Si hay un ámbito de la vida en el que la llamada «falacia ad hominem» sí sirve como argumento válido es en el de la política económica. Es suficiente saber quien propuso esta ley para saber quién se verá beneficiado.

El llamado «Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial» presentado hoy por Alberto y Cristina fue propuesto originalmente por el «Consejo Agroindustrial». En la propaganda oficial se ha intentado mostrar a esta entidad patronal como una cosa completamente diferente a sus clásicos adversarios de la Mesa de Enlace… pero el «Consejo» incluye a todas sus entidades menos a la Sociedad Rural. Además están representados los empresarios vinculados al complejo agroindustrial: los que ganan con el campo pero no directamente con la tierra. Por ejemplo, la Bolsa de Cereales de Rosario y las Aceiteras.

Más allá de los detalles, las bases de la nueva ley son las del clásico dogma liberal de que si los patrones ganan más, se les cobran menos impuestos, se les «incentiva» llenando sus bolsillos entonces se creará nuevo empleo con las «nuevas inversiones». Esta idea fue, curiosamente, la que orientó toda la política económica del macrismo.

El proyecto es presentado de manera pomposa fundamentalmente a partir de sus «objetivos»: aumentar las exportaciones en 7 mil millones de dólares, alcanzar para el 2030 las 700 millones de toneladas de oleaginosas, legumbres y cereales y generar 700 mil puestos de trabajo. El contenido son antes que nada beneficios fiscales garantizados desde el Estado para las empresas del sector. Los «objetivos» tan bien intencionados implican que necesariamente menos impuestos a los ricos implican más puestos de trabajo y expansión de la producción. La experiencia demuestra que eso es al menos una cosa dudosa, cuando no una mera autojustificación.

La ley pone en evidencia que el gobierno no tiene otra estrategia de desarrollo económico que el de sostener el lugar que ya tiene Argentina en el mundo: uno dependiente, cuya industria «desarrollada» es la agroindustria y nada más, mientras el conjunto de la economía nacional languidece en el atraso.

Además, la propia realidad pone en evidencia las consecuencias de reforzar la rentabilidad del campo. Las exportaciones agropecuarias fueron para agosto ya un 75% más altas a nivel interanual. Las ganancias del sector fueron inmensas a lo largo de la primera década kirchnerista… Y sin embargo, nada dejó eso más que el crecimiento de ese sector mientras el resto del país se preparaba para entrar en una nueva crisis cuyo origen es precisamente el lugar que ocupa en el mundo y el carácter «seudo industrializado» (según palabras de Milcíades Peña) de su base económica.

En suma, las medidas fundamentales son las siguientes.

En los «lineamientos» de la presentación de la ley establece: «Otorgará previsibilidad a las cadenas de valor agrobioalimentarias con beneficios fiscales sujetos al INCREMENTO de la productividad. Se definen 5 criterios -producción, empleo, comercialización, exportaciones, inversiones-para establecer las líneas base de la incrementalidad». La «productividad» ya viene aumentando hace mucho tiempo de manera sostenida precisamente por su carácter extraordinariamente rentable. Lo hace también con un decrecimiento absoluto de los puestos de trabajo.

Los beneficios para los patrones:

«Amortización acelerada para nuevas inversiones». Como si las ganancias no fueran ya una cosa extraordinaria, incluso prometen que recuperarán lo invertido más rápidamente.

«Menor tiempo de devolución del IVA en nuevas inversiones». Mientras el común de los mortales tiene que pagar IVA por un paquete de fideos, los patrones de la agroindustria no solo ven como se les devuelve, sino que se acelera la devolución.

«Impuesto a las Ganancias para la hacienda: cambia el concepto de ‘tenencia’ por ‘realización’ para el cálculo». Mientras los trabajadores siguen pagando «ganancias», ahora los dueños de ganado lo pagarán solo cuando venden y no ya durante el período de crianza de animales. Es decir, pagan menos.

«Armonización de débitos fiscales en actividades agrobioindustriales con IVA diferente».

«Promoción para prácticas de cuidado ambiental y del suelo mediante un bono del 50% de la inversión como crédito fiscal para los insumos promovidos». El Estado da beneficios fiscales a quienes no contaminen, no destruyan el suelo… ¿Pero no es el propio Estado quien se supone controla que no se destruya el ambiente? La expansión del agronegocio en los últimos 30 años implicó el avance de la frontera agrícola, la desertificación de zonas enteras, etc. Ahora los que permitieron que eso suceda nos prometen que dejará de suceder si además el Estado les da beneficios a los resopnables.

«Promoción de la semilla fiscalizada para especies hortícolas, cereales, oleaginosas y legumbres mediante un bono del 50% de la inversión como crédito fiscal».  Vale lo mismo que la crítica al punto anterior.

Nadie, absolutamente nadie, más que los ricos del agronegocio se beneficia con esta ley. Los 18 millones de pobres anunciados hoy por el INDEC pueden alegrarse por la prosperidad de otros. Los que ya eran prósperos.