El título con que encabezamos esta nota fue la consigna de lucha y unidad de los trabajadores de los principales diarios ese 25 de mayo de 1987: “La solicitada no sale”.

El texto que hizo explotar la furia e indignación era una solicitada que pedía la libertad de los genocidas que, empezando por Videla, habíamos logrado que fueran juzgados y condenados en el Juicio a las Juntas.

El texto recorrió las secciones y los distintos turnos de los diarios. Compañeros que trabajaban de noche esperaron a sus compañeros que lo hacían en horarios vespertinos para transmitirles la decisión unánime que se había tomado y pidiendo su continuidad.

El apoyo fue total. Todos respondieron con una sola voz, que retumbó en los pasillos de todas las secciones, de arriba a abajo: “La solicitada no sale”.

Y ese 25 de mayo no salió. Los trabajadores gráficos, de prensa, correctores, maquinistas, tipeadores expresaron un repudio absoluto en total unidad. No hubo ni media discusión que dividiera aguas, hubo unidad total contra quienes defendían a los genocidas.

Después del parate de la solicitada por la acción directa de los/as laburantes, se sumaron al repudio los sindicatos que intervenían en el sector: gráficos, de prensa, canillitas. Horacio Verbitzky y la dra Alicia Oliveira, integrantes del CELS, interpusieron recursos ante la Justicia para anularla. El juez Martín Irurzún prohibió su publicación bajo la carátula de “apología del delito”. Se tuvieron que plegar a la decisión de los trabajadores.

En las alturas de los despachos judiciales comenzó la guerra. Porque, desde ya, los dueños de los grandes medios de prensa no se iban a quedar de brazos cruzados. Presentaron recursos de apelación y lograron un primer paso a su favor: la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional revocó la resolución anterior con el argumento de que atentaba contra “la libertad de expresión”. No hubiera sido tan escandalosa la decisión judicial si no la hubieran firmado, entre otros, Ricardo Gil Lavedra y León Arslanián, ambos integrantes del Tribunal en el Juicio a las Juntas.

Y cuando pasó a la instancia siguiente, la Corte Suprema de Justicia le puso el “broche de oro”: ratifica el argumento de la Cámara el 13 de junio de 1989 y días después, 20 de junio de 1989, publican la solicitada.

La “libertad de expresión” no es para los genocidas. La libertad de expresión es un derecho conquistado por las grandes mayorías populares con mucha lucha y sacrificios, no es para los quienes nos quitaron todos nuestros derechos y la vida y la libertad a millares de trabajadores y jóvenes en Argentina.

Con la lucha consecuente hemos logrado que, hasta el momento, 1.237 genocidas hayan sido condenados. Esta acción independiente de los trabajadores de los principales medios de comunicación en la previa del 25 de mayo de 1987 es un ejemplo de cómo los trabajadores pueden torcer el poder de la clase dominante y sus medios de comunicación.