El pasado jueves 19 de diciembre, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, emitió una resolución que suspende la prisión de los condenados en segunda instancia antes del trânsito em julgado; es decir, antes de que el condenado recorra todas las instancias judiciales.

La resolución cobró peso político nacional e internacional; es que, además de poner en libertad a 169.500 presos, permitió la libertad de Luiz Inacio Lula da Silva. Sin embargo, pocas horas después, el presidente del STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, en respuesta al pedido de la Procuraduría General de la República (PGR), suspendió la resolución de Aurélio.

El poder judicial como instrumento de la ofensiva reaccionaria

Esa polarización respecto a posiciones en la Corte Suprema brasilera sólo puede ser comprendida en el marco de la ofensiva reaccionaria que se vive desde hace años; la que llevó al impeachment de Dilma, a las contrarreformas de Temer, a la prisión de Lula y la elección de Bolsonaro.

Desde el punto de vista constitucional, la prisión en segunda instancia se choca directamente con el principio de presunción de inocencia, que prevé la prisión sólo después la sentencia firme en los Tribunales. No obstante, en 2016 y bajo la presión reaccionaria del proceso de empeachment, el STF resolvió, en el marco del tratamiento de un habeas corpus, que los Tribunales de segunda instancia pueden ejecutar la sentencia. Esa fue una decisión de 6 votos a 5; inmediatamente después de eso, uno de los jueces que votaran a favor de la prisión en segunda instancia, Guilmar Mendes, declaró haber cambiado de opinión. Es decir, hoy esa decisión del 2016 es minoritaria entre los ministros del TSF.

Agravando la polarización en el STF, y para desenmascarar que está siendo funcional a la ofensiva reaccionaria, la anterior presidente del Tribunal, Carmen Lucía, usó su autoridad para no someter a votación la constitucionalidad del fallo: una clara maniobra para que el resultado del 2016 no fuera revertido.

Resulta evidente cómo el Supremo Tribunal Federal, mediante la fuerte polarización política de la presión de la clase dominante y de la cúpula de las Fuerzas Armadas1, perdió cualquier apariencia de autonomía, llevando a cabo la estrategia de apartar a Lula de las elecciones de octubre y así allanar el camino para la imposición de las contrarreformas. Así, el 4 de abril negó, por 6 votos contra 5, el habeas corpus  preventivo para Lula, posibilitando que fuera preso el día 7 de ese mismo mes.

Luchar en defensa de los derechos democráticos

Los que sucede en relación a la polarización del STF, respecto al tema de la posibilidad de prisión en segunda instancia, es un reflejo de la polarización social y política que se vive en Brasil, y de que lo que predomina en la coyuntura es la ofensiva reaccionaria que derivó en el triunfo de Bolsonaro.

De la misma forma en que la prisión sin pruebas de Lula fue fundamental para imponer una candidatura de extrema derecha y ultra neoliberal, pasando por encima de la soberanía, la clase dominante sabe que la situación del país no está pacificada. Por esa razón, es que se unifica en torno a garantizar un traspaso “tranquilo” a Bolsonaro el 1ro de enero, esto es: sin movilizaciones políticas, “inconvenientes” que la liberación de Lula al final de este año podría generar.

La próxima votación del STF sobre el tema de la prisión en segunda instancia fue programada para abril del 2019. Desde el punto de vista jurídico, parece que la posición favorable a la prisión luego de un fallo en segunda instancia se revirtió en relación a la desición del 2016. Sin embargo, a juzgar por el hecho de que el poder judicial ha sido convertido en un instrumento de la ofensiva reaccionaria, no se puede saber de antemano cuál será el resultado.

Lo que sí está claro es que la estratégia del lulismo, además de llevar al retroceso la lucha de los trabajadores, permitir el avance reaccionario de la clase dominante en la elección de Bolsonaro. Desde el punto de vista de la defensa jurídica de Lula, fue un fracaso. En ese sentido, haber apostado a la desmovilización después de la huelga del 2017, hacer que se entregue Lula y vaya a prisión “confiando en la justicia”, no haber enfrentado políticamente a Bolsonaro en la primera vuelta y, ahora, no construir una amplia unidad de acción desde las bases para enfrentar desde ya al próximo gobierno, es lo que explica políticamente la prisión de Lula y que permanezca en la cárcel.

Ciertamente, como parte de la lucha en defensa de los derechos democráticos, luchar por la libertad de Lula es una demanda importante. Pues su prisión e inhabilitación para presentarse a las elecciones simbolizan un ataque directo a la soberanía popular.

Por eso, no podemos rechazar el pedido de su libertad, como hacen otras sectas políticas. Sin embargo, pensamos en que nuestro partido, el PSOL, tiene que exigir que la burocracia sindical lleve la lucha en defensa de Lula como parte de una serie de reivindicaciones que respondan a los ataques económicos y políticos (como la lucha central del próximo período contra la reforma previsional) que nuestra clase, las mujeres y que la juventud van a sufrir en la próxima etapa.

Así, desde el punto de vista de las libertades democráticas incluso dentro del marco del Estado burgués, no podemos dejar de combinar esa demanda con la lucha unificada desde abajo conta la criminalización de los movimentos sociles, contra la baja de la edad de imputabilidad y contra el ataque a los derechos de las mujeres y las personas negras. De otra manera no podremos hacer frente a todos los ataques que están siendo orquestados.