Legalidad partidaria, dictaduras militares y democracia de ricos



     

     

    Algunas enseñanzas de la experiencia histórica –

     

     

     En tiempos de democracia burguesa, la obtención de la legalidad partidaria por parte de las organizaciones revolucionarias es una de las tareas más arduas y engorrosas, pero invalorable para llegar con sus posiciones programáticas al movimiento de masas en el momento de las campañas electorales. Y aún antes, en el transcurso de la misma campaña de recolección de adhesiones y afiliaciones, permite establecer un contacto con un sector más amplio que el auditorio habitual de la vanguardia y los luchadores.

    Pero esto que se transforma a la vista de todos como un “trámite” indispensable ante la justicia electoral para tener el derecho a hacer campaña como el resto de los partidos y presentar una boleta en el cuarto oscuro el día de las votaciones, no es producto de la nada.

    Es posible porque es el resultado de una relación específica de la lucha de clases que abrió la posibilidad de establecer un período de democracia burguesa, donde los mecanismos institucionales de ésta son los que dominan y marcan el compás de las relaciones entre opresores y oprimidos en la sociedad capitalista. Hay momentos donde estas instituciones “vuelan por los aires” producto de un golpe militar o una revolución social. O llegan a un desprestigio casi terminal como ocurrió en la rebelión en Argentina del 2001 del “Que se vayan todos”.

    Pero para que caigan estos pilares de la democracia burguesa tienen que haber cambios profundos en las relaciones de fuerza que se consoliden en una superestructura política (juntas militares, organismos de poder de la clase obrera y el pueblo) que impongan esa nueva relación.

    El gobierno de facto presidido por el general Jorge Rafael Videla impuso el 24 de marzo de 1976 ese “broche de hierro” a la etapa democrática. Para asegurarlo, no sólo apeló a la represión física, sino también lo consolidó en una nueva legislación que partió de atacar las libertades sindicales y políticas. Y al atacar a éstas, fue un ataque al corazón del agrupamiento independiente del movimiento obrero y popular, para cuyas organizaciones participar activamente de la vida sindical y política era una conquista inestimable. Más aún para aquellas que eran revolucionarias.

    “…uno de los primeros actos de Gobierno de la Junta Militar, que por sí y ante sí se arrogó el poder supremo de la República, fue suspender la actividad de los partidos políticos, suspensión que alcanzó por igual a todos ellos, incluso el Partido Socialista de los Trabajadores. (…) Pero los demás partidos no sufrieron el trato diferencial al que se sometió al Partido Socialista de los Trabajadores, ya que mientras los demás partidos mantuvieron la administración de su patrimonio, el Partido Socialista de los Trabajadores sufrió el allanamiento y clausura de todos sus locales y la confiscación de todos sus bienes. (…) El trato desigual y arbitrario otorgado al Partido se consolidó en junio de 1976. Por la ley 21.323 se prohibió expresamente toda actividad política en todo el territorio de la Nación estableciendo penalidades para los ciudadanos que desacataran la ley y realizaran actividad político-partidaria. (…) Resulto éste así privado de su personería política-electoral, legítimamente adquirida, lo que implica una verdadera sanción penal, una auténtica muerte civil, sin fundar esa resolución en ley anterior al hecho del proceso, sin que mediara el debido proceso legal, ni se le permitiera la libre defensa en juicio de la persona y de sus derechos.”

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    “Y al dar al PST un trato más severo que al de los demás partidos, igualmente legítimos, que existían  legalmente el 24 de marzo de 1976 y amenazando a quienes continuaran su militancia en él con penas más severas que las asignadas a quienes militaran en otros partidos, se violó el principio de igualdad ante la ley, garantizado por el artículo 16 de la Constitución Nacional y base fundamental de todo Estado de Derecho”. (Fragmentos del Memorial entregado por el doctor Enrique Broquen (1) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en setiembre de 1979).

    Por ley 21.325 se decretó la disolución de diversas asociaciones políticas, entre las cuales se encontraba el PST, así como se prohibió toda actividad sindical, de asociación estudiantil, artística o de cualquier índole, así como estableció la censura previa a la prensa.

    Para que no quedaran dudas, para imponerse sobre los explotados y oprimidos también liquidaron los mecanismos democráticos de la burguesía. Éstos eran un reflejo distorsionado pero real de las nuevas relaciones de fuerza impuestas por el movimiento obrero tras la caída de la dictadura de Lanusse y el gobierno del general Perón. No tenían que dejar rastros de ellos para poder ejecutar su  operativo de liquidación física de la vanguardia hasta el final.

     

    La lucha antidictatorial se transformó en lucha contra los gobiernos democrático-burgueses

     

    En un proceso que empezó con una atomizada pero dura resistencia obrera, el grito de ¡Abajo la dictadura! inundó el país en forma unánime. Pero ahí terminaba la unanimidad entre las clases sociales en pugna. La Multipartidaria (2) se organizó para la salida democrático-burguesa. Los revolucionarios para la caída revolucionaria que abriera una etapa de lucha global contra el régimen y el sistema. Las fuerzas burguesas ganaron la pulseada. Aunque con  contradicciones; fue una caída del régimen militar que trajo sus consecuencias de desgaste profundo para la clase burguesa y sus instituciones, fundamentalmente las FFAA.

    Mirá también:  Las movilizaciones en todo Brasil contra el neofascismo #Ele nao

    Se abrió otra etapa de relaciones entre las clases y un  período de democracia burguesa que tenemos hasta el día de hoy, que ha tenido sus profundas oscilaciones. Período que los revolucionarios rescatamos como una conquista del movimiento de masas y que favorece su lucha y organización independiente, pero contra el que peleamos a brazo partido y contra el que prendemos la luz roja sobre sus peligros.

    Es una conquista-trampa que puede obnubilar a más de uno si deposita un gramo de confianza en la salida dentro de estas instituciones burguesas. Y si no llega a tapar del todo la visión, sí puede marear a más de uno que piense que si consigue muchos votos, su traducción  mecánica es que esos trabajadores son parte de su partido y ya adhieren a su programa.

    Desde el Nuevo MAS festejamos este enorme triunfo partidario, reflexionando sobre su profundidad y alcances, al mismo tiempo que lo ponemos a disposición de las luchas obreras, de la juventud y de todos los oprimidos y para levantar una salida socialista unitaria en estas elecciones.

     

    Ana Vázquez

     

    Notas

    • Compañero abogado del PST que fue figura destacada en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura.
    • Fue una alianza constituida por la UCR, el PJ, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Intransigente y el Movimiento de Integración y Desarrollo, a la cual posteriormente adhirieron partidos menores, la Iglesia y la burocracia sindical, cuyo objetivo era el retorno a la democracia burguesa. El 16/12/82 convocaron a una marcha multitudinaria bajo el lema: Marcha del Pueblo por la Democracia y la Reconstrucción Nacional. El PST llamó a no concurrir.
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