La contaminación de la Costa del Gran La Plata se vuelve cada vez más dramática, debido a la falta de tratamiento adecuado e insuficiente de los residuos. Es un problema que viene desde hace décadas y, ante el cual, el gobierno provincial no da respuesta.
Las playas del Gran La Plata reciben desechos de todo tipo que desembocan en el Río de La Plata. Con dos vertientes que cruzan el territorio llevando desechos urbanos, hospitalarios y de industrias agrícolas y pesadas, esto representa un grave riesgo para la salud de las comunidades aledañas y para el medio ambiente.
Uno de los desagües (el Noroeste) recibe los desechos urbanos e industriales de Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Villa Castells y Ringuelet, que llegan sin tratamiento al arroyo El Gato. Continúa su camino hasta el Río de la Plata o, según la marea, siguen hasta el polo industrial para una segunda descarga en el acceso al puerto, a 1,6 km de la toma de abastecimiento de agua. En vista de esto, no sorprende que el agua de cuatro regiones de La Plata presenta altos niveles de arsénico.
El otro (El sudoeste) recibe los desechos del casco urbano de La Plata y de los barrios de Villa Elvira, El Progreso, Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Gambier, San Carlos y La Cumbre. De 13.000m³ por hora de desechos, de los cuales el 38.5% ingresa a una planta de pretratamiento, pero luego vuelve a su recorrido y se mezcla con las aguas sin tratar y, antes de llegar al punto de vertido en el Río de la Plata, se suma a un colector secundario de Berisso y Ensenada.
Estas salidas terminan contaminando las playas en las cercanías de La Plata, Ensenada y Berisso. Se reportan al menos 27 industrias y depósitos en la cercanía de arroyos que se conectan a los afluentes. Sumemos los estudios de la UNLP que hablan de una alta cantidad de metales pesados asociados a las industrias metalúrgicas, de hidrocarburos, termoeléctricas y de importantes depósitos de residuos. Para cerrar dejamos el ejemplo donde la UNLP estudio uno de los afluentes, el canal oeste, en donde encontró una concentración de 293 µg/g de hidrocarburos alifáticos resueltos, un valor 10 veces mayor al permitido y asociado a la actividad del complejo petroquímico de YPF.
Según la investigación que realizó la Red de Seguridad Alimentaria (RSA) del Conicet, reveló la gravedad de la contaminación: encontraron salmonella, Escherichia coli, parásitos y cianobacterias, lo que puede provocar problemas gastrointestinales, sarpullidos e irritación de ojos y mucosas, entre otros síntomas.
Además de los patógenos, se encontraron otros contaminantes en los restos de peces y en el agua, como microplásticos y rastros de diversos fármacos como ibuprofeno, diclofenaco, atenolol, carbamazepina, etinilestradiol y amonio, detectables a menos de un kilómetro del punto de descarga. También, en el tejido de los peces se encontró restos de sildenafil y enalapril.
Además del daño ambiental, esto representa un enorme peligro para la población local y del AMBA. De acuerdo al director del RSA, Gerardo Leotta, potencialmente puede afectar a 400.000 personas que, en el verano, visitan la costa de Berisso recreativamente, cerca de los puntos de vertido que contaminan el agua con grandes y putrefactas manchas negras. Asimismo, afecta a unas 30 familias que viven de la pesca con la que comercializan por temporada.
La contaminación del Gran La Plata empezó hace 50 años. La misma ABSA (empresa encargada del tratamiento del agua), admite que el efluente de desechos va prácticamente sin tratamientos al río. Esto en el marco de que la provincia de Buenos Aires tiene uno de los problemas estructurales de cloacas más significativos del país, junto con Córdoba y Santa Fe.
De acuerdo a Alejandro Marileñanera, especialista en tratamiento de aguas residuales, hay opciones para resolver la crisis ambiental y sanitaria: “Tenemos una Escuela de Ingeniería Sanitaria en la UNLP y proyectos de plantas de tratamiento más que factibles, totalmente calculadas y diseñadas, con estudios de impacto ambiental donde se pueden ubicar y un costo mucho menor que el de las plantas convencionales.”
Lo anterior se refiere a un proyecto presentado por tres estudiantes de la carrera de Ingeniería hidráulica de la UNLP, la cual tiene un costo 40 millones de dólares, mucho menor que la propuesta que plantea el Gobierno provincial de una obra a cinco años que costaría 270 millones de dólares.
La responsabilidad del Gobierno Provincial en la crisis es innegable. Además de su demora en atender la situación, no aporta datos que indiquen con claridad a cuántas personas afecta la contaminación.
Peor aún, para sortear su responsabilidad en el asunto, las autoridades provinciales le “tiran la pelota” al gobierno nacional. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Buenos Aires, “justifica” la falta de avances en las obras a la asfixia de fondos desde Casa Rosada.
Ciertamente, el gobierno de Milei ejecuta un recorte brutal en los gastos del Estado, particularmente en la obra pública. Pero esto no exime la responsabilidad de la administración de Kicillof en el asunto. De hecho, estuvo a punto de sufrir un embargo por más de 150.000.000.000 de pesos, debido a su inacción en resolver la crisis de contaminación. Aunque apeló la medida, no se comprometió a resolver el problema de contaminación del Río de La Plata.
