Lejos de atacar el verdadero problema alrededor de las denuncias penales contra abusos, violaciones, acoso, etc. – es decir, la impunidad que de distintas maneras garantiza la justicia patriarcal – este proyecto de ley contra las «falsas denuncias» busca silenciar aún más a las víctimas.

Esta iniciativa se presenta a pocas semanas del Congreso realizado en la Facultad de Derecho de la UBA sobre el falso Síndrome de Alienación Parental (falso SAP) donde se disertó contra las madres que acompañan a sus hijes en las denuncias de abuso y violencia contra sus progenitores.

Esta seudo teoría fue promulgada por un pedófilo confeso yanqui en la década del ’70, Richard Gardner, que defendía las relaciones entre “menores y adultos con fines recreativos”, y es negada por todas las disciplinas intervinientes en este tema – médicas, psiquiátricas, psicológicas, etc.– excepto por la justicia.

El falso SAP argumenta que la mayoría de las denuncias de abuso o violencia contra el progenitor varón, son impulsadas por las “madres frustradas o enojadas” luego de divorcios o separaciones, que le “lavan el cerebro” a les niñes para que acusen a sus padres. Sus argumentaciones son tan pobres en términos científicos que han sido rechazadas por la mayoría de las Escuelas y Colegios profesionales, y el año pasado la ONU instó a los Estados Partes a no utilizar este concepto en los fallos judiciales por ir en contra del Interés Superior del Niño, invocado en todos los tratados internacionales sobre derecho de la niñez.

El proyecto de Ley presentado por Carolina Losada, Diputada del radicalismo, y Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, recupera todos los mismos argumentos, sin cambiarle una coma.

Junto con esto, hace unas semanas el gobierno de Milei y Villaruel lanzaron una campaña inquisitoria contra 4 autoras de libros de escuela media, particularmente contra Dolores Reyes y su obra Cometierra. Denunciando que estas obras alentaban la pornografía y la pedofilia, atacaron libros que se utilizan particularmente en las clases de ESI, donde se han posibilitado el 80% del total de las denuncias realizadas por abuso sexual en la infancia.

Unos días después la vicepresidenta realizó una conferencia en el Senado donde extendió el ataque directamente a la ESI, acusando de ser una herramienta que le quita poder a las familias (como digresión dejamos dicho que recientemente la ONU publicó un informe donde da cuenta que el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres, donde se comenten más del 60% de los femicidios), le lava la cabeza a les niñes y adolescentes, y quita tiempo del verdadero conocimiento que sería Lengua y Matemáticas.

A esta altura está claro que el proyecto de ley presentado es parte de un ataque global a una de las conquistas más grandes del movimiento feminista: que las víctimas tengan voz, incluso si son niñas, niños, niñes o adolescentes.

Luego del Ni Una Menos que puso en la agenda como un problema social la violencia patriarcal, Thelma Fardín pudo denunciar al abusador Juan Darthés, y bajo la consigna Mira Cómo Nos ponemos, la Línea de atención 144 estalló en llamados de todas esas mujeres que se animaron a hablar.

Pronto creció la campana #YoSiTeCreo de víctimas de abuso sexual en sus infancias, que podían empezar a contar lo vivido, aunque hubieran pasado muchos años. Y ahí otra pelea: contra la prescripción de los delitos sexuales. Y junto con ellas, también se fortalecieron las figuras de las Madres Protectoras, madres que frente a la denuncia de sus hijes de haber sido víctimas de alguna violencia, no sólo tomaron todas las medidas de necesario de resguardo, si no que pelearon contra todo tipo de atropello de la justicia patriarcal.

El caso de Arco Iris y su mamá es un claro ejemplo de lo que estas mujeres valientes tienen que atravesar: luego de que la justicia patriarcal ordenara la revinculación forzada de Arco Iris con su padre abusador (un hombre vinculado al poder político de La Rioja) y en contra de todas las pericias y evaluaciones profesionales especializadas, Delfina, su madre, viajó a Buenos Aires con su hija para protegerla. Actualmente Delfina tiene prisión domiciliaria por supuestamente secuestrar a su propia hija, en un intento de adoctrinar a todas las madres que defienden a sus hijes.

El conocido “Backslash” es una estrategia de los abusadores y violentos, amparados por la justicia patriarcal, para contraatacar penalmente a quienes acompañan niñes y adolescentes en sus procesos de denuncias, ya sean madres, familiares, profesionales etc. Y es una estrategia que se viene aplicando hace años. Pero esta nueva ofensiva es una escalada, no sólo porque están intentando consolidar estos ataques en Ley, sino porque son impulsadas desde el propio gobierno.

Pero veamos un poco más de cerca este proyecto de Ley, y por qué nada, pero absolutamente nada de su contenido, tiende a reparar los daños que significa un problema tan profundo y extendido como los abusos y violencias sexuales, especialmente aquellos cometidos contra niñes y adolescentes.

Los defensores del proyecto de ley hablan de “falsas denuncias” pero no pueden dar cuenta de ningún dato en concreto. La vicepresidenta Villarruel refirió que el 7% de las denuncias por abuso sexual a niñes o adolescentes son falsas, mientras que el Observatorio de Falsas Denuncias (aliados en esta campaña reaccionaria) habla de números que representarían hasta el 50%. En ningún caso pueden dar cuenta de dónde salen esos datos (el Observatorio por ejemplo cita una estadística yanqui que se realizó de manera virtual abierta a quienes quisieran participar, y sin vinculación con los procesos judiciales vigentes al momento), ni tampoco sobre la base de qué criterio se define cuándo una denuncia es falsa.

Cuando una persona denuncia un hecho como este se abre un laberinto administrativo judicial, en el que la víctima es sometida a infinidad de pericias, declaraciones y todo tipo de inventos que en gran cantidad de casos terminan desalentando el proceso. ¿Acaso una denuncia es falsa cuando no se lograr una condena para el denunciado? Porque esto ocurre en la mayoría de los casos, a instancia de jueces y fiscales entrenados para descreer de las víctimas, especialmente mujeres y niñes.

Por otro lado, la especificidad del trauma generado por este tipo de violencia implica necesariamente un proceso subjetivo en la víctima que supone mecanismos defensivos que hace que los eventos no puedan ser relatadas exactamente como ocurrieron, en forma cronológica, y en muchos casos hasta confundiendo escenarios y personas. Es parte del deber judicial investigar con conocimiento de la temática, y poder determinar la veracidad y responsabilidad del hecho denunciado. Con esta nueva ley que quieren imponer, no se podría denunciar en situaciones de sospecha, o de indicios de posibles abusos: sólo hay que ir a la justicia con el trabajo de investigación ya realizado, deber de las fiscalías y juzgados. Es decir, frente al miedo de ser denunciada o denunciado por falsedad, es esperable que muchas víctimas se atemoricen a la hora de decidir avanzar en un proceso judicial.

Algo que ya sabemos que ocurre con los abusos que son silenciados por años, ya sea por miedo a represalias, por miedo a la estigmatización y que el relato no sea creído, o incluso por la dificultad de hablar de hechos tan traumáticos en una sociedad donde, si bien se pudo avanzar mucho en sacar del tabú estas violencias, todavía la mirada culpabilizadora o revictimizante tiene peso. Muchas personas adultas pueden denunciar después de años de haber sido víctimas, de ahí la importancia de la imprescriptibilidad de estos delitos.

Por otro lado, un argumento que se está utilizando para defender este proyecto de Ley, es que se resuelve demasiado rápido y con el sólo relato de la víctima. En primer lugar, las medidas precautorias, es decir las que se toman ni bien se realiza una denuncia, tienen que ver con poder garantizar protección frente a una posible situación de riesgo; prevenir que un hecho que podría estar ocurriendo continúe, o que se ponga en mayor riesgo a la o el denunciante. Por eso se llaman precautorias.

Por ejemplo, un niño que en la escuela cuenta que está siendo abusado por un familiar, no puede volver a estar en contacto con esa persona hasta que se resuelva la veracidad y gravedad del hecho. Hay que tener en cuenta también, que por la complejidad del trauma al que nos referimos más arriba, la respuesta del entorno de quien denuncia es muy importante, para poder procesar, de la manera más sana posible, un hecho que puede dejar graves secuelas.

De ahí la importancia de medidas rápidas que protejan. En todo caso, hay un claro problema con las dilaciones judiciales que se toman meses y hasta años en resolver sobre cada denuncia, lo que puede llevar a que esas medidas precautorias también se dilaten. Una vez más, ponemos sobre la mesa la responsabilidad de la justicia patriarcal y burguesa cuyo accionar está cada vez más alejado de los intereses de las víctimas. Esto mismo podemos decir de la cantidad de gente que está detenida por cualquier otro delito durante años sin ninguna condena (que según datos del propio Ministerio Público Fiscal serían casi un 50% de la población total encarcelada) y que en muchos casos se termina comprobando su inocencia, tema que a los fachos del gobierno no les interesa tanto, porque no le sirve para hacer ninguna campaña en contra el feminismo.

Es decir, no es cierto que las medidas precautorias sean un problema, y mucho menos cierto es que la justicia tome medidas sólo con el testimonio de las víctimas: lo que más bien ocurre es el descreimiento y la revictimización de tener que contar una y mil veces lo sucedido. Un claro ejemplo de esto es que en alrededor del 30% de los femicidios cometidos este año existía denuncia y/o medida judicial vigente. ¿En serio nos quieren hacer creer que el problema de la violencia y abusos son las denunciantes?

El proyecto de ley presentado por el radicalismo y la Libertad Avanza, e impulsado por sectores que hace años militan en la defensa de la pedofilia, no busca resolver ninguno de los problemas reales a los que se enfrentan las víctimas de estos delitos: ni la dilación en las investigaciones, ni la falta de medidas de cuidado necesarias, ni tampoco el escaso acceso a la justicia para las víctimas.

Está claro que es parte una campaña contra el feminismo, las mujeres, diversidades, niñes y adolescentes. Durante los últimos años de la mano de luchas muy importantes hemos visto grandes avances en relación a la posibilidad de denunciar violencias que hasta hace no tanto estaban silenciadas en la vergüenza y el miedo. Y es a esa oscuridad a la que nos quiere llevar nuevamente el gobierno.

Pero así como mostramos con la inmensa campaña en defensa de Cometierra, no vamos a dar ni un paso atrás, ¡porque al silencio no volvemos nunca más!