Mientras Larreta y Acuña se muestran “preocupados” por la pérdida de días de clases, se tapan los ojos frente a los visibles reclamos de estudiantes y docentes que el martes pasado confluyeron en las calles para defender la educación pública.

La ministra de educación de CABA, Soledad Acuña, dejó en claro la semana pasada cuál es su posicionamiento frente a las demandas de los estudiantes: «No vamos a discutir el problema de fondo, vamos a discutir las formas».

Ni las precarias e insuficientes viandas, la falta de un horario de almuerzo en escuelas de jornada completa, ni el estado edilicio deplorable de las escuelas, ni las pasantías forzadas que encubren trabajo gratuito para empresas amigas de Larreta son problemas atendibles. Lo único importante es la victimiización del gobierno porteño por las tomas de más de 20 secundarios por parte de sus estudiantes a quienes se los amedrentó con policía y causas penales.

“Son ellos quienes tendrán que asumir con su patrimonio el costo por cada jornada escolar perdida» aseveró Acuña para demandar a las familias de los estudiantes con 1,5 millones de pesos por cada día de toma. Así, las órdenes del gobierno de CABA al Poder judicial y a la policía que se hizo presente en plena noche en los domicilios de los estudiantes, como en las épocas más oscuras del país, no tardó en ejecutarse.

La defensoría del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires citó a principios de mes a autoridades de las escuelas en conflicto, representantes de los centros de estudiantes y a la ministra de educación. Acuña no asistió para escenificar su intransigencia frente a los reclamos.

Los docentes, por su parte, no pueden más que empalmar con el malestar frente a las pésimas condiciones de trabajo con salarios que no cubren los costos de vida frente a la extrema inflación que corre, sumado al intento de Larreta por sumarles un día de capacitación los sábados desconociendo los derechos laborales de los trabajadores.

Todos estos reclamos, que son levantados hace años por la comunidad educativa, responden a una realidad inequívoca: en la ciudad más rica del país, el presupuesto en educación se recorta año tras año. La reducción de los fondos dirigidos a este ministerio es escandalosa. Mientras en el año 2013 la asignación presupuestaria representaba el 24,24% del total, el año pasado fue de 17,17%. Y si se toma el parámetro del 2011, el tijeretazo en términos reales fue del 14%.

Detrás de la frialdad objetiva de los números, las consecuencias se pueden visibilizar en casos extremos como el de Maylén de 11 años que murió en agosto por desnutrición pese a los desesperados reclamos de mejoras en la alimentación de sus docentes en una escuela en la villa 21.

“En democracia se discute de otra manera, no cerrando escuelas” aseguró impunemente Acuña mientras desde su coalición de gobierno no les tembló el pulso en prohibir el uso de lenguaje inclusivo, demonizar y bastardear en los medios a docentes y estudiantes, incluso tomando medidas sin precedentes en la historia reciente como el envío de policías a los domicilios de los estudiantes.

De igual forma, los intentos sistemáticos del gobierno larretista en avanzar con una política “anti-educativa” chocan con una comunidad educativa que se muestra vital en defender la educación pública, como demostraron multitudinariamente esta semana.