Una victoria democrática provisoria que sólo puede consolidarse con la movilización

Lula vuelve a tener derechos políticos

La noticia de mayor impacto de los últimos años fue la decisión de Edison Fachin de anular las dos condenas contra Lula en primera y segunda instancia es una victoria democrática de hecho. Pero, debido a su carácter superestructural y provisorio, sólo puede ser consolidada si tiene como correlato la apertura efectiva de un proceso de grandes movilizaciones desde abajo.

Antonio Soler
Profesor. Dirigente de la Tendencia Socialismo o Barbarie del PSOL de Brasil.


Lula-Lava Jato

Traducido del portugués por Luz Licht

La condena de Lula y la ofensiva reaccionária

Este miércoles (8/3), Edson Fachin (ministro del Supremo Tribunal Federal) hizo lugar a un habeas corpus presentado por la defensa de Luis Inácio Lula da Silva en el sentido de que Sergio Moro no es el juez natural de los procesos.[1] Así, no juzgó el mérito de las condenas, sino que desde el punto de vista procesual, como en 2016 Lula fue acusado en una operación iniciada en el Distrito Federal, no podría ser procesado por la instancia regional de Curitiba, de esa forma, los dos casos deben volver al Distrito Federal.

La cuestión es por qué recién ahora, después de años de pedidos de la defensa de Lula para que el proceso vuelva a Brasilia, Fachin concedió el habeas corpus. La hipótesis más probable es la de que habría sido una maniobra para evitar que por el pedido de investgación sobre Moro de continuar en el tribunal pondría todas las decisiones del Lava Jata bajo sospecha. Pero la aparente maniobra para archivar el pedido de investigación sobre Moro no fue exitosa, ya que al día siguiente la decisión de suspender las condenas de Lula, Gilmar Mendes, juez interviniente en el caso, puso nuevamente el pedido de juicio a cargo de una segund instancia. Proceso que, a su vez está momentáneamente paralizado por el pedido de observación de Kassio Nunes Marques.

Volviendo al tema central, con el proceso siendo elevado a juicio nuevamente, aunque Lula sea condenado en primera y segunda instancia, dicen especialistas que esas hipotéticas condenas dado el tiempo procesual normal no podrían impedir que Lula sea candidato en 2022. Aún siendo una decisión individual, por arriba y provisoria, la suspensión de las condenas de Lula y la restitución de sus derechos políticos reconstituye un derecho de soberanía popular que fue barrido no sólo por las decisiones de Moro y del  Tribunal Regional Federal-4 (TRF-4), sino que contó también con la participación activa del alto mando de las fuerzas armadas.

Las Fuerzas Armadas tejen maniobras reaccionarias

Ante la inminente prisión de Lula, en abril de 2018, su defensa presentó un pedido de habeas corpus al Supremo Tribunal Federal. En una cronología breve, el pedido de habeas corpus del día 4 de abril fue negado por 6 votos contra 5 favorables, ya el día 7 de abril Lula fue apresado y a partir de ahí impedido de participar del proceso electoral.

Esa decisión apretada terminó de inclinar la balanza inclinada contra Lula, después el alto mando de las Fuerzas Armadas, con la cuenta a nombre del General Vilas Boas, publicó dos tuits un día antes del juicio, el 3 de abril de 2018.

El primeiro decía que “en esta situación que vive Brasil, resta perguntar a las instituciones y al pueblo quién realmente está pensando en el bien del país y de las generaciones futuras y quién está preocupado solo en intereses personales?”  y un segundo en el que decía “el Ejército brasileño comparte el sentimiento de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, la paz social y la Democracia, así como se mantienen atentos a sus misiones institucionales».

En una entrevista concedida entre agosto y septiembre de 2019, Vilas Bôas dijo que varios comandantes del Ejército fueron consultados sobre esos tuits y reconoce que el objetivo era interferir en la decisión del STF haciendole un “llamado de atención”. En ese sentido, la ofensiva reaccionaria empresarial, parlamentaria y judicial, que con la prisión e inhabilitación electoral de Lula que desembocó en la usurpación directa del derecho del pueblo a decidir, tuvo en la intervención del alto mando de las fuerzas armadas un factor decisivo. Lo que, en consecuencia y peligrosamente desde esa intervención, torna a los militares garantes del triunfo del gobierno de Bolsonaro.

Si Lula fuese candidato este año tendría chances reales de vencer a Bolsonaro en las urnas, lo que significaría una cierta paradoja de la historia – la maquinación de la clase dominante para imponer las contrarreformas a través de maniobras reaccionarias se pondría en evidencia – después del impeachment de Dilma sin que hubiese responsabilidad real sobre un delito. Así, la maniobra parlamentaria ultrarreacionaria apoyada por la clase dominante sacó a Dilma Rousseff del poder para imponer un gobierno para llevar a fondo las contrarreformas, quedaría deslegitimada tras una eventual victoria de Lula.

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Entonces la prisión y el impedimento de que Lula fuese candidato en 2018 fue parte de una maniobra ultrarreacionaria complementaria al impeachment de Dilma Rousseff de 2016 para que la clase dominante, a través de sus partidos, pudiese dar continuidad a las reformas ultraliberales que vienen siendo aplicadas con gran intensidad desde 2016.

Lula: un conciliador radical

Como decíamos arriba, esta fue una victoria indireta y momentánea de la soberanía popular que puede significar un cambio real en la coyuntura que sólo tendrá un carácter más permanente, y capaz de cambiar la correlación de fuerzas políticas entre las clases, si tiene como consecuencia una enorme movilización por abajo que haga recular no solo al neofascismo, sino a todos los ataques ultraliberales.

En este sentido, la recuperación de los derechos políticos de Lula no parece revertir la estrategia oportunista del PT. Al contrario, parece que esta línea de no movilizar para derrotar en las calles a los ataques de Bolsonaro, sino solo desgastarlo para las elecciones de 2022 y continuar construyendo frentes con los partidos de la clase dominante – inclusive con los que participaron del “golpe” contra Dilma – gana aún más fuerza.

Lula en su discurso del miércoles (10/03) dejó claro que el centro de su acción política será la tentativa de reeditar un pacto social con la clase dominante – la misma que apoyó el “golpe parlamentario” – al hablar directamente al gran empresariado: “no tengan miedo de mi. Yo soy radical porque quiero ir a la raíz de los problemas de este país“.

Obviamente que Lula sabe que no es y nunca fue radical, es más bien un conciliador radical. Ir a la raíz de los problemas para él es como máximo tener políticas keynesianas mínimas y de compensanción social, pero jamás enfrentar el problema con medidas anticapitalistas, por eso coloca en la misma frase el “no tengan miedo de mi” y “soy radical”, a pesar de la aparente contradicción lógica, no deja de ser coherente con su política. Para que Lula y su partido sean radicales, su orientación liberal, oportunista y electoralista tendría que ser substituida por una orientación socialista, independiente y volcada centralmente a la lucha directa. Pero el oportunismo y la cobardía política del lulo-petismo – desde las movilizaciones de 2013 responsables en gran medida de la situación política en la que estamos hoy – no da señales de una reversión.

La restitución de la elegibilidad de Lula sin duda restituye provisoriamente el derecho democrático, usurpado con el impeachment de Dilma y de la prisión de Lula, de que las masas elijan a sus candidatos. Pero, considerando las fuerzas (parlamentarias y extraparlamentarias) que se involucraron en esa ofensiva ultrarreacionaria, su apoyo al actual gobierno y las contrarreformas, no está dando señal alguna que ese derecho sea garantizado hasta las próximas elecciones si no hay un intenso proceso de movilización para garantizarlo.

Lula se entregó a la policía el día 7 de abril de 2018 diciendo que confiaba en la justicia: diga lo que diga… Nosotros no confiamos en la justicia y mucho menos en la estrategia oportunista que Lula y su partido han desplegado hace décadas. Por eso, no podemos suspender la crítica a las traiciones del lulismo y, mucho menos, embarcarnos en una remake del gobierno de conciliación de clases, lo que exactamente fue defendido por Lula en su discurso.

La lucha radical por la independencia del PSOL

La línea política de muchos sectores del PSOL que van en el sentido de construir un “frente único de izquierda” y un “programa de reformas estructurales con medidas anticapitalistas”, pensando en un “gobierno de izquierda” sin ninguma denuncia del papel que cumlió Lula y el PT en la formación de la situación reaccionaria en que vivimos, suena, como mínimo, muy preocupante.

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No podemos creer que atrás de esa formulación algebraica, por así decir, los compañeros estén diciendo que el PSOL pueda ser parte de un frente electoral o de un gobierno burgués. Preferimos creer que los compañeros procuran hacer una exigencia para dialogar con la base petista. Pero si ese fuera el caso, lo hacen eliminando toda denuncia de las décadas de traición, y no parece que eso contribuya para superar al lulismo y afirmar al PSOL como alternativa estratégica.

Necesitamos dejar claro a toda la militancia de base de la izquierda que el PSOL es el mayor entusiasta e impulsor de la unidad de acción, obviamente que con independencia política, con todos los que quieran luchar para derrotar a Bolsonaro. Tenemos que decir claramente que no podemos confundir un sólo instante unidad de acción contra Bolsonaro con un frente político con la clase dominante, pues un acuerdo político-electoral con sectores de la burguesía, como en modo reiterado ha hecho el PT, sería no solo una traición que recrearía las mismas condiciones políticas que fracasaron hace poco tiempo y que permitieron que avance esta ofensiva reaccionaria.

Bolsonaro, a pesar de toda la crisis, mantiene un 30% de apoyo popular, base en sectores del empresariado y en las fuerzas armadas, por eso no tenemos ninguna garantía efectiva de que los derechos de Lula serán garantizados, que cualquier resultado desfavorable a este gobierno sea respetado o mismo que no hubiera tentativas golpistas en el camino.

Decir que sólo podemos derrotar a Bolsonaro y el conjunto de la ofensiva burguesa con tácticas de movilización directa no significa que las tácticas electorales no sean importantes, pero si que estas son secundarias en relacción a las primeras. El desprecio de esta regla básica de la lucha de clases por las direcciones de masas han costado muy caro a la clase trabajadora en Brasil, como ya dijimos arriba.

Para aprovechar la posiblidad abierta de un cambio en la coyuntura a partir del retorno de los derechos políticos de Lula, no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar pasivamente a las elecciones de 2022, como hace el lulopetismo. Si Lula quiere ser radical de hecho, tiene que en este momento ponerse al frente de una lucha por el confinamiento nacional, por la ayuda de emergencia de un salario-mínimo, por vacunas para todas/os a partir de la liberación de las patentes y por el fuera Bolsonaro, no volver a acordar nuevamente con la clase dominante un frente político con vistas más bien a un gobierno de conciliación de clases, como más de una vez fue anunciado en su discurso.

De la misma forma que tenemos que repudiar las táticas que no lleven a la lucha permanente por la unidad de acción y por construir efectivas frentes de movilización, repudiamos las que alejen al PSOL de la lucha por construir una dirección para el movimiento de masas que supere al lulismo. Así, para nosostras/os el PSOL tiene que luchar por una tática de unidad de la izquerda colocándose claramente contra cualquier alianza electoral con la clase dominante, pues, como se ha visto millares de veces, esa línea del petismo sólo sirve para desarmar la lucha de las masas y permitir el avance de las fuerzas reaccionarias.


 

[1] Lula fue juzgado en la 13ª Cámara Federal de Justicia Federal de Curitiba, responsable por la causa Lava Jato, por Sergio Moro y por el Tribunal Regional Federal 4 (segunda instancia de la justicia federal) por supuestos esquemas de corrupción y lavado de dinero a través del departamento de su propiedad en Guarujá (SP) y del sítio de Atibaia (SP). Procesos estos que nunca tuvieron pruebas directas, pero siempre se inculpó a partir de las  “convicciones” de Moro y de los jueces de 2ª instancia.

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