El funcionario eyectado de la Superintendencia de Servicios de Salud (organismo que regula y controla la caja de las obras sociales) fue reemplazado por el señor Manuel Oriolo, como superintendente, quien se desempeñó hasta fines del año pasado como gerente de Procesos y Operaciones de OSDE y el señor Claudio Stivelman fue nombrado como gerente general del organismo, quien realizó tareas de Seguridad Social y manejo de obras sociales, entre las que se incluyen el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas.

¡Ambos con una chapa acorde a los aires que corren en el gobierno mileísta!

En esta oportunidad, bajo el lanzazo de la Ley Ómnibus y el DNU del nuevo gobierno, el tema ha quedado “diluido”, no es tapa ni comentario principal de los dirigentes de las centrales ni del gobierno.

Pero no significa que, entre bambalinas, sí lo sea y esté en primera fila en las preocupaciones de los sindicalistas.

El control de esa caja es estratégica para el manejo y el financiamiento del dinero de las Obras Sociales. A nosotros nos descuentan de nuestro salario (o jubilación) y desde la visión de ese monto escrito en el recibo de haberes perdemos totalmente el control sobre lo que hacen con nuestro dinero.

En esta embestida superlibertaria, no solamente, desde ya, seguimos sin tener la mínima idea de lo que hacen con nuestros aportes, sino que, además, orientan esa administración con fuerte presencia del sector privado, prepagas y todas las empresas que actúan junto a ellas. En una situación límite en el nivel de deterioro de la atención de la salud al conjunto de la población trabajadora y de bajos recursos.

Como señalamos, el nuevo administrador es un señor vinculado a la gran prepaga OSDE. Los jefes sindicales no han dicho nada, absolutamente nada, sobre la nueva designación. Esas opiniones las charlan entre ellos, en reuniones supersecretas, donde tejen sus acuerdos y sus negocios.

Nosotros, más que nunca, frente a estas duras medidas contra los/as trabajadores/as y sus derechos, debemos estar alertas para seguir enfrentándolas, como lo hicimos el 24 de Enero. Si cambian a un administrador por otro, no modifica el contenido de las reformas proempresariales, entre ellas, el avance en la privatización de la atención de nuestra salud, convirtiéndola aún más en un negocio para favorecer a los empresarios que se dedican al rubro.

La única preocupación de los Moyano y compañía es que nombren a sus “amigos”, la nuestra es que nuestros aportes estén al servicio de mejorar nuestra atención de la salud y la de nuestras familias.

Desde este espacio y desde todos los que tengamos para expresar la voz de los/as de abajo, manifestamos claramente que nos oponemos y lucharemos incansablemente porque la salud sea un derecho, que los descuentos para la atención de la salud sean en nuestro beneficios, no de los empresarios ni sindicalistas de turno.