Las universidades nacionales ingresaron a su tercer año de ahogo presupuestario bajo el gobierno de Javier Milei. La magnitud del ajuste es histórica, sin precedentes en la historia reciente, y pone a las 61 universidades nacionales, así como a decenas de organismos ligados a la educación, ciencia e investigación al borde del colapso.
Tras obstaculizar por enésima vez la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (sancionada y ratificada por el Congreso Nacional), el gobierno mileísta está ejecutando unilateralmente un presupuesto educativo absolutamente insuficiente. Como para sumarle un grado de provocación a la desidia, el mileísmo presentó el mes pasado un proyecto propio en el Congreso, desconociendo de forma absolutamente ilegítima la vigencia de la Ley sancionada el año pasado.
Un ajuste oscurantista sin precedentes
Un informe publicado hace pocas semanas por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) da algunos índices de la magnitud histórica del ajuste sobre la educación superior. Yendo a los números concretos, el presupuesto universitario en ejecución para este año (determinado unilateralmente por el gobierno en el Presupuesto 2026) implica una reducción en términos reales de al menos el 45,6% respecto al del año 2023, cuando asumiera el gobierno libertario.
El recorte es brutal: el presupuesto universitario cayó al menos a la mitad de su valor respecto a dos años y medio atrás. La inversión presupuestaria por estudiante cayó más del 50% entre 2023 y 2025, pasando de más de $3.000.000 a $2.000.000 al año por estudiante. De conjunto, el gasto en educación universitaria pasó del 0,7% del PBI en 2023 al 0,4% en 2025, el nivel más bajo desde 2005.
El grueso del recorte en términos nominales está dirigido a los salarios docentes y no docentes, que abarcan el 86,9% del presupuesto total, frente al 13,1% contenido en los gastos de funcionamiento universitario. El gasto salarial en el período comprendido se redujo un 43,2%. Pasó de 7,5 billones de pesos (a valor actuales) en 2023 a 4,2 billones en el presupuesto ejecutado en 2026.
Los gastos de funcionamiento implicaron un recorte menor en términos de masa, pero mucho más acentuado proporcionalmente. En el mismo período se redujeron un 57%, desde 1,3 billones en 2023 a sólo medio billón en 2026. El recorte es tan grande que muchas universidades tuvieron que buscar fuentes alternativas de financiamiento y usar recursos propios para no cerrar sus puertas. La Universidad de Moreno, por ejemplo, tuvo que cubrir con recursos propios el 36% de los gastos de funcionamiento.
La reducción comprende la directa desaparición de distintos programas y partidas presupuestarias relacionadas al desarrollo universitario, la ciencia y la técnica. «Entre 2023 y 2026, las Acciones Universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional (FUNDAR) se redujeron 89,7%; el Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades, 77,4%; el Desarrollo de Proyectos Especiales, 91,6%; el Desarrollo de Institutos Tecnológicos de Formación Profesional, 71,6%; y la Promoción de Carreras Estratégicas, 77,4%».
Aún si se aplicase la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, el recorte de los gastos de funcionamiento seguiría siendo considerable. Quedaría en torno a un 36% por debajo de los valores de 2023. Dicha ley contempla mayormente la recomposición de los salarios docentes al nivel de 2023 (de aplicarse, quedaría en valores similares, en torno a un 2% arriba del nivel original).
El proyecto de ley presentado por el mileísmo (y publicitado por el deslomado Adorni) busca claramente legalizar el ahogamiento presupuestario actual. Frente a la reducción actual del 43% en salarios, propone achicar el recorte hasta el 36,7%. De los 2,7 billones de pesos de aumento estipulados por la Ley de Financiamiento Universitario, el proyecto mileísta elimina 2,5 billones, reduciendo la propuesta de aumento de la masas salarial al 4,3%. En cuanto a gastos de funcionamiento, la caída actual del 57% sería de tan sólo el 50%.
Con la «propuesta» de Milei, los salarios docentes seguirían cayendo ininterrumpidamente durante todo el 2026, como muestra la siguiente proyección.
A esto hay que sumar el recorte de distintas partidas presupuestarias no contabilizadas formalmente entre gastos salariales ni gastos de funcionamiento universitario. Las partidas de financiamiento de las Becas Progresar, por ejemplo, quedaron en 2025 en el 26% de lo ejecutado en 2023, una reducción de casi el 75% en términos reales. Para 2026, el financiamiento de estas becas acumula una caída del 95% respecto al 2023.
Miseria salarial para quebrar a los docentes y nodocentes
Los salarios universitarios son el ítem que comprende la mayor parte de la masa del recorte mileísta. Voceros del CIN (Consejo Inter – Universitario Nacional, que agrupa a los rectores de la universidades nacionales), señalan que el valor real de los salarios docentes están en el nivel más bajo desde 2002, el año post default y del estallido social.
Con variaciones según la medida tomada, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y nodocentes respecto al momento de asunción de Milei está en torno al 47% en términos reales. «Para tener una magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023. Esta situación ubica, en la actualidad, a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia«.
Lo acuciante de la situación queda claro al ver el desglose de las categorías salariales de docentes y no docentes. De las 7 categorías no docentes, sólo dos están por encima de la línea de pobreza. Y de las 16 categorías docentes, sólo una escapa a la línea de pobreza (hoy en $1.360.000 según el INDEC, un cálculo hiper conservador). Es la de Titular con dedicación exclusiva, es decir, un cargo titular de 40 horas semanales. De las 15 categorías restantes, 9 están bajo la línea de indigencia ($600.000).
Si para un titular, asociado, adjunto o JTP (es decir, un docente con alguna trayectoria y carrera realizada) se trata de luchar por arañar la línea de pobreza, para un estudiante avanzado o un profesional recién recibido que ingresa a una cátedra, el salario en mano es de menos de $200.000. Años de formación y estudio para cobrar el valor de un par de kilos de carne.
La situación salarial es verdaderamente acuciante. Si se realizan proyecciones más largas, se ve que el salario docente universitario está cayendo ininterrumpidamente al menos desde 2015, más de diez años atrás. La pérdida salarial sancionada por Milei en dos años es mayor al desgaste de los salarios durante los 8 años anteriores.
Es evidente que el objetivo de Milei en este punto es doble. No se trata solo de recortar gastos en el ítem salarios sino de disciplinar al colectivo de trabajadores universitarios y a la comunidad educativa en general. Pagarle 160.000 pesos a un docente universitario que estudió 5, 7 o 10 años es una provocación económica y simbólica, es un intento de borrar la legitimidad social de las universidades argentinas y de quienes trabajan en ellas día a día.
De la desidia a la desacumulación: la nueva fuga de cerebros
Los salarios rozando la indigencia se suman al recorte del financiamiento a la investigación y la ciencia para generar una nueva fuga de cerebros en la Argentina, que recuerda necesariamente a la salida de intelectuales durante la última dictadura y el menemato.
Según el CIN, para mediados de 2025 ya habían renunciado al sistema universitario público unos 10.000 docentes debido a los bajos salarios. En muchos casos, los profesores se ven obligados a buscar ocupación en otros rubros cuando sus salarios no les permiten siquiera pagar la SUBE para trasladarse hasta la universidad. A principios del ciclo lectivo 2026, la Facultad de Agronomía de la UBA emitió señales de alarma después de que renunciaran 83 docentes e investigadores, además de trabajadores no docentes y varios pedidos de jubilación anticipada.
Este escenario se completa con la fuerte desinversión en ciencia y técnica operada por Milei en distintos organismos no universitarios. Sólo en el primer año de su gobierno se realizaron 2.700 despidos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Hacia fines del 2025, el CONICET ya acumulaba 2.074 despidos. El INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) perdió al 25% de su plantilla de trabajadores, con casi 800 despidos. Y en el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) hubo otros 720 despidos, el 10% de los empleados.
Ningún organismo de investigación escapa a los recortes. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó un 83% en términos de presupuesto. El Servicio Geológico Minero un 32%, el CONAE un 32%, el CONICET un 32%, el CONEAU un 15%, el Servicio Meteorológico Nacional un 36% y la Fundación Miguel Lillo un 27%.
Se trata evidentemente de un ataque global contra el entramado académico, científico y tecnológico del conocimiento en todo el país, que obviamente tiene consecuencias sobre la economía y la producción local. Es parte de la impronta oscurantista de Milei, una matriz de pensamiento político que desprecia la ciencia y el pensamiento crítico para favorecer la decadente lógica hiper mercantilizada de la ganancia fácil sin desarrollo de ningún tipo. La lógica del proceso es clara: ¿qué incentivo tiene la población trabajadora para producir profesionales, técnicos y científicos cuando la mejor oferta del capitalismo estilo Milei es un salario de $160.000? No es de extrañar que miles de docentes e investigadores estén buscando un traspaso al sector privado o directamente pensando en migrar a otros destinos.
La tendencia resultante es hacia la desacumulación en términos de conocimiento, tecnología y desarrollo productivo autóctono. Es el corolario académico para el proyecto de «país bananero» que impulsa Milei. Esta orientación atrasa décadas el desarrollo local, porque erosiona los núcleos científico – tecnológicos del país (pocos pero reales en términos relativos para una región como Latinoamérica), desacumulando conquistas anteriores. No puede ser de otra manera en la medida que se destruyen los puestos de trabajo y el capital humano (como le gusta decir al ultraderechista Milei), los profesionales capaces de encarar estos desarrollos.
No hace falta ir al largo plazo para ver las consecuencias de este plan oscurantista. Ya hay ejemplos que afectan la calidad de vida cotidiana de la población argentina.
Es el caso de los hospitales universitarios de la UBA, que recibirán un 30% menos de presupuesto que el año anterior. Por este recorte «se verán afectadas instituciones clave en la salud pública como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, todos dependientes de la Universidad de Buenos Aires, que atienden en promedio a más de 700 mil pacientes por año«. El año pasado, el Instituto Roffo estuvo varios meses sin un solo mamógrafo por el ahogo presupuestario.
La salud es uno de los campos más golpeados en lo relativo a ciencia y técnica. Por poner algunos ejemplos, el Instituto Malbrán (que investiga enfermedades como la polio, el mal de chagas y otras) sufrió un recorte del 24% entre 2023 y 2025. La ANMAT, por su lado, perdió el 28% de su presupuesto en el mismo período.
UBA: excelencia académica, ahogo presupuestario y disputa democrática
El caso de la UBA es emblemático de la situación universitaria nacional. Se trata de la principal universidad de la Argentina, con una matrícula que ronda los 350.000 estudiantes distribuidos en 13 facultades. Es casi el 15% de la matrícula de las 61 universidades nacionales del país. El panorama de desidia presupuestaria se repite en las 13 facultades, con distintas especificidades en cada caso.
En el último ranking internacional, 5 carreras de la UBA volvieron a aparecer entre las 50 mejores del planeta. Es el caso de Letras, Ingeniería del Petróleo, Antropología, Derecho e Historia del Arte. Tres de ellas se dictan en la Facultad de Filosofía y Letras, ubicada en la sede Puán. En las últimas semanas, la agrupación estudiantil ¡Ya Basta! denunció la presencia de ratas en el edificio, que arrastra condiciones paupérrimas irresueltas desde hace años. También se notificó la clausura o el estado inutilizable de la mitad de los baños de la facultad. Hay que sumarle mobiliario absolutamente obsoleto y recortes en la oferta horaria.
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Incluso hubo intentos de cierres de cátedra motorizados por el decano Ricardo Manetti contra la histórica cátedra Gramática «C», que posee una perspectiva teórica única en su tipo. Este es un ejemplo del papel reaccionario cumplido por los rectores y decanos agrupados en el CIN, que responden al radicalismo y el peronismo en sus distintas vertientes. Al tiempo que Milei atenta contra la tradición de calidad educativa por medio del ahogo presupuestario, los decanos y rectores (radicales y peronistas) acostumbran atentar contra otro de los vectores de la calidad académica argentina: la libertad de cátedra, el derecho a la organización estudiantil y las tradiciones democráticas de la universidad pública argentina.
Sucede que la tan mentada excelencia no es fruto de ningún prodigio cognitivo ni pedagógico nacional. Es una conquista obtenida luego de todo un siglo de luchas y procesos de organización originados en la comunidad educativa, y especialmente entre el movimiento estudiantil. Es así por la importancia de las luchas estudiantiles para garantizar el acceso a la educación superior, pero también por los elementos democráticos que le imprimen a la vida universitaria argentina.
Uno de los elementos fundantes de la calidad de la UBA y de la educación universitaria argentina en general son las tradiciones de organización que forman parte integral de la vida universitaria, garantizando la libertad de cátedra y poniéndole límites a las arbitrariedades de sucesivos gobiernos, así como de las camarillas de rectores y decanos.
Es un elemento que vale retener en momentos de crisis presupuestaria y ataques oscurantistas. La lógica hiper mercantil de la ultraderecha amenaza la existencia misma de la universidad pública. Desde el vértice exactamente opuesto, la única garantía para defenderla radica en la organización de la comunidad educativa y, sobre todo, del movimiento estudiantil. Los verdaderos garantes de la excelencia universitaria son las nuevas generaciones, la juventud anticapitalista que cuestiona a la ultraderecha y pelean por una educación y un futuro que valgan la pena.
