En Argentina, el crecimiento explosivo de aplicaciones de reparto y transporte se vincula directamente con el deterioro del mercado laboral. Miles de personas se ven empujadas a ingresar a estas plataformas como forma de sobrevivir, lo que genera una creciente saturación del sector y una caída constante de los ingresos por pedido o viaje. En ese debate, el SiTraRepA se convirtió en protagonista, llevando a los medios la voz de los repartidores y conductores que sufrimos el empeoramiento de nuestras condiciones en un marco de total abandono.
En todo el mundo se abrió una discusión sobre el futuro del trabajo en plataformas digitales: qué derechos tendrá esta nueva clase trabajadora que emerge al calor del desarrollo de estas aplicaciones. En Argentina, sin embargo, el gobierno de Milei intenta avanzar en el sentido contrario. A grandes rasgos, se empiezan a delinear en el debate tres modelos en disputa que definirán si el futuro del trabajo será de esclavitud digital, de trabajadores de segunda o de derechos laborales plenos.
El modelo esclavista: el proyecto de Milei, la ultraderecha y los empresarios
El primer modelo es el que impulsa el gobierno ultraderechista de Milei. La reforma laboral constituye una verdadera contrarrevolución laboral que busca consolidar por ley el fraude laboral que las empresas de plataformas aplican desde hace años.
En su primer capítulo, la reforma excluye explícitamente a los trabajadores de plataformas de la Ley de Contrato de Trabajo, negando por ley su condición de trabajadores. Más adelante, en el título correspondiente al trabajo en plataformas, crea la figura del “prestador independiente”, que no es otra cosa que la legalización del modelo laboral actual de empresas como Rappi, PedidosYa o Uber.
Lo que se presenta como “independencia” es en realidad una relación laboral encubierta. Las empresas controlan el trabajo mediante algoritmos que determinan pedidos, tarifas, tiempos, sanciones y bloqueos, funcionando como una forma de control laboral permanente que organiza los ritmos de trabajo.
Este sistema permite abaratar brutalmente el costo de la mano de obra. Las plataformas se ahorran todos los derechos laborales: ART, aguinaldo, vacaciones pagas, licencias por enfermedad o cobertura médica. El modelo de las plataformas se basa en el trabajo a destajo, en el cual las y los trabajadores no perciben un pago por su tiempo de conexión, sino un pago por pedido/viaje realizado, es decir, eliminan el salario como tal. Además, trasladan al trabajador todos los costos operativos: la bicicleta o la moto, el celular, el combustible, el mantenimiento del vehículo.
La reforma no sólo consolida esta situación, sino que también limita fuertemente las posibilidades de reclamar derechos. Si una empresa bloquea una cuenta, el trabajador queda automáticamente sin ingresos. La ley establece apenas una obligación mínima para las plataformas: informar la causa del bloqueo y habilitar un canal de contacto para el trabajador. Pero esto no reconoce ningún vínculo laboral ni establece garantías concretas frente a despidos encubiertos, accidentes o sanciones arbitrarias. Al mismo tiempo, al excluir a los trabajadores de plataformas de la LCT, esto podría cerrar la vía de los reclamos judiciales por bloqueos de cuenta o despidos encubiertos, dejando a los trabajadores prácticamente sin herramientas legales para defenderse.
Al mismo tiempo, la ley impone cada vez más obligaciones al repartidor, requisitos tributarios o cursos de seguridad vial, pero no obliga a las empresas a transparentar cómo funcionan los algoritmos que controlan el trabajo. Incluso el apartado del seguro es una estafa, ya que deja su aplicación a un supuesto “acuerdo entre partes”, como si el repartidor pudiera negociar de igual a igual con estas empresas multimillonarias.
Esta contrarreforma ataca en general el derecho a organización de las y los trabajadores, porque restringe el derecho a huelga extendiendo la categoría de servicios esenciales a más ramas de la economía. Pero, además, en particular para los trabajadores por plataforma, al negar la relación laboral pretende negarnos el derecho a la organización sindical que es nuestra única herramienta para defendernos de la voracidad de estas empresas.
No es casualidad: esta legislación fue escrita para y con los empresarios. Durante el debate vimos desfilar a sus representantes participando activamente en la elaboración de la contrarreforma. Entre ellos estuvo Julián de Diego, asesor de Rappi, una de las figuras influyentes en la redacción del borrador de la reforma laboral, así como Gabriel Buenos, director de Asuntos Corporativos de la misma empresa, que se paseaba por el Congreso celebrando las ventajas que la norma otorga a las plataformas.
Esta lógica de imponer obligaciones a los trabajadores negando la relación laboral no es exclusiva del gobierno nacional. En CABA, esta semana el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó un convenio de “buenas prácticas” con empresas como Rappi y PedidosYa. El acuerdo pone el foco en el ordenamiento del tránsito, el uso de cascos o la regulación del espacio público, pero nuevamente deja intacta la negación de la relación laboral. Ya tenemos un antecedente cuando desde el GCBA impulsaron el RUTRAMUR: nos imponían cursos, libretas sanitarias y nos exponían al constante acoso policial en la calle con la exigencia de miles de trámites que no resolvieron nada. Los trabajadores por aplicación sabemos que no podemos esperar nada bueno del gobierno de Jorge Macri y este convenio no es más que una lavada de cara de empresas que vienen con un gran deterioro en su imagen pública.
Este modelo busca consolidar una forma de explotación extrema que convierte al trabajador en descartable y que pretende extender este esquema de precarización al conjunto del mundo del trabajo. Es por eso que desde el SiTraRepA la rechazamos y estuvimos en primera línea enfrentando la represión durante su tratamiento, alertando al conjunto de la clase trabajadora sobre el verdadero alcance de esta contrarreforma.
El modelo del trabajador de segunda: demagogia que mantiene intacta la precarización.
En el marco de este debate, distintos sectores del arco político han salido a posicionarse al respecto. Tanto Kicillof como el Gobierno de la Ciudad han hecho declaraciones estas semanas intentando presentar “alternativas regulatorias”. Sin embargo, estas llamadas “propuestas” no cuestionan el núcleo del problema: la negación de la relación laboral. En lugar de reconocer a los trabajadores de plataformas como trabajadores con plenos derechos, proponen medidas parciales que mantienen intacto el modelo de precarización.
En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof anunció el envío de un proyecto de ley provincial para regular el trabajo en plataformas. La iniciativa, que aún no es pública ni ha sido discutida con los trabajadores, propondría crear un registro provincial de trabajadores y obligar a las empresas a brindar seguros contra accidentes.
Brindar un seguro podría representar un avance frente al abandono actual. Pero si no se reconoce la relación laboral, se trata de una medida totalmente insuficiente. Sin salario básico, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin derechos laborales y sin el derecho a organización sindical, un seguro termina siendo apenas un paliativo. Además, nos preguntamos si el gobernador piensa tomar alguna medida concreta en caso de que las empresas no cumplan, o si espera que de “buena fe” los empresarios acaten la ley. Tenemos los antecedentes de la Ley Rider en España, donde incluso con legislación que reconoce la relación laboral, las empresas buscan permanentemente evadir su cumplimiento. Por eso no confiamos en ninguna iniciativa que dependa de sus buenas intenciones.
Este intento de volvernos trabajadores de segunda no es un fenómeno exclusivo de Argentina. En todo el mundo, sectores que se presentan con discursos progresistas terminan ofreciendo variantes que, en lugar de reconocer plenamente a los repartidores como trabajadores, consolidan nuevas formas de precarización. En algunos casos, crean categorías laborales degradadas; en otros terminan reproduciendo el mismo esquema que impulsa la derecha: excluir a los trabajadores de plataformas del régimen tradicional de contrato de trabajo.
En Brasil también se abrió el debate alrededor de un proyecto de legislación. El gobierno de Lula, descartó el modelo de plenos derechos impulsado desde abajo por los trabajadores y tomó como base de la discusión el proyecto de ley PLP 152, presentado originalmente por la derecha, que en lugar de reconocer a los repartidores como trabajadores con plenos derechos, crea una categoría nueva y degradada: el “trabajador plataformizado”. Este estatus excluye a los repartidores del régimen tradicional de contrato de trabajo y establece apenas algunos aportes mínimos a la seguridad social, negando el vínculo laboral. En la práctica, esto significa algunas mejoras cosméticas, pero la legalización del fraude laboral que ya conocemos.
Sin embargo, los repartidores brasileños no se quedaron quietos. Organizaciones como la ONTDR (Organización Nacional de Trabajadores sobre Dos Ruedas) vienen protagonizando movilizaciones y huelgas masivas contra la PLP 152, exigiendo el reconocimiento pleno de sus derechos. Desde el SiTraRepA seguimos de cerca esa lucha porque sabemos que estamos peleando la misma batalla.
Los trabajadores por app estamos hartos de la demagogia de estos sectores que nos quieren consolidar como trabajadores de segunda categoría, con menos derechos que el resto de la clase trabajadora y le abren la puerta a la precarización laboral.
La salida de los trabajadores: plenos derechos laborales.
Frente a los modelos que buscan consolidar la explotación extrema proto-esclavista o crear trabajadores de segunda categoría legalmente precarizados, los trabajadores por aplicación organizados en el SiTraRepA sostenemos otra salida: el reconocimiento de la relación laboral y los plenos derechos laborales.
Los repartidores no somos colaboradores ni socios de las empresas. Somos trabajadores y, como tales, exigimos el reconocimiento de la relación laboral, la inclusión en la Ley de Contrato de Trabajo y el derecho pleno a la organización sindical. Queremos un salario que contenga el pago justo y digno por tiempo de trabajo, así como exigimos que la empresa se haga cargo de nuestras herramientas de trabajo y de garantizar espacios en la ciudad donde repartidores y conductores puedan tener acceso a asesoramiento, baños, áreas de descanso y de carga, entre otros. Queremos todos los derechos laborales que las y los trabajadores han conquistado con un siglo de lucha y no aceptamos nada menos que eso. Con el reconocimiento de la relación laboral y de nuestra condición de trabajadores, exigimos el reconocimiento de nuestro sindicato y queremos avanzar en la confección de un Convenio Colectivo acorde a nuestras tareas.
Este debate no se desarrolla solamente en Argentina. En todo el mundo se discute cómo regular el trabajo en plataformas. Organismos internacionales, como la OIT, están analizando distintos marcos regulatorios, mientras en numerosos países se desarrollan luchas por el reconocimiento laboral.
Incluso en Estados Unidos, donde las empresas impulsaron campañas millonarias para negar la relación laboral, como ocurrió con el referéndum Proposition 22 en California, los trabajadores organizados en el CAGWU (California Gig Workers Union) están desarrollando importantes campañas de organización sindical. En ese estado, por ejemplo, actualmente se desarrolla una iniciativa que podría sindicalizar a más de 600.000 trabajadores de plataformas.
La pelea por el reconocimiento pleno de derechos laborales para los trabajadores por aplicación, forma parte de una lucha más amplia de la nueva clase trabajadora que está emergiendo en todo el mundo frente a las nuevas formas de explotación que buscan imponer las plataformas digitales.
Una nueva clase trabajadora
La pandemia fue un verdadero laboratorio para transformar el mundo del trabajo. La expansión del trabajo por plataformas dio lugar a un nuevo sector de la clase trabajadora a escala global. Los algoritmos funcionan como una forma de taylorismo digital que organiza el proceso de trabajo, imponiendo ritmos cada vez más intensos. Además, introducen la novedad de que el capataz, que te presiona, te exige y te penaliza, se vuelve invisible detrás de una pantalla, reproduciendo una forma extrema de control laboral. Se da un fenómeno contradictorio: a la vez que se agrupa a enormes contingentes de trabajadores bajo una misma actividad, homogeneizando sus condiciones, e incluso poniéndolos bajo el control de una misma empresa, se los fragmenta bajo la apariencia de ser “independientes” el uno del otro.
Los repartidores hemos transformado parte de la economía, acelerando la circulación de productos y personas y reconfigurando los hábitos de consumo, convirtiéndonos en una pieza central del funcionamiento de la economía urbana actual. Sin embargo, aunque estas empresas se hacen millonarias con nuestro trabajo, nos tienen en condiciones deplorables y nos tratan como cosas descartables. Llevan nuestras condiciones de vida a un deterioro total e incluso bienes que antes representaban un progreso para nuestras vidas, como tener una moto, un auto o un celular, se transforman ahora en herramientas al servicio de estas empresas y de llegar a fin de mes.
Pero los empresarios no son los únicos que se benefician de esta situación. También los gobiernos lo hacen, porque nuestro sector cumple un rol intermedio entre el empleo y el desempleo, funcionando como una válvula de escape frente a la caída del empleo. Miles de personas ingresan a estas aplicaciones como último recurso para sobrevivir. Esto explica también el debate reciente en torno a las cifras del INDEC y el modo en que el trabajo por plataformas oculta la caída del empleo formal en nuestro país. La complicidad de los estados es todavía más llamativa si se tiene en cuenta que estas empresas llevan adelante un fraude millonario: no pagan impuestos y mueven millones de dólares en negro. Es sabido en el rubro que ni Uber ni Rappi exigen facturación de ningún tipo.
Estas nuevas formas de organización del trabajo no se limitan al reparto o al transporte. En todo el mundo se están desarrollando intentos de plataformización de diferentes sectores: servicios de limpieza, plomería, psicólogos e incluso la docencia.
Lo que suceda hoy con los trabajadores por aplicación es apenas la punta del iceberg de los planes que las empresas tienen para el conjunto de la clase trabajadora. Por eso, lo que ocurra con los conductores y repartidores de plataformas sentará un precedente fundamental para el futuro del mundo del trabajo.
¡Organizate con el SiTraRepA para luchar por nuestros derechos!
Frente a la ofensiva empresarial y la complicidad de los gobiernos, los repartidores estamos construyendo nuestras propias herramientas de organización desde abajo. El SiTraRepA es un sindicato de base formado por trabajadores de plataformas que pelea por terminar con la hiperprecariedad que vive el sector y conquistar el reconocimiento de nuestros plenos derechos laborales.
Nuestra fuerza está en la organización desde abajo, en nuestras paradas solidarias como forma de ayuda mutua frente al abandono, en la construcción de redes de apoyo entre repartidores, porque sabemos que nadie va a defender nuestros derechos si no lo hacemos nosotros mismos. También, sabemos que ninguna regulación por si sola le va a torcer el brazo a estos empresarios -que están decididos a extender este modelo de esclavitud laboral- y que nuestro futuro depende de la fortaleza de nuestra organización.
Nuestra lucha no está aislada. Los trabajadores de reparto formamos parte de una misma clase trabajadora que hoy enfrenta ataques en todos los sectores. Por eso también hemos estado presentes acompañando conflictos como el de los trabajadores de FATE, que hoy se ha transformado en un caso testigo de lo que significa esta contrarreforma laboral. La resistencia de los trabajadores de FATE es un faro para quienes sabemos que la lucha contra esta contrarreforma recién empieza.
Asimismo, tampoco tenemos ninguna confianza en la CGT y las CTA´s, hoy dirigidas por el peronismo, que han actuado de forma colaboracionista con el gobierno, no convocando un paro general activo cuando se trató la contrarreforma y negociando con el gobierno dejarla pasar a cambio de no tocarles la cuota sindical. Es momento de organizarse por abajo para frenar en cada lugar de trabajo esta contrarreforma y los ataques del gobierno de Milei y pelear por recuperar nuestros sindicatos como herramientas de lucha.
Al mismo tiempo, la organización de los trabajadores de plataformas está creciendo a nivel internacional. El debate sobre el futuro del trabajo en plataformas será uno de los ejes centrales del 2° Congreso Internacional de Trabajadores de Plataformas, que se realizará en mayo de 2026 en Los Ángeles, California, y del cual el SiTraRepA es coorganizador y que reunirá a organizaciones sindicales y colectivos de repartidores de más de quince países. Este encuentro será un paso fundamental para fortalecer la coordinación internacional de esta nueva clase trabajadora que está emergiendo en todo el mundo y que empieza a organizarse para luchar por su futuro.
Es momento de organizarse ¡Sumate al SiTraRepA!
Fuentes
