Andalgalá y Chubut resisten

La Nación le hace lobby a la megaminería contaminante

El histórico diario de la oligarquía y la clase capitalista argentina vuelve a dedicar su editorial a una causa antipopular y reaccionaria.

Luz Licht
Redacción Izquierda Web.


La Nación publica hoy lunes 26 de abril, una editorial que se titula «La falsa disyuntiva entre ambientalismo y megaminería» y arranca diciendo «Es vital para el desarrollo sustentable de la Argentina que se entienda que la actividad minera y el cuidado ambiental no son incompatibles».

Una primera aclaración para arrancar el debate puede resultar útil y es algo que La Nación parece -a propósito- no querer distinguir. La megaminería o minería metalífera a cielo abierto a diferencia de la actividad minera «tradicional» es un tipo de actividad que está prohibida en muchos países. Esto es por usar sustancias tóxicas o minerales nucleares altamente contaminantes como cianuro, uranio, entre otros, para separar los metales como oro y plata de las rocas. Estados Unidos, Canadá y Australia, que son los principales países de origen de las empresas megamineras son ejemplos de lugares donde está prohibida dicha actividad.

Vamos a la nota. Ya en los primeros párrafos de la editorial se repudia enfáticamente los hechos ocurridos en Lago Puelo (Chubut) en marzo pasado, cuando en el marco de los incendios en la Comarca Andina la camioneta que trasladaba a Alberto Fernández fue apedreada. Lejos de investigar lo sucedido, el medio da por cierto un hecho que inmediatamente después de lo ocurrido se develó que era puro pescado podrido.

Según informó el abogado Enrique Viale, las dos personas implicadas en el hecho escaparon en una camioneta Renault Duster, patente NZX 682 que pertenece a la División Investigaciones de la Policía provincial. Se trató de una provocación montada por el propio gobierno de Arcioni para justificar la represión y criminalización contra las y los pobladores que resisten al proyecto de zonificación minera que él impulsa con el aval del gobierno nacional.

La mención a los hechos de Chubut son la excusa para develar la verdadera intención de la nota y así afirmar que detrás de estos hechos hay «una protesta irrazonable». Vociferan contra las y los luchadores que hace años resisten y rechazan los intentos de implantación de distintos proyectos megamineros en la provincia patagónica y tantas otras del país.

Hoy más que nunca esta lucha sigue vigente en el territorio nacional. Como muestra está que luego del burdo montaje del ataque a la sede de Agua Rica en Andalgalá, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, puso todo el peso represivo contra las y los activistas y pobladores que se oponen a la megaminería y el «Proyecto MARA» de Yamana Gold. El gobernador del Frente de Todos desató una «cacería de brujas» con violentas detenciones arbitrarias, amedrentamiento y persecución para desarmar la resistencia en curso.

Pero La Nación no sólo dice que las protestas están impulsadas por grupos «de perfil fundamentalista» sino que también actuarían desafiando «resoluciones de las instancias políticas, legislativas y judiciales». El argumento criminalizador busca atacar la legitima protesta social para sostener que está fuera de la ley. Un detalle no menor: luego del enorme rechazo a la instalación en Esquel de la megaminera Meridian Gold, en un plebiscito el 81% de la población les dijo que se tenían que ir. En Chubut desde el 8 de mayo del 2003 a través de la ley provincial 5001 fue prohibida la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro para ese tipo de producción.

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A pesar de que son los gobiernos quienes usan métodos represivos por fuera de la ley, siguen escribiendo flagrantes mentiras. Y siguen atacando a esos «grupos» (que en realidad son pueblos enteros) de «visión maximalista», que «ignoran los beneficios de las actividades y la existencia de tecnologías de operación y tratamiento que permiten reducir los efectos ambientales a estándares aceptables». Así, nos invitan a mirar alrededor y…encontrar «la presencia y la necesidad de la minería».

Quienes defienden los intereses de estas grandes multinacionales contaminantes nos invitan a abrir los ojos y ver las bondades de la megaminería a cielo abierto. Porque es «un procedimiento más eficiente y menos costoso» aunque, «no está exento de accidentes». Entonces nos dicen «la solución no es prohibir sino establecer normas estrictas para el cumplimiento de estándares internacionales».

La militancia del lobby megaminero

La Nación es un repetidor y militante del verso del lobby megaminero (del que forman parte el propio gobierno nacional y los gobiernos provinciales) que nos invita a dejar de lado los rechazos alentados por «efluvios ideológicos anticapitalistas» para arribar a «acuerdos mínimos en pos de una visión compartida para el desarrollo sustentable».

Dato: Este párrafo está casi calcado de los argumentos vertidos en el Anexo 1 del «Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino». En este proyecto el gobierno nacional delinea a grandes rasgos su política minera (en la que incluye el impulso a la megaminería) de cara a los próximos treinta años.

En concreto, el pasado 3 de febrero se publicó un informe de la Mesa Técnica conformada por el CONICET y el Centro Nacional Patagónico (CENPAT) donde llaman a la legislatura provincial de Chubut a rechazar el proyecto de zonificación presentado por Arcioni (el PL 128/20).

Recordamos que en este proyecto de ley presentado en noviembre del 2020 el gobernador pretende declarar como áreas exceptuadas del alcance de la Ley 5001 a los territorios de Gastre y Telsen. El proyecto impulsa la explotación a cielo abierto de la minería metalífera, en principio sin habilitar el uso de cianuro, pero deja grises sobre las otras sustancias contaminantes que podrían utilizarse en los procesos.

Atrás del PL 128/20 está la multinacional Pan American Energy, ansiosa de imponer a como de el «Proyecto Navidad» para extraer plata y otros metales en las cuencas de Sancanana y Gastre. Pero, la evidencia que presenta el informe deja tecleando los argumentos de La Nación, Arcioni y Fernández. El agua, entre otros recursos en peligro, es de vida o muerte para las personas.

En el contexto de las consecuencias del cambio climático, la megaminería a cielo abierto plantea» un escenario de amenaza frente a un sistema ambiental vulnerable», dice el informe. En Chubut como en tantas provincias hay escasez de agua apta para el consumo, y allí los recursos hídricos superficiales son escasos. Para colmo, la provincia sufre el deterioro de sus suelos producto de un proceso de desertificación, que se suma al aumento de temperaturas, la escasez de lluvias y la consecuente alteración de los ciclos de precipitaciones.

El informe cuenta que el 50% del agua que se consume y utiliza para la producción en la provincia proviene del Río Chubut. La previsión que realizan es que a fin de siglo disminuya en un 40% el caudal de agua proveniente de la naciente del río. Entonces, alerta que las principales reservas de agua subterránea de la zona se encuentran el los acuíferos sobre los cuales planifican realizar las explotaciones del «Proyecto Navidad». Sepan que «el agua es para el pueblo, no para las mineras».

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La Nación vs la realidad

Los «accidentes» que no deben hacernos nublar la vista ante las «bondades» de la megaminería a cielo abierto cuestan demasiado caro a las poblaciones que lo vamos a padecer. Puede que al escribir la editorial no tuvieran en mente a la Barrick Gold y el año 2015, cuando ocurrió el derrame de la mina Veladero de 1 millón de litros de solución cianurada sobre el río Jáchal, en San Juan.

No sabe La Nación que el desarrollo sostenible es la fantasía más grande al lado de la realidad de lo que deja la megaminería a cielo abierto. La legislación hecha a la medida de las empresas megamineras les facilitan el saqueo de recursos con consecuencias socioambientales terribles. En los ’90 se sancionó la ley 24.196 que establece que paguen menos del 3% de regalías.

Ese procedimiento «eficiente y menos costoso» en el proyecto megaminero de los más antiguos del país, que es Bajo de La Alumbrera “necesita del agua para limpiar las 330 mil toneladas de roca que extrae por día y también para la cianuración (proceso por el cual la mezcla de cianuro y agua ayuda a despegar el metal adherido a las rocas)” explica el geólogo Isidoro B. Schalamuk, director del Instituto de Recursos Minerales de La Plata.

En un comunicado que se tituló «No es posible una megaminería sustentable» un grupo de científicos y científicas del CONICET advertían que «la exposición prolongada en el tiempo de las poblaciones aledañas a las sustancias químicas utilizadas implica mayor riesgo de enfermedades crónicas respiratorias, cáncer de pulmón, enfermedades renales, de la sangre y de la piel, entre otras.»

Y agregaban «A la exposición crónica se suma la exposición aguda, producto de «accidentes» como derrames, accidentes de transporte, rotura de caños, o emisiones de los diques de cola, que producen trastornos cardiovasculares, respiratorios y del sistema nervioso central, entre otros.»

La lucha incansable de las y los pobladores de Andalgalá, Chubut, Mendoza y tantos nos muestra que su voz se hace escuchar pese a enfrentar los grandes intereses de las multinacionales megamineras y sus aliados locales. Los gobiernos nacional y provinciales ponen al servicio de estas empresas el aparato represivo y se oponen con los métodos más repudiables a las manifestaciones legítimas y masivas de rechazo popular.

Cómo no iba La Nación a sumarse al coro de mentiras y frases rebuscadas para defender los intereses de un puñado minoritario de ecocidas. No importa si para ello tergiversan la realidad, avalan la violencia estatal y persecución contra las y los luchadores. Humildemente creemos que dentro del capitalismo no hay falsas disyuntivas cuando dos fuerzas sociales se enfrentan y hay tanto en juego.

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