Más que limpiar residuos del Estado, el proyecto de «Ley Hojarasca» apunta a remover límites que todavía restringen el avance de grandes grupos empresarios sobre áreas sensibles de la vida social.

La presentan públicamente como una gran limpieza normativa. El nombre no es casual. La metáfora de la hojarasca remite a restos secos, residuos acumulados y elementos sin utilidad que simplemente deben barrerse. Bajo esa construcción discursiva, el gobierno de Javier Milei busca instalar la idea de que el paquete legislativo consiste, ante todo, en eliminar normas irrelevantes y simplificar el funcionamiento estatal.

Entre las leyes que el oficialismo exhibe como ejemplo aparece incluso la peculiar ley de padrinazgo, una norma tan simpáticamente absurda que cuesta no tomarle cierto cariño. Pero el problema de la Ley Hojarasca no pasa por esas excentricidades folclóricas. Esa colección de rarezas funciona como cortina de humo: mientras el debate público se entretiene con curiosidades legislativas, avanzan reformas con consecuencias mucho menos anecdóticas.

El verdadero alcance del proyecto se entiende mejor cuando se observa a sus impulsores. Que Federico Sturzenegger figure entre los principales arquitectos de la iniciativa dista de ser un detalle menor. Su nombre quedó asociado a los varios ciclos de reformas neoliberales en Argentina, desde la convertibilidad tardía y la crisis de la Alianza hasta el macrismo. Su presencia funciona como una señal bastante clara del rumbo que persigue esta nueva ofensiva. Aun así, el motor político central está en el mileísmo. La Libertad Avanza conduce este nuevo avance legislativo, sostenida por el acompañamiento del PRO, bloques «dialoguistas» y aliados parlamentarios que vuelven a aportar respaldo a reformas largamente reclamadas por grandes corporaciones privadas.

Cultura y medios: cuando el mercado también disciplina la palabra

La cultura aparece como uno de los primeros frentes sobre los que avanza la Ley Hojarasca. Entre sus modificaciones figuran cambios sobre normas de preservación de bienes y patrimonios culturales, debilitando herramientas legales que protegían archivos, obras e instituciones de valor histórico y social. Esas protecciones funcionaban como una protección de la cultura frente a la lógica de la ganancia a corto plazo.

La ofensiva también alcanza al sistema de medios. La revisión de marcos regulatorios vinculados a la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual impacta sobre un mercado ya fuertemente concentrado. Relajar límites sobre licencias y controles fortalece todavía más a los grandes holdings mediáticos y profundiza la centralización de la producción y circulación de contenidos.

El problema, sin embargo, excede la concentración económica. Cuando menos actores controlan más medios, también se reduce el margen para voces disidentes, agendas alternativas y discursos críticos del poder económico. La disputa por la comunicación nunca es meramente comercial; también involucra poder político e ideológico. Quien concentra la palabra amplía su capacidad de fijar agenda, moldear sentido común y disciplinar el debate público. Entre otras cosas, el proyecto de Sturzenegger elimina los límites de la propiedad extranjera de medios de comunicación nacionales.

La misma lógica atraviesa a la actividad teatral. La Ley 24.800, que creó el Instituto Nacional del Teatro, sostuvo durante décadas salas, festivales y producciones por fuera del circuito comercial dominante. El debilitamiento de ese esquema golpea especialmente al teatro independiente.

El ajuste, entonces, no se limita al gasto estatal. También redefine qué expresiones culturales pueden existir y cuáles quedan excluidas por no producir para unos pocos.

La Ley Hojarasca y la disputa por la soberanía tecnológica

Otro núcleo sensible del paquete se ubica en el terreno científico y tecnológico. A través de la Ley Hojarasca, el Gobierno abre la puerta para la privatizción y entrega sobre estructuras estratégicas vinculadas al desarrollo estatal, incluyendo áreas ligadas a ARSAT y al reactor nuclear CAREM.

En este terreno, está en juego el control de infraestructura crítica y de capacidades tecnológicas acumuladas durante décadas.

ARSAT ocupa un lugar central en la infraestructura de telecomunicaciones argentina. Satélites, conectividad, fibra óptica e infraestructura digital forman parte de un sector estratégico. La presencia del Estado permite una mínima, aunque muy limitada, soberanía tecnológica y autonomía operativa.

Debilitar protecciones sobre ARSAT significa habilitar mayor margen de maniobra para gigantes privados de telecomunicaciones, fondos de inversión y capital extranjero interesados en infraestructura digital. No se trata únicamente de privatizar una empresa pública. Lo que está en juego es un desplazamiento de poder hacia corporaciones capaces de concentrar infraestructura, información y capacidad de decisión. El país abandona prácticamente todo control de sus comunicaciones.

CAREM representa otra arista de la misma disputa. El reactor modular condensa décadas de conocimiento científico, capacidad industrial y formación técnica financiadas socialmente. Subordinar esas capacidades a algunos grupos privados coloca a grandes actores energéticos en mejores condiciones de apropiarse de desarrollos estratégicos cuya construcción fue sostenida colectivamente.

La Ley Hojarasca no solo desregula. También destruye parte de la soberanía mínima del país, que todavía conservaba márgenes de autonomía frente a intereses corporativos de enorme peso en áreas estratégicas.

Medicamentos: la extranjerización de un negocio

Uno de los aspectos menos visibles del proyecto aparece en la producción de medicamentos, aunque su impacto potencial puede ser enorme. La Ley Hojarasca modifica regulaciones que reconocían el carácter estratégico de la producción farmacéutica, facilitando una mayor incidencia de multinacionales del sector.

El mercado farmacéutico constituye uno de los negocios más rentables del capitalismo global. Las grandes farmacéuticas disputan patentes, capacidad de fijación de precios y control de segmentos enteros del negocio sanitario.

Cuando retroceden herramientas estatales de control, esas corporaciones amplían su capacidad de imponer precios y sostener márgenes extraordinarios de rentabilidad. El efecto no se agota en balances empresariales más favorables: impacta directamente sobre la vida cotidiana de millones de personas.

Para quienes dependen de medicación crónica, tratamientos oncológicos, insulina o fármacos de alto costo, una suba de precios puede significar postergar tratamientos, interrumpir terapias o perder acceso a medicamentos esenciales. Ahí se vuelve visible la dimensión más brutal de esta lógica: lo que para los laboratorios representa rentabilidad, para amplios sectores populares puede traducirse en deterioro de su salud y de sus condiciones de vida.

La Ley Hojarasca condensa así una lógica más amplia del proyecto económico de Milei. Presentada como una simple depuración administrativa, funciona en realidad como una herramienta para profundizar la ofensiva del capital, en particular en cultura, comunicación y producción de medicamentos.

La manera en que presentan esta ley es un engaño: no hablan de privatización, mercantilización o transferencia de recursos, sino de simplificación, modernización y eliminación de burocracia.