A lo largo de la última semana, se realizó la audiencia pública para debatir la modificación de la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno nacional. Se inscribieron para participar más de 100.000 personas, pero solo 200 pudieron hacer uso de la palabra. Decenas de miles de voces opositoras, de distintos puntos del país, afiliaciones políticas, edades y trayectorias, fueron censuradas de manera autoritaria por el gobierno de Milei.
Entre las voces censuradas está la de Lis Lopez, referente del Nuevo MAS en Mendoza, militante en defensa del agua y co-autora de esta nota. Mientras tanto, la audiencia se llenó de representantes de las mega mineras, de empresarios megamillonarios que solo les interesa seguir aumentando sus ganancias (y que ni siquiera se habían anotado para intervenir). ¿Qué es lo que el gobierno no quiere que se escuche?
El contenido de la modificación de la ley
La ley de Glaciares 26.639, sancionada en el 2010, establece un blindaje de forma amplia a los glaciares y ambientes periglaciares, entendiendo que deben ser preservados porque son reservas estratégicas de agua dulce. Se prohíben actividades extractivas en estas zonas y se crea un inventario Nacional de Glaciares que está a cargo del Instituto Argentino de Nivología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que depende de CONICET y se encuentra en Mendoza. Se encarga de monitorear los glaciares argentinos, realizar inventarios, investigar el impacto climático y asesorar en temas de recursos hídricos y ambientales.
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Javier Milei, en su discurso durante el 12° Congreso de Economía Regional el año pasado en Corrientes, menciona que la idea de modificar la ley de glaciares “se la dio” el gobernador mendocino Alfredo Cornejo. El mismo que avanzó con reformas y aprobaciones mineras, pese a la falta de información técnica independiente denunciada por el CONICET, promoviendo la actividad extractiva en una provincia con graves problemas hídricos.
La modificación de la ley se busca justificar bajo el argumento de armonizar la legislación existente con el artículo 124 de la constitución nacional, que reconoce el dominio provincial de los recursos. La reforma convierte una barrera ambiental objetiva en una instancia negociable dentro de un esquema productivo. Hoy la ley de Glaciares funciona de manera directa: cuando el IANIGLA identifica un glaciar o un ambiente periglaciar, esa zona automáticamente está protegida y no se puede realizar actividades mineras en ella. El trabajo técnico activa de forma inmediata la protección.
Con la reforma propuesta, dicho mecanismo cambia. Aunque el inventario seguiría existiendo, el hecho de que un área esté identificada como glaciar o periglaciar ya no implica la prohibición directa. La protección dependería de una evaluación posterior sobre si esa zona cumple una “función hídrica relevante”, análisis que quedaría en manos de la autoridad provincial. Así, el instituto pierde peso en la aplicación práctica de la ley, mientras que la decisión final sobre permitir o no actividades en áreas sensibles se traslada a los gobiernos provinciales.
Sin embargo, no se tiene en cuenta que los costos ambientales potenciales – pérdidas de reservas estratégicas de agua en contexto de crisis climática- no son fácilmente cuantificables ni reversibles. Los ambientes periglaciares son zonas cercanas a los glaciares y, según los científicos, su función es la conservación térmica, actuando como reguladores de temperatura y funcionando como reserva hídrica invisible. Al descongelarse lentamente, los glaciares liberan agua de manera progresiva, alimentando ríos y arroyos de montaña reduciendo el riesgo de crecidas repentinas.
En áreas secas, como en Mendoza, los ríos de deshielo son la única fuente constante de agua y permiten el desarrollo del oasis productivo sosteniendo ciudades enteras. Por lo tanto, la modificación de la ley podría implicar un verdadero ecocidio, exponiendo comunidades enteras a la incertidumbre de que un accidente minero pueda alterar irreversiblemente las características ecológicas de una región, provocando la pérdida de actividades que dependen del agua de montaña.
Los negocios de la modificación de la ley
Esta modificación de la Ley de Glaciares que quiere pasar el gobierno, es parte de un plan de saqueo extractivista. Es parte del proyecto de Milei de rematar todos los recursos y bienes naturales de nuestro país, para que se los lleven en bandeja las empresas multinacionales. Convertir nuestra economía en una que solo exporta commodities y materias primas, hasta que ya no quede nada más que tierra arrasada, problemas de salud, e hiper precarización laboral. Porque eso es lo que queda en los territorios cuando los proyectos de megaminería contaminante pasan. Este modelo ya lo están probando en Mendoza, y fue rechazado en las calles de esta provincia, una y otra vez (ver “Mendoza rechaza la megaminería contaminante”).
Para impulsar esta modificación, Milei cuenta con la complicidad de los gobernadores provinciales que, con la excusa de generar riqueza para sus provincias, le están dando los votos al gobierno nacional para que se pueda aprobar en el Congreso. No solo los gobernadores como Cornejo, de afiliación radical-mileista, sino también los gobernadores peronistas entran en esa negociación, desconociendo que mucha gente los votó como oposición a Milei en las últimas elecciones.
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El gobierno autoritario de Milei pasa por encima de la voluntad popular cuando ignora el acuerdo de Escazú y censura a las miles de personas que se anotaron para intervenir en la audiencia pública. Pero los gobernadores peronistas también ignoran la voluntad popular cuando le dan la espalda a los votos que recibieron producto de una campaña en la que posaron de opositores al gobierno nacional y al saqueo extractivista.
Frente al ultracapitalismo ecocida, una salida anticapitalista
El gobierno ultracapitalista de Milei puede promulgar el negacionismo climático y afirmar que no existe el calentamiento global. Sin embargo, las cientos de miles de personas se anotaron para intervenir en la audiencia pública rechazan el negacionismo del cambio climático y, por el contrario, afirman desde distintos espacios y disciplinas científicas que los glaciares son reservas de agua dulce y reguladores climáticos importantísimos para la continuidad de la vida en la tierra, por lo cual deben ser protegidos. La mayoría de la sociedad no piensa, como dice Milei, que el cambio climático sea un invento del comunismo.
El negacionismo de Milei busca respaldar un proyecto de saqueo extractivista que es de índole ultracapitalista: priorizar las ganancias de las mega empresas multinacionales por sobre la vida de las personas y comunidades, los recursos de nuestro país, e incluso el futuro de la vida en este planeta. A ese proyecto hay que rechazarlo con una alternativa clara: desde el Nuevo MAS, junto a Manuela Castañeira, sostenemos que la salida es anticapitalista. Dar vuelta la lógica: nuestras vidas, las reservas de agua dulce, el futuro del planeta, tienen que ser prioridad, en detrimento de las ganancias de los capitalistas.
Como afirmamos en varias veces: no nos van a callar. El movimiento en defensa del agua y contra la modificación de la ley de glaciares va a continuar llenando las calles. Vamos a seguir diciendo bien fuerte que el agua no se negocia y que el capitalismo no va más.
