Hay una manera muy sencilla de mirar la economía: desde los gráficos que muestra el Gobierno, desde las variables financieras y desde las pantallas donde se festeja cada movimiento favorable de los mercados. Pero también existe otra forma, bastante menos cómoda, de medir qué está pasando: mirar qué sucede con quienes llegan a fin de mes y descubren que ya no tienen trabajo.

Ese es uno de los rostros más concretos de la Argentina de Javier Milei. Desde noviembre de 2023, el sector privado formal perdió alrededor de 246.300 puestos de trabajo, según un informe de la consultora Invecq. Solamente durante el primer semestre de 2026 desaparecieron cerca de 46.000 empleos asalariados privados.

No se trata solamente de una cifra fría. Son personas que dejaron de cobrar un sueldo, que tuvieron que salir a buscar otra fuente de ingresos o que directamente quedaron afuera del mercado laboral formal. Son trabajadores que, en muchos casos, pasan de tener un empleo con derechos a depender de changas, trabajos informales o actividades por cuenta propia para poder sostenerse. Ni hablar de los que piden préstamos para tirar unos días y por la usura quedan presos de un sistema ilegal, además de perder su empleo.

Más de 31.000 empresas menos

El deterioro también aparece en el mapa de empresas. Desde el comienzo de la gestión de Milei, Argentina perdió alrededor de 31.000 empresas, de acuerdo con los datos difundidos a partir del Monitor Mensual de Empresas. El ritmo equivale a unas 33 empresas menos por día.

El dato no debe verse de forma aislada, pues guarda relación directa con el mundo del trabajo. Una empresa que cierra no es solamente una persiana que baja. Hay trabajadores que dejan de cobrar, proveedores que pierden clientes, comercios que venden menos y familias que tienen que reorganizar completamente sus ingresos.

La destrucción empresarial tampoco se distribuye de manera pareja. Industria, construcción y comercio —tres sectores centrales para la generación de empleo— concentran una parte importante de la pérdida de puestos. Según Invecq, esas actividades acumularon cerca de 93.000 empleos menos desde junio de 2025.

El problema, entonces, no es solamente cuántas empresas cierran, sino cuántos trabajadores quedan en la calle como consecuencia de una política de ajuste brutal.

El trabajo que desaparece y el trabajo que se precariza

El Gobierno suele presentar el crecimiento del empleo total como una señal positiva. Pero detrás de esa cifra hay una transformación profunda del mercado laboral.

Mientras se destruyen puestos registrados, crecen otras formas de trabajo más precarias. Datos recopilados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestran que, entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, se crearon unos 603.600 empleos no registrados, mientras se destruyeron alrededor de 246.000 puestos registrados.

Es decir, una parte de quienes pierden un empleo formal no desaparece de las estadísticas laborales: cambia de lugar. Pasa a trabajar por su cuenta, a facturar como monotributista, a hacer changas o directamente a incorporarse a la economía informal.

Y eso no es una solución. Un trabajador registrado tiene vacaciones, aguinaldo, aportes jubilatorios, obra social y protección frente a determinadas contingencias laborales. El trabajo informal, en cambio, deja a millones de personas expuestas a una situación mucho más frágil.

Según datos del primer trimestre de 2026, el 44,2% de las personas ocupadas se encontraba en la informalidad, mientras que el 37,9% de los asalariados no tenía descuento jubilatorio.

La discusión, por lo tanto, no debería limitarse a si hay más o menos personas trabajando. También hay que preguntarse en qué condiciones trabajan, cuánto ganan y qué derechos tienen.

La economía marcada por la precarización y el ajuste

El relato oficial sostiene que el ajuste y la estabilización terminarán generando las condiciones para una recuperación. Pero, por ahora, esa promesa no aparece con claridad en el mercado laboral.

Durante el primer semestre de 2026 la economía registró crecimiento interanual, pero el empleo privado formal continuó cayendo. En junio, la cantidad de trabajadores registrados en el sector privado llegó a niveles similares a los de 2014 y acumuló trece meses consecutivos de retroceso.

La contradicción es evidente: puede haber indicadores macroeconómicos que mejoren mientras miles de trabajadores pierden su fuente de ingresos.

Porque una economía no puede medirse solamente por cuánto crece el producto o por cuánto baja una determinada variable. También hay que mirar quién se queda con ese crecimiento y quién paga el costo. Y en la Argentina de Milei, una parte importante del costo está cayendo sobre quienes viven de su trabajo.

La calle como destino

Para un empresario, el cierre de una compañía puede significar una pérdida patrimonial. Para un trabajador, perder el empleo puede significar no poder pagar el alquiler, atrasarse con una deuda, dejar de comprar determinados alimentos o tener que abandonar proyectos personales y familiares.

Por eso la expresión “quedarse en la calle” no es una exageración cuando se habla de empleo. Es la consecuencia concreta de una economía que deja de garantizar puestos de trabajo suficientes y estables.

Hay trabajadores que después de años en una fábrica reciben una indemnización y empiezan a repartir currículums. Otros pasan de un comercio a una aplicación de reparto. Otros se convierten en monotributistas porque ya no consiguen un puesto asalariado. Y otros directamente dejan de buscar porque llevan meses sin encontrar una oportunidad.

La crisis laboral también modifica la vida cotidiana. Cambia cuánto se consume, dónde se vive, qué se puede estudiar, cómo se sostiene una familia y hasta cuánto tiempo una persona puede proyectar su futuro.

El problema no son los trabajadores

Desde el Gobierno se insiste con que la Argentina necesita “competitividad”, reducción de costos y flexibilización para que las empresas puedan contratar. Pero hay una pregunta que no puede quedar fuera del debate: ¿competitividad para quién y a costa de quién?

No puede construirse una economía supuestamente moderna sobre trabajadores cada vez más pobres, empresas que cierran y empleos que son reemplazados por formas de precarización.

El trabajador no es un costo que haya que reducir. Es quien produce, consume y sostiene buena parte de la actividad económica.

Si una fábrica produce menos porque no hay mercado interno, si un comercio cierra porque no vende y si una empresa despide porque necesita achicar gastos, el problema no se resuelve simplemente debilitando todavía más los derechos laborales. Esa lógica puede profundizar el círculo: menos salarios, menos consumo, menos ventas, más cierres y nuevos despidos.

Es evidente que la política de Milei solo genera más hambre

Los números muestran una tendencia que ya no puede esconderse detrás de discursos sobre sacrificios temporales. Más de 246.000 empleos privados formales desaparecieron desde el inicio de la gestión y más de 31.000 empresas dejaron de funcionar.

Mientras tanto, la informalidad avanza y millones de trabajadores quedan obligados a aceptar condiciones cada vez más precarias para sobrevivir.

Del otro lado de cada número hay una persona. Un trabajador que llega a su casa con la noticia del despido. Una familia que hace cuentas. Una persona que manda decenas de currículums y no recibe respuestas. Un joven que abandona un proyecto. Un trabajador mayor que sabe que volver a conseguir un empleo formal será mucho más difícil.

Ese es el dato que los gráficos oficiales no muestran. Porque detrás de las empresas que cierran están los trabajadores que se quedan sin empleo. Y detrás de cada puesto destruido hay una pregunta que el Gobierno de Milei todavía no respondió: ¿Quién se hace cargo de los que quedan en la calle?