIN. Al momento de escribir esta nota, la familia informa que el juzgado ha decidido suspenderlo debido a la pandemia.

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Brian “Mechi” Cantero era un joven de 23 años que, como la inmensa mayoría de la juventud, trabajaba de forma precarizada por pocos meses en cada trabajo para ayudar a su familia y terminar sus estudios. Después de pasar por distintos lugares, siempre de manera eventual, recayó en la papelera SEIN, ubicada en el partido de Berazategui. Fue ahí que lo mandaron a engrasar una máquina en funcionamiento y sin ningún protocolo de seguridad. Fue succionado por la misma, produciéndole la muerte en el acto en octubre de 2018.

Este asesinato laboral fue el desencadenante de una dura lucha por parte de la familia de Mechi y sus amigos. La primera en darle la espalda fue la burocracia papelera. Según denunció Elvira, madre de Mechi, el secretario general del Sindicato Papelero, Rubén Rico, le planteó que no se podían tomar acciones que molestaran a la patronal, porque corrían el riesgo de que decidieran cerrar y llevarse la fábrica a otro país. La misma cantinela de siempre por parte de quienes deberían luchar por la seguridad y condiciones dignas de trabajo para todos los trabajadores.

Fue gracias a la incansable pelea de la comisión “Justicia X Mechi” que hoy estamos ante el logro de llevar a la justicia a algunos de los implicados en su muerte. Los imputados en la causa son Juan Carlos Españon, Antonio Alberto López y Alejandro Planera, calificados como responsables directos. Mientras tanto, los hermanos Mario y Pablo Espósito, dueños de la papelera SEIN, siguen sin ser juzgados, dirigiendo con total impunidad la fábrica donde hace pocas semanas atrás una maquina se incendió por “desperfectos técnicos”, poniendo nuevamente en riesgo la vida de varios trabajadores. Tampoco estará en el banquillo de los acusados Ramón Fuentes, tercerizador de Mechi y de cientos de jóvenes de la zona, un reclutador sin escrúpulos que se aprovecha de la necesidad de los jóvenes de los barrios populares y los lleva a trabajar sin ningún derecho y protección a su salud, por dos pesos y sin ningún horizonte de estabilidad laboral. Pero ni la familia, ni los amigos de Mechi, ni las organizaciones que damos esta pelea, nos olvidamos de sus nombres y seguiremos exigiéndole a la fiscal Roxana Graciela Giménez y la jueza Carolina Mingrone del juzgado Nº 2 de Florencio Varela, la cárcel efectiva a los acusados y también a los Espósito y Fuentes. Exigimos que, con los cuidados sanitarios correspondientes, se ponga fecha inmediata al juicio.

Por una gran campaña contra la tercerización

Esta lucha que es por Mechi, también es la lucha contra la tercerización laboral, un problema estructural que afecta a más de un tercio de la clase trabajadora y que todos los gobiernos lo mantienen como la forma privilegiada de contratación. A esto se suma, bajo la promesa de “ser tu propio jefe”, la de las aplicaciones de reparto, modalidad que creció ante las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19[1]. La ofensiva de las patronales de avanzar con diversas maneras de precarización se ha profundizado con la crisis económica, queriendo pisotear derechos laborales y extremar las condiciones de explotación bajo la consigna de que el único trabajo posible es tercerizado.

Estas formas de explotación laboral, responden a objetivos muy definidos. Desde el punto de vista económico, un trabajador tercerizado esta fuera de convenio y cobra la mitad o menos que un trabajador efectivo que realiza la misma tarea. Desde el punto de vista político, la tercerización genera una fuerte división dentro de la clase trabajadora en distintas modalidades, convenios y formas de contrato, a la vez que le saca responsabilidades a la empresa “madre” ante luchas sindicales o incluso “accidentes” en el lugar de trabajo, como es el caso de Mechi.

La burocracia sindical ha sido garante desde el primer momento de este régimen de contratación, permitiendo que se divida a los trabajadores entre los “representados” que gozan de derechos laborales, y los de “segunda” sin ningún tipo de cobertura. Los mismos burócratas muchas veces son dueños directos de tercerizadas, “cooperativas” o sacan una tajada “por abajo de la mesa”. Esta división es muy útil para fomentar un pensamiento corporativo donde los efectivos y los tercerizados quedan inmersos en una falsa oposición.

Como se puede ver, la tercerización es un gran negocio para el Estado, las patronales y las burocracias sindicales; mientras los trabajadores sufren la miseria salarial, la pérdida de derechos laborales e incluso ponen en riesgo su vida. En la zona sur, el caso de Mechi es un emblema de los asesinatos laborales, junto con el Matías Dimuro (tercerizado de la empresa Claro que murió trabajando sin los elementos de seguridad) o Franco Almada (trabajador de reparto de la aplicación “Pedidos ya”, “accidentado” debido a las condiciones de superexplotación que manejan). Según el espacio “Basta de Asesinatos Laborales” (BAL) se estima que cada 14 horas muere un trabajador producto de las condiciones de trabajo, lo que demuestra que para las patronales los laburantes somos solo un numero en su afán de seguir acumulando ganancias y que Estado y burocracia sindical miran para otro lado.

Frente a este escenario, la fortaleza de la familia y los amigos de Mechi Cantero conquistaron el enorme paso de llevar a juicio lo que las patronales, los gobiernos y las burocracias tapan: los asesinatos laborales producto de la tercerización. Con la organización y su lucha incansable junto a distintas organizaciones políticas llegamos a este punto. Es necesario seguir por este camino ligando la pelea por justicia por Mechi con las peleas de la clase trabajadora contra la tercerización que hoy se expresanen las luchas de los trabajadores de EMA por la reincorporación bajo convenio de Luz y Fuerza a Edesur, y la de los ferroviarios tercerizados por el pase a planta en Trenes Argentinos.

Hay que exigir que se garantice el juicio de la manera más inmediata posible. Un triunfo en este juicio puede ser un gran paso adelante para ir en busca de los responsables que faltan (los hermanos Esposito y Fuentes); sentar un precedente para luchar por justicia por Franco Almada, Matías Dimuro y todos los asesinatos laborales;y ser un importante punto de apoyo para la pelea de fondo contra la tercerización en todos los lugares de trabajo.


 

[1] Modalidad que ya se llevó las vidas de varios trabajadores atropellados por los ritmos de reparto que impone las aplicaciones.

1 COMENTARIO

  1. La peor precarización es la que ha institucionalizado el estado.Con plantas transitorias permanentes y contratación de monotributistas

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