Milei encara su cuarta semana de gobierno con un objetivo marcado: presionar al Congreso para que la Ley Ómnibus sea tratada de forma exprés durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo. Para esto juega la carta de la iniciativa. Las últimas tres semanas estuvieron marcadas por el aluvión de medidas reaccionarias (el Plan Caputo, el DNU y las Ley Ómnibus), anunciadas una detrás de otra.

Los tiempos

A priori es el oficialismo quien viene marcando los tiempos del debate. La convocatoria a Extraordinarias le permite al Ejecutivo marcar el temario del debate. Pero esto no significa que el camino esté allanado.

En primer lugar, el bloque de Milei no obtuvo hasta el momento mayorías claras en ninguna de las dos cámaras (aunque en el Senado la cuestión parece mucho más fácil que en la Cámara Baja).

Y a esto se suma que la envergadura del paquete de reformas es descomunal. Va desde la reactivación del Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría (salarios) hasta el pedido de facultades extraordinarias por parte del Ejecutivo. Conseguir una mayoría clara para semejante aberración legislativa parece una tarea difícil para un bloque oficialista marcado por su virulencia contra toda oposición y contra el Congreso como tal.

En el inicio de la semana, Milei se reunió con su bloque legislativo en la Rosada y les pidió que «se pongan a trabajar» porque quiere «la Ley Ómnibus aprobada antes del 31 de enero». El apuro del gobierno tiene razones tácticas. Milei ya dejó en claro que quiere aplicar sus reformas a través del shock, antes de que la sociedad pueda despabilarse y reaccionar al golpe.

Tratamiento exprés u ómnibus desguazado

Los jefes del bloque liberal parecen tener un poco más de realismo institucional. Señalaron que es necesario desdoblar la Ley Ómnibus en distintos proyectos para que pueda ser aprobado. Una idea a la que Milei se opuso desde el primer momento.

Legisladores del bloque oficialista llegaron incluso a declarar en off a los medios que la Ley Ómnibus tiene «artículos abiertamente inconstitucionales» que podrían hacerla caer judicialmente, aún si llega a ser aprobada en el Congreso.

Similares argumentos esgrimieron sectores del PRO y de la UCR. El bloque de senadores y diputados ligados a los gobernadores de JxC (encabezados por Frigerio) buscan negociar su apoyo a lo más grueso del paquete a cambio de mejores condiciones para sus provincias. La idea que expresó Frigerio es «apoyo a la Ley a cambio de excenciones impositivas».

Hace pocos días, los gobernadores de la Patagonia (peronistas, macristas y provincialistas) habían rechazado públicamente parte de las reformas de la Ley Ómnibus por incluir una reforma pesquera que afectaría los ingresos de la región.

Hasta el momento, Milei tiene 78 votos prometidos en Diputados (propios, del PRO, Espert y Píparo). Necesita al menos 51 más para llegar al quórum de 129, que irá a buscar entre los diputados de la UCR y de Hacemos (Pichetto).

El tiempo parlamentario y el tiempo social

Luego está el problema extra – parlamentario: la respuesta de la sociedad al paquete de reformas. Milei espera que el miércoles 24 o el jueves 25 haya una sesión especial para votar la Ley Ómnibus, coincidiendo con la fecha del paro de la CGT.

Eso deja apenas 3 semanas para que la docena de comisiones involucradas sean conformadas, sesionen y produzcan dictamen sobre el paquete de reformas. Son tiempos extremadamente apretados para tratar reformas que no tienen precedentes en la democracia argentina.

Por poner un ejemplo, lo más fácil parecía ser el proyecto de Boleta Única, que tenía media sanción en diputados desde 2022. Esta semana el proyecto pasó a comisiones del Senado (don UxP está en desventaja) y aún así el intento de dictamen fracasó.

La obsesión de Milei por acelerar los tiempos parlamentarios (tratar las reformas en pleno verano y en tiempo récord) busca impedir que el trámite político coincida con los tiempos de la respuesta social.

Todavía no está claro cuál será la envergadura de la medida anunciada por la CGT. Tampoco está claro cuál será la respuesta del gobierno a dicha medida. Pero sí es claro que el rechazo a las medidas oficialistas comienza a extenderse en una porción de la sociedad. Así se expresó (y continúa expresándose) en los cacerolazos y asambleas populares de las últimas semanas.

Hasta el momento, la dinámica de los tiempos parlamentarios (es decir, los tiempos del apoyo de JxC y del titubeo de la oposición peronista) opera para dejar hacer al gobierno. La burocracia parlamentaria permitió que el nefasto DNU entre en vigencia a pesar de su flagrante inconstitucionalidad. Milei ni siquiera lo envió aún al Congreso, aunque podría hacerlo en el transcurso de esta semana para alivianar la presión de distintos sectores de la oposición.

Pero, incluso luego de que el gobierno lo envíe, quedan 10 días para que lo debatan las comisiones. Y aún entonces no está claro cuándo sería lo trataría el pleno de las Cámaras. Todo indica que sería recién en marzo, con la reapertura de las sesiones ordinarias. Lo mismo sucede con las tardanzas judiciales. Las ferias estivales le dan varias largas semanas (y meses) de aire al gobierno.

Verano caliente

También es cierto que existen contrapuntos a esta tendencia. La caída (de momento) de la Reforma Laboral contenida en el DNU tras la apelación de la CGT implica sin dudas un primer golpe político al gobierno Milei. Y podría haber otros contrapuntos judiciales en las próximas semanas, pues son varias las Cámaras que anunciaron el levantamiento de la feria para tratar los amparos contra el DNU.

Se trata de desarrollo abiertos y sumamente dinámicos. Pero en última instancia todas las líneas de tiempo podrían unirse si el 24 de enero hay desbordes a la convocatoria de la CGT.

Sucede que, si bien la burocracia judicial y legislativa le da aire al plan de reformas del gobierno, la táctica del shock también implica una apuesta. No sólo por el contenido legislativo y social de las reformas sino por las ínfulas bonapartistas del plan Milei.

El gobierno adoptó una pose de desafío ante el Congreso, desconociéndolo primero (con el DNU inconstitucional) y apurándolo después para tratar una Ley Ómnibus que incluye, entre muchas otras cosas, una habilitación legal para que el gobierno prescinda en el futuro de todo trámite parlamentario. A estas horas, no está definido que Milei consiga el beneplácito del Congreso para esta aventura. Queda por verse si sobre el Congreso prima la presión bonapartista del gobierno o una eventual presión popular en la calle.