Los incendios forestales son un problema acuciante en la Argentina, como lo son en la mayoría del planeta en esta época de mercantilización, ecocidio y cambio climático. El último verano, recorrieron el país las imágenes de los incendios en la Patagonia. Sólo en los primeros diez días del año se perdieron más de 5.500 hectáreas de bosque nativo.

Milei ya intentó derogar la Ley de Manejo del Fuego y la Ley Nacional de Bosques como parte del DNU 70/2023. Con ambas leyes fracasó y optó por, simplemente, desfinanciar las partidas presupuestarias correspondientes. El presupuesto para la ley de Manejo del Fuego cayó al menos un 70% desde el inicio de la gestión mileísta.

Basta repasar las estadísticas de los últimos años para tomar medida de las consecuencias del negacionismo mileísta. En el 2025 se quemó una superficie 40% mayor a la del 2024, casi 500.000 hectáreas. La primera causa de incendio fue la quema deliberada para convertir zonas boscosas en áreas de pastoreo, cultivo o desarrollos inmobiliarios.

Fuego, propiedad y ecocidio

La legislación en vigencia establece un plazo de 60 años de prohibición al cambio de uso (cultivos, explotaciones de materias primas), loteo y venta de terrenos incendiados en áreas de bosque nativo y zonas protegidas, así como en tierras de uso rural. El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, presentado por el gobierno en marzo, eliminaba la restricción en todos los casos, dejando una regulación parcial únicamente para el cambio de uso de hectáreas de bosque nativo incendiado (para un análisis detallado, ver Milei, la Ley de Tierras y la propiedad privada absoluta).

En su paso por las comisiones del Senado se eliminaron los cambios para zonas de bosque nativo (permanece la prohibición durante un plazo de 60 años) y, en el caso de tierras rurales, la prohibición baja de 60 a 30 años. Este capítulo de la ley es una invitación abierta a la destrucción del medio ambiente. Va en consonancia con la especulación inmobiliaria rural en el interior del país, pero también con la invitación al extractivismo exacerbado y la extranjerización de la propiedad rural que promulgan el resto de los capítulos del proyecto.

Los repetidos intentos de Milei y sus lacayos por derogar o cercenar la Ley de Manejo del Fuego son un ejemplo más de su aberrante negacionismo climático. Milei dice que el cambio climático es un invento de los marxistas woke. Mientras tanto, millones de hectáreas de bosque nativo se pierden año a año para que un puñado de grandes especuladores, extractivistas y terratenientes amasen fortunas a costo de los recursos y hábitats de toda la población. La lógica es de mercantilización total.

Aún con los tímidos cambios introducidos al texto por los aliados mileístas, rebajar la prohibición de cambio de uso de la tierra en zonas rurales es una invitación abierta al ecocidio. Milei insta a los terratenientes a quemar y destruir impunemente. Pero el ataque a la ley de Manejo del Fuego no es el único elemento anti ecológico en el proyecto redactado por Federico Sturzenegger.

El recorte de la Ley de Tierras Rurales, por ejemplo, dejaría sin protección territorios ecológicamente sensibles. “El 78% de los lagos quedaría sin protección específica ante la compra de tierras ribereñas, al igual que el 65% de los ríos. El 41% de las nacientes de agua podrían quedar alcanzadas por el mismo proceso de desregulación”. La modificación también trasladaría el poder de decisión sobre recursos y territorios estratégicos a la jurisdicción provincial. Esto pone el tema bajo la órbita de los gobernadores que negocian directamente con las grandes corporaciones extractivistas. Y, al trasladar el problema al interior del país, busca dividir las respuestas sociales, sacando el tema de la agenda política nacional.

Al mismo tiempo, el endurecimiento de la Ley de Procedimientos de Desalojo facilitaría el desplazamiento de comunidades originarias y rurales que, en muchos casos, son los primeros interesados en proteger la diversidad biológica y los bosques nativos que los grandes terratenientes y las empresas extractivistas quieren arrasar. Y el cercenamiento de la Ley de Expropiaciones limitaría las herramientas del Estado para recuperar recursos estratégicos o de valor ambiental en manos de propietarios privados. El combo total es netamente anti-ecológico. La lógica ecocida es parte fundante del proyecto político de la extrema derecha mileísta.

El sentido de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El tratamiento del proyecto comenzará el jueves 6 de agosto en el Senado. Desde marzo, el gobierno debió postergar el trámite legislativo en dos oportunidades por no contar con los votos necesarios para sancionar la ley. No es casual que el oficialismo elija iniciar el debate en el Senado. Se trata, por definición esructural, de la más reaccionaria de ambas cámaras. Y en ella tienen más peso los partidos provinciales y los gobernadores, entre los que Milei espera cosechar los votos que necesita para la media sanción.

Aún así, a una semana de la jornada, las perspectivas son inciertas. El gobierno no logró, de momento, asegurar los votos de sus aliados habituales. La indignación social generada por el carácter reaccionario de la ley salta a la vista. Sobre todo tras semanas cargadas de debate y discusión sobre los problemas del imperialismo y el colonialismo, con el evento masivo que significó la semifinal Argentina – Inglaterra en el último Mundial. Una ley que abiertamente impulsa la extranjerización de la tierra y los recursos cayó mal en los ánimos de la sociedad. Fue por eso que el gobierno decidió atrasar su tratamiento por segunda vez. Una encuesta de los últimos días marca que “el 77% de los consultados considera que deben mantenerse restricciones para la adquisición de campos por parte de extranjeros”.

A pesar del ruido parlamentario, no puede guardarse ninguna confianza en la voluntad de los diputados “opositores” para detener el proyecto del gobierno. Son los mismos personajes que vienen de sancionar la Reforma Laboral en febrero, dándole aire a Milei para presentar una batería de nuevas leyes regresivas. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es sólo una de ellas.

Su sentido político es contrarreformista en diversos niveles. Ideológicamente, busca sancionar el carácter absoluto de la propiedad privada de los capitalistas. Se lo sanciona como un derecho sagrado con el cual ningún interés social o general puede interferir. En lo ecónomico, se enmarca en el “modelo” económico de Milei, que buscar reconfigurar regresivamente el aparato productivo argentino. La tendencia que busca Milei y Sturzenegger es la destrucción de los entramados industriales que generan el 90% de los puestos de trabajo del país, para favorecer a los sectores que generan menos empleo: los grandes terratenientes del agro, las multinacionales extractivistas, los especuladores inmobiliarios.

La intención de fondo de dicho modelo no es solamente generar ganancias rápidas para los sectores capitalistas más concentrados, sino también imponer una derrota a la clase trabajadora argentina destruyendo sus condiciones de existencia: los grandes conglomerados urbanos de trabajadores estructurados alrededor de la industria y el comercio, con su intensa tradición de luchas sociales, culturales y políticas. En relación a este punto se delinea el verdadero carácter reaccionario del proyecto.

Políticamente, no se trata sólo de un proyecto de extranjerización de la tierra. Es un proyecto de desposesión de los trabajadores y las masas del país. Las modificaciones introducidas en la legislación no benefician sólo a los grandes propietarios extranjeros sino también a los autóctonos. El primer gran actor interesado en la derogación de la Ley de Manejo del Fuego es el conglomerado de patrones del agro, los principales opositores a su sanción original. Estos sectores argentinos no tienen problema en regalarle algunos trozos de país a propietarios ingleses, italianos o estadounidenses si eso les garantiza el derecho a quemar y talar miles de hectáreas.

El sentido último de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no es nacional sino de clase. El cipayismo mileísta es un rasgo de su esencia ultracapitalista. Su objetivo es borrar de la legislación cualquier impureza que limite o cuestione el derecho al uso y abuso de la propiedad privada capitalista como resultado de las luchas sociales.