El debate sobre el sistema de salud

La salud tiene que ser un derecho, no un servicio

Los dichos de Cristina no parecen ser mucho más que frases huecas. Sin embargo, las prepagas aprovecharon para exigir aumentos en sus tarifas. Una verdadera reforma progresiva debería terminar con los negocios privados a costa del acceso a la salud del pueblo.



En el marco de un acto con tintes electorales en La Plata, Cristina salió a hablar del sistema de salud y la respuesta que le ha dado a la pandemia. Además de plantear como problema central la campaña de vacunación (que parece estar acelerándose luego de largos meses de estancamiento), señaló que, a pesar del rechazo de las empresas de salud privada, el sistema sanitario se ha “integrado a las patadas” por la necesidad de coordinar acciones entre el sistema público y el privado y llamó a “repensar todo el sistema de salud”.

Ni lentos ni perezosos, los lobbystas de las empresas de salud privada del país salieron al cruce, rechazando cualquier intento de intervención estatal sobre el sistema privado y exigiendo que se autorice el aumento de las tarifas. Claudio Belocopitt, presidente de la cámara que agrupa a las empresas de salud privada y gerente de la prepaga Swiss Medical, salió a denunciar en una conferencia de prensa que el gobierno nacional no cumple con la Ley Nacional de Medicina Privada, que regula los aumentos de tarifas.

Según Belocopitt, los insumos médicos para áreas como terapia intensiva habrían aumentado un 1300% en el último año, y las tarifas habrían quedado defasadas en un 32% con respecto al aumento general de los costos. Belocopitt anunció que las privadas llevarán la disputa por las tarifas a la Justicia y argumentó que la negativa del gobierno a permitir la suba significa un intento de “desfinanciamiento” destinado a poner en crisis el sistema de salud privado y terminar estatizándolo “de hecho”.

Sin embargo, las tarifas de las prepagas han aumentado ya un 10% en diciembre pasado, un 3,5% en marzo, 4,5% en abril y 5,5% en mayo, con lo que un plan familiar medio puede llegar hasta los $20.000, una cifra impagable para la gran mayoría de los trabajadores del país teniendo en cuenta que la canasta básica se encuentra arriba de los $60.000 y la mayoría de los sueldos está muy por debajo de esa cifra.

Por más que Belocopitt y los empresarios de la salud privada se escuden en la suba de insumos y la necesidad de aumentar los salarios de los trabajadores de la salud, es claro que subir las tarifas de la atención médica en el contexto de la segunda ola de la pandemia no es un intento de dar una mejor respuesta y una mejor atención a los pacientes. Lo que buscan las prepagas es aprovechar la situación de sobrecarga del sistema de salud y de miles de contagios diarios para hacer negocios.

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Se trata de un gesto hipócrita dada la situación de ultra – precariedad en que las empresas de salud privada sostienen a miles de trabajadores desde hace años y que se ha visto agravada con la sobrecarga de trabajo que significa la pandemia, con trabajadores que trabajan hasta la extenuación y se exponen al contagio a cambio de salarios casi de hambre.

El problema de las obras sociales

El otro actor que salió a defender sus negocios fue la burocracia sindical, que se mostró nerviosa con las menciones de ir hacia una reforma del sistema de salud. Es bien sabido que las direcciones sindicales tradicionales son pejotistas hasta la médula y que vienen siendo uno de los puntos de apoyo más orgánicos para el gobierno de Alberto Fernández.  Su oposición al proyecto se explica por el simple hecho de que la burocracia sindical ve en una posible reforma el peligro de perder capacidad de control sobre las cuotas de las obras sociales que integran el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), una caja de varios millones de pesos que la burocracia maneja con bastante autonomía.

Los dichos de Cristina sobre la necesidad de ir hacia una reforma que mejore el sistema de salud no pareciera ser mucho más que frases huecas. Tras las iniciales promesas “sanitaristas” que el Frente de Todos lanzó al comienzo de la pandemia, no se ha hecho más que seguir desfinanciando el presupuesto, desfinanciamiento que pegó un salto con el presupuesto 2021 de reducción de déficit pergeñado por Guzmán y Fernández a pedido del FMI.

La situación que se vive en clínicas y hospitales es de escasez presupuestaria y de falta de insumos. Si se ha podido contener la situación al límite del desborde sanitario ha sido gracias al enorme sacrificio de los trabajadores de la salud, que realizan todos los días esfuerzos sobrehumanos para lograr atender a quienes lo necesitan. Pero a esos esfuerzos el gobierno ha respondido con salarios miserables y con pocas e ineficientes medidas de control epidemiológico, lo que ha dado lugar a la segunda ola que se vive en el país desde hace algunos meses.

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Es importante señalar, además, que el proyecto de reforma de la salud que el gobierno venía barajando desde su asunción no constituye una solución a los problemas estructurales del sistema de salud argentino (que se arrastran desde hace décadas y que quedaron al descubierto con la pandemia). El proyecto del kirchnerismo es la creación de un Sistema de Salud Nacional integrado pero mixto, es decir, que sostenga la existencia de las empresas privadas de salud y su derecho a hacer negocios con dichas prestaciones. Tras palabras bonitas y altisonantes como “soberanía sanitaria” se camufla que dicho sistema “unificado y mixto” significaría, en sus puntos esenciales, una continuidad del sistema actual.

La propuesta de reforma del kirchnerismo no va mucho más allá de un intento de ejercer un mayor control estatal sobre la planificación presupuestaria y logística del sistema sanitario (controlar compras de insumos de manera centralizada, ejercer algún control sobre los precios de los medicamentos), dejando sin tocar los dos problemas centrales del sistema de salud argentino: la falta de inversión presupuestaria estatal y los negociados de las empresas privadas que se llenan los bolsillos con la salud de sus pacientes. Dicho en pocas palabras, sería sancionar una ley para que el Gobierno haga lo que ya puede hacer (tomar decisiones de alcance nacional sobre el sistema de salud) y sin cambiar de fondo ninguno de los problemas y déficits de dicho sistema.

Para realizar una reforma real del sistema de salud es necesario priorizar los intereses de los trabajadores, que son quiénes sostienen la salud (enfermeras, médicos) y sus usuarios. Para eso es necesario garantizar el acceso universal a la salud como un derecho, no como un servicio o una prestación plausible de ser explotado con fines de lucro por las empresas privadas. Las empresas no tienen nada que hacer en la administración de prestaciones de salud. El sistema de salud nacional debe ser unificado pero en un sistema de atención pública, no mixta, estatizando todas las clínicas privadas. Es necesario garantizar además las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de la salud, subiendo el salario mínimo de todo el personal por encima de la canasta familiar y triplicando el presupuesto nacional de salud para garantizar el acceso a insumos, equipamiento e infraestructura.

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