Macri, el FMI y el plan de exterminio de jubilados

Las “reformas estructurales”, parte I

Marcelo Yunes
Intelectual marxista. Especialista en economía.


El paquete acordado por el gobierno con el FMI no es en absoluto, como dijimos varias veces, un plan económico serio, sino un parche de emergencia hasta las elecciones de octubre próximo. Sin embargo, eso no significa que los tecnócratas del Fondo y los garcócratas del gobierno no hayan discutido un esquema más de fondo para la economía argentina. Sucede que ni una parte ni la otra están en condiciones de avanzar mucho en especulaciones sobre lo que harían más allá de 2019, ya que, bueno, primero hay que ganar las elecciones, y ese detallecito se está revelando un tanto cuesta arriba.

No es para menos: cada día que pasa trae malas noticias, algunas para la coyuntura y otras mirando a 2019. Hagamos un repaso con los diarios de un solo día, el miércoles 28. El riesgo país vuelve a trepar por encima de los 700 puntos (traducción: si Argentina quiere salir a pedir plata a los mercados, la tasa superará un impagable 10% anual en dólares). El dólar dejó su mansedumbre y empezó a mostrar las uñas de nuevo, arrimándose a los 40 pesos. La causa de las coimas ya salpica a pesos pesados como el principal empresario argentino, Paolo Rocca de Techint (por supuesto, los amigos y socios de Macri siguen por ahora fuera de la menesunda gracias a los buenos oficios del juez Bonadio). La medición de la inversión en octubre mostró un derrumbe respecto de octubre de 2017 del 15%; la contracción en lo que va del año es 2,3% (según el archioficialista Orlando Ferreres). Las ventas de inmuebles cayeron un 42% y las compras con hipotecas casi desaparecieron, con un desplome del 82% (¿se acuerdan del UVA?). Cae el consumo de celulares un 20%. Las ventas de autos cayeron un 46%, la peor cifra desde 2002, y ya se habla de despidos y cierres en las concesionarias. El poder adquisitivo del salario (ojo con las fuertes diferencias por sector) perdió  entre un 15 y un 25%, según quién haga la cuenta. La industria textil acumula en 2018 una caída del 10,5%; la del calzado, un 6%; la de los electrodomésticos, un 22%; las heladeras, un 60% (de allí los despidos en Siam). Altos empresarios (tanto los que podrían ir presos como los que no) se quejan en voz alta de la situación económica y lloriquean que están perdiendo plata. Ah, y Cristina ya le gana a Macri en varias encuestas. Fin de las noticias del día.

El FMI se veía venir este panorama al firmar el acuerdo (el macrismo, con su autismo habitual, no tanto). De modo que aunque el gobierno firmó un compromiso de reformas previsional y laboral, Lagarde y sus muchachos, comprensivos como son, dieron a entender que están dispuestos a esperar que el operativo mentira-blindaje mediático funcione otra vez y le dé el triunfo en 2019. Si tal sucede, ahí sí, habrá que honrar los compromisos. Por ahora tomaremos uno: los cambios al sistema jubilatorio.

 

Menos para los jubilados, más para la deuda

El Fondo entiende que 2019 no es momento para “reformas estructurales”; de allí que el stand by implique sólo una rueda de auxilio. Pero de ninguna manera renuncia a darle “sustentabilidad” a la economía argentina más a largo plazo, que se apoya en las citadas reformas laboral y previsional. De los cambios proyectados en las condiciones de trabajo nos ocuparemos en próximas notas, pero adelantamos dos puntos. Uno, que el núcleo es eliminar las paritarias por rama e ir a acuerdos por empresa. Y dos, que lo “estructural” en este caso es inclinar de manera decisiva la balanza de la economía del sector privado en favor de la explotación laboral empresaria.

Sin embargo, este aspecto no es, de momento, el que más desvela al Fondo. Siendo el FMI lo que es, su primera preocupación no es cambiar las reglas del sector privado, sino garantizar que el Estado argentino genere las condiciones necesarias para asegurar el flujo de pagos de la deuda pública (en primer lugar, claro está, la contraída con el propio Fondo).

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Ahora bien, el lamento permanente del FMI, de los ultras neoliberales, de los empresarios, de los financistas y del propio Macri (como lo señalaban sus “cráneos” de la Fundación Pensar ya en 2015) es la “inelasticidad” del gasto público, en particular del gasto social. El problema de fondo es bien sencillo: el Estado puede comprometer todas las políticas de ajuste que quiera, pero eso encuentra rápidamente un límite si no se toca el gasto social. Porque ese rubro –que incluye centralmente las jubilaciones, pensiones y AUH, y que representa, según se quejan estos garcas, una “vaca sagrada” e intocable por las consecuencias sociales que traería– abarca cerca del 55% del gasto total del Estado. Si eso no se afecta, todos los ajustes deben recaer en el 45% restante, en el que tampoco queda tanto para achicar; allí están educación, salud, defensa… y los subsidios que aún quedan. Por supuesto, para el FMI la política siempre es achicar gastos, no sumar ingresos, ya que eso significaría más impuestos, y sabemos que eso está prohibido, salvo que se trate de aumentar los impuestos al consumo popular, como el IVA, o que haya que salir del paso hasta las elecciones, como ahora.

Por lo tanto, el FMI decidió tomar el toro por las astas y apretar al macrismo para que avance en la destrucción de ese monstruo gastador… una vez que gane las elecciones, claro está.(1) Así, el acuerdo con el Fondo señala como uno de los compromisos imperiosos en las “reformas duraderas y de alta calidad” (sic) a “una reforma del sistema de pensiones muy necesaria”. Por supuesto, el texto del memorándum no entra en detalles inoportunos cuando se discutía la aprobación del Presupuesto 2018 (y tampoco es habitual mencionarlos en un documento general de rúbrica del acuerdo). Pero tanto el gobierno como el FMI ya están de acuerdo en el sentido general de los cambios y hasta en la letra chica de algunos de ellos.

No vamos a sorprender a nadie, así que ahí van. Primero, subir la edad jubilatoria a 70 años, tal vez con una transición desde los 67. Segundo, eliminar todos los regímenes especiales, apuntando, en primer lugar, a sectores estatales como docentes y judiciales. Tercero, abrir la puerta a la posibilidad de cuentas individuales de capitalización (jubilación privada, bah), al principio como “complemento” de la jubilación de reparto, para ir pasando, en una transición que dependerá de diversos factores, a que esas cuentas reemplacen el aporte público.

Esto es bastante, pero no todo. Porque lo anterior apunta al largo plazo, pero también en lo inmediato es imprescindible –en primer lugar para el Fondo, desde ya– buscar mecanismos para aligerar el “lastre” que representan para las arcas fiscales el pago de jubilaciones y demás rubros de seguridad social.

¿Cuáles son las medidas de impacto rápido en la caja del Estado? Dos. La primera, avanzar en la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), la mayor caja estatal de dinero fresco, nacida de la estatización de las AFJP y sus activos, incluyendo importantes participaciones en empresas privadas.(2) Esa caja ascendía, a junio de este año, a 1,37 billones de pesos. Digamos que la devaluación de Macri ya estaba erosionando muy seriamente el valor en dólares de esos activos: de 64.000 millones de dólares en diciembre de 2017 a 46.400 millones en junio de este año (Perfil, 18-9-18). Hoy, el FGS vale menos de 35.000 millones de dólares.

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La excusa para terminar de reventarlo va a ser, cómo no, la necesidad de cumplir con la “reparación histórica”; el resultado va a ser la devolución del 5, el 10 o el 20% del paquete accionario de varias de las compañías más grandes del país a esas mismas empresas, que tendrán la “prioridad de compra”, o más bien de recompra, de esas acciones, operación que se hará, sin ninguna duda, en perjuicio del Estado.

La otra medida importante será una reedición corregida y aumentada de la estafa de diciembre de 2018, es decir, una modificación de la fórmula de actualización de los haberes de la seguridad social. Por empezar, las nuevas jubilaciones se calcularían no, como ahora, promediando los últimos 10 años de vida laboral del trabajador (usualmente, los de salarios más altos), sino los últimos 25 años, con lo que el promedio se tira sensiblemente para abajo. De modo que ya el punto de partida de las jubilaciones nuevas será bastante más bajo que con el régimen actual. A esto se agregará, para las nuevas jubilaciones y para las viejas, una creativa forma de recálculo de la actualización de haberes con el invariable resultado de que vayan por debajo de la inflación.

¿Cuánto se buscará “ahorrar” al fisco en jubilaciones, pensiones y AUH para liberar dinero para pagar la deuda pública? Ni el monto ni la forma final del curro están aún decididos. Tampoco hace falta; todo lo que importa es definir el criterio base. Porque incluso una estafa “moderada” representa mucho para las arcas estatales: recordemos que más de la mitad del gasto público total se actualiza según la fórmula que se resuelva.

No hace falta decir que todo esto implica, a largo o incluso mediano plazo, un desfinanciamiento gigante de la caja para pagar jubilaciones, para no hablar del sufrimiento social para los millones de beneficiarios. Se elimina el FGS, se pierden los aportes de los sueldos más altos que irán a la jubilación privada “complementaria”, se comprime hasta la desesperación el ingreso de millones de personas y se quitará también a millones el derecho de acceder a ese ingreso vía la eliminación de las moratorias. ¿Qué importa? Cuanto más desharrapado quede el sistema previsional público, mayor será el eventual consenso para liquidarlo del todo y reemplazarlo por una versión de las AFJPs.

Este redondo y perverso plan tiene una sola pata floja: depende para su concreción de un triunfo electoral de Cambiemos que se aleja del horizonte a cada semana que pasa. Es por eso que, como decíamos al principio, ni el macrismo ni el FMI se atreven a gastar a cuenta.

 

Notas

  1. Desde ya, la victoria de Cambiemos es el desenlace ideal para el Fondo, pero no el único escenario para concretar sus metas: “Si Macri es reelegido, éste será uno de los primeros proyectos que su segunda gestión enviará al Congreso. Si las urnas le dan la espalda, quedará como uno de los compromisos que su sucesor deberá negociar con el FMI para 2020” (C. Burgueño, Ámbito Financiero, 29-10-18)
  2. De hecho, esa estatización fue casi la única medida relativamente “estructural” que tomó el kirchnerismo en sus 12 años de gestión, porque implicó revertir la privatización del sistema jubilatorio iniciada en 1994 y a la vez reducir drásticamente el peso de la deuda pública, ya que las AFJPs invertían al menos la mitad de los fondos que administraban en prestarle plata al Estado. Con la estatización, ese importante volumen de deuda pasó a ser “intra Estado” (y en pesos), y el resto de las inversiones pasó a engrosar el FGS.
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