La organización de los trabajadores y trabajadoras del PMC contra el desmantelamiento y en defensa de la Salud Pública



“Nosotros somos desaFORTUNAdos” Con esta tragicómica frase se describen a sí mismos los trabajadores del programa Médicos Comunitarios de la Provincia de Córdoba, en referencia a la respuesta brindada por el Ministro de Salud cordobés, Francisco Fortuna, en el marco de un conflicto que lleva más de 9 meses.

El PMC nació en 2004 al calor del kirchnerismo, como un programa financiado por Nación y articulado por las provincias, para llevar la atención primaria a diferentes sectores vulnerados del país. Lo configuran trabajadores y trabajadoras con título y en formación, todos ellos con un perfil comunitario: médicos, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, agentes sanitarios, entre otros.

En noviembre de 2016, comenzó a circular un mail entre los trabajadores en el que se informaba la posibilidad del cierre del programa. De esta manera el gobierno, utilizando la misma estrategia de desinformación e informalidad que aplica con el Plan Maestro por el que hoy ya son más de 20 los colegios tomados en Bs As, inició el desmantelamiento. Ante esta situación, los compañeros se movilizaron y exigieron en el Ministerio de Salud, que el ministro Fortuna les diera una respuesta, quien les aseguró la continuidad del programa y de sus puestos de trabajo. A partir de esa fecha, a través de un cambio de convenio, se decidió municipalizarlo. El plan consiste en que de 2017 a 2021, los municipios vayan haciéndose cargo de un porcentaje cada vez mayor del salario. Sin embargo, desde enero de este año Nación no está girando los fondos para pagar los sueldos de los trabajadores, y se procedió a despedir a más de 50 facilitadores del programa.

Es decir que hace 9 meses que más de 600 cordobeses, trabajadores de salud del Estado, no están cobrando. Incluso algunos de ellos han tenido que renunciar, ante la imposibilidad de seguir concurriendo a sus puestos de trabajo por la situación económica en la que los posicionó el gobierno.

Los compañeros/as llevaron adelante distintas medidas: desde la presentación de notas a la Comisión de Salud de la Legislatura, concentraciones en el ministerio de Salud, intervenciones en el centro de la ciudad, asambleas, hasta acciones en los centros de salud, para visibilizar el conflicto. Manifiestan preocupación por su situación económica, su futuro laboral y también porque ven que esto es un paso más dentro de un plan de desmantelamiento de la salud pública, que dejaría sin atención primaria a las comunidades más vulnerables, incluso aquellas en las que hoy en día el PMC constituye su único contacto con el sistema de salud público

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Las únicas contestaciones que obtuvieron del Gobierno Nacional, fueron “sólo falta una firma para poder girar los fondos” y también “quédense tranquilos que la plata va a llegar”, más parecida a una bienaventuranza bíblica que a una respuesta formal del Estado frente a un conflicto real. Por otro lado, Fortuna se lava las manos diciéndoles a los profesionales del PMC que “le pidan un adelanto a los intendentes”, deslindándose de toda responsabilidad. Los legisladores cordobeses se comprometieron a intimar al ministro para que cumpla la promesa hecha de depositar el dinero la segunda semana de septiembre. Los compañeros siguen hoy sin cobrar. Por eso es que nuevamente están movilizándose en reclamo por los sueldos adeudados y exigiendo la continuidad del PMC, que tiene fecha de finalización el 31 de diciembre de este año.

Desde el Nuevo MAS, como trabajadoras y trabajadores, vemos la necesidad de nacionalizar el conflicto en defensa de la Salud Pública. Entendemos que la municipalización del PMC es una medida para atomizar el conflicto, dejándolo en manos de localidades que no cuentan con recursos económicos para afrontarlo, o que no tienen voluntad política de hacerlo, como es el caso de Carlos Paz y Córdoba Capital, en las que la respuesta a la “recomendación” que obtuvieron del ministro fue un NO rotundo. Consideramos, además, que la negativa con excusas administrativas al pago de los servicios prestados es un ataque a los trabajadores, que ya vienen siendo precarizados por las condiciones laborales y salariales en las que desempeñan sus tareas y que, en algunos casos, no cuentan con otro ingreso monetario para garantizar su sustento.

 

Esta situación se vuelve más alarmante ante la reforma que se anunció hace un año, con complicidad de la CGT, en el sistema de salud con el CUS (Cobertura Universal de Salud). Que habilita un mayor financiamiento del sector privado de atención, lo cual genera un nuevo mercado, nuevos consumidores, y una ley de oferta y demanda que regulará el acceso a lo que es un derecho, a través de las obras sociales. Una reforma que iría hacia un Estado que asegura los fondos para prestaciones mínimas y una gran cantidad de empresas que se financian por éste, que prestan los servicios, donde la salud preventiva y de promoción no está en su agenda. Es decir, que este nuevo plan abre las puertas definitivamente a una privatización del derecho a la salud en todo el país.

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En el marco de la política de derecha de este gobierno, donde pretende acelerar la privatización de un derecho como es la salud, quiere ajustar también la educación, preparando alumnos para la precarización laboral del futuro, el desmantelamiento del CONICET, desconociendo el acuerdo firmado con los trabajadores, pretendiendo atomizar nuevamente el conflicto con las diferentes universidades y sujetar la seguridad laboral de los investigadores al presupuesto 2018. Si hoy el gobierno de Macri de la mano de los gobiernos provinciales no han podido dar por terminado su ataque a los sectores que vienen desmantelando y a la impunidad que pretende perpetuar con la desaparición forzosa de Santiago Maldonado, ha sido a la respuesta de la organización y la resistencia que pusieron sus trabajadores, trabajadoras y estudiantes, contra el Plan Maestro y la respuesta del pueblo Mapuche y familiares de Santiago junto a un gran sector de la sociedad por su aparición con vida.

 

Estamos ante un gran ataque sin precedentes, a un derecho básico de la población y también de trabajadoras y trabajadores de la salud que serán también afectados por el desfinanciamiento y desmantelamiento de la Salud Pública. En ese sentido, y ante la profundización del plan de ajuste que pretende implementar el gobierno de Macri después de octubre -entre ellas las anunciadas reformas laboral y previsional-, la organización para pelear en contra de este ataque así como los que ya venimos sufriendo en el sector, se convierte en una tarea de primer orden, planteada desde la más amplia unidad, para todas/os aquellas/os que vemos la necesidad de frenar a este gobierno.

PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS A LOS TRABAJADORES/AS DEL PMC, YA!!

NO AL DESMANTELAMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDICOS COMUNITARIOS

NO AL DESMANTELAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA

NO AL DESGUACE DE CIENCIA Y TECNICA

NO A LA REFORMA EDUCATIVA

FORTUNA, SCHIARETTI Y MACRI SON RESPONSABLES

EL 01/10 A LAS CALLES POR APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO. EL GOBIERNO DE MACRI ES RESPONSABLE. FUERA BULLRICH

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