Crisis de Gabinete

La ministra de justicia abandonará su cargo

Marcela Losardo, Ministra de Justicia, abandonará el cargo. Todavía está por verse quién será su reemplazo, pero ya se sabe que el motivo es el creciente conflicto con el Poder Judicial.



Marcela Losardo
Marcela Losardo en el momento de su jura para el cargo.

Losardo es colaboradora de Alberto Fernández desde hace más de 35 años. Vinculados estrechamente incluso desde antes de ostentar poder político, se trata de una de las funcionarias de más confianza del propio presidente, parte de su propio círculo.

En C5N, Fernández dijo su propia versión del por qué de la renuncia. «Marcela me venía planteando su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud. Marcela no viene de la política y está agobiada. Ya el colmo es que Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella ni lo conoce a Stornelli, no tiene el teléfono. Y verse envuelta en eso a alguien que no viene de la política es desgastante. Tengo 40 años de vida profesional con ella. Quiero que siga trabajando conmigo y no quiero que se vaya. Ella me ha manifestado su decisión y vamos a ver cómo lo ordenamos. Es una cuestión de tiempo y tengo que conseguir un reemplazante porque ella es muy importante”.

Más allá de las explicaciones de carácter «personal» es obvio que el cambio en el Ministerio de Justicia es parte de una nueva orientación política. Losardo era uno de los vínculos de «diálogo» con el Poder Judicial y el gobierno ahora ensaya una actitud más «dura» de confrontación.

El peronismo puso al frente de sus listas a Alberto Fernández como intento de ser «abarcativo». El kirchnerismo «duro» estaba muy enfrentado con buena parte de la clase capitalista y sus instituciones (como los jueces) y el fracaso catastrófico de la gestión macrista hizo imperioso para la burguesía una alternativa que «dialogue». El peronismo no podía prescindir de su principal corriente, la dirigida por CFK, así que optó por una fórmula encabezada por una figura de mayor «consenso» que tenía sin embargo al kirchnerismo como fuente de votos y fuerza militante principal.

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La crisis económica y la pandemia no permitieron que esa política de «consenso» pueda tener base.

La primera en radicalizarse contra el gobierno fue la clase media reaccionaria, luego franjas más amplias de los pequeños comerciantes afectados por la cuarentena. Los primeros «banderazos» del año pasado tuvieron a estas franjas sociales por protagonistas. Sin todavía el aval de sectores importantes de la clase capitalista, el PRO y sus sucursales se plegaron al estado de ánimo de las clases medias reaccionarias y tuvieron una política abierta de confrontación acorde con él. Aún hoy, el macrismo intenta hacerse fuerte en cada oportunidad de descontento de ese sector, minoritario pero posible base firme de Juntos por el Cambio.

Al no optar por una orientación al estilo Trump y Bolsonaro, de permitir la continuidad de los negocios sin que importe más nada, al verse obligado a tomar medidas «populistas» que no quería tomar, el gobierno se vio más y más enfrentado a los viejos adversarios del kirchnerismo. Rápidamente perdió el favor de la burguesía agraria y luego de sus principales socios: los grandes medios y la justicia.

La condena a Lázaro Báez y la movilización convocada por el PRO luego del escándalo de las «vacunas VIP» obligaron a Fernández a girar y tomar otra táctica, diferente a la esbozada al momento el triunfo electoral. Evidentemente se veía obligado a defender a toda costa a «la jefa» del ala política que lo iba a defender no importa qué, a su base más firme y militante: el kirchnerismo.

Además, en año electoral y con la oposición tomando una táctica agresiva, no había otra manera de actuar. Todo esto implicaba un cambio de frente, los funcionarios del «consenso» ya no tienen el espacio que podían tener. La hostilidad abierta del poder judicial los obliga a tratar de ganar poder a su costa.

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La «reforma judicial», aprobada en senadores pero trabada en diputados, se trata precisamente de eso: del peronismo tratando de ganar más influencia en esa franja de la institucionalidad capitalista que le es francamente hostil. No es una «lucha contra la aristocracia judicial y el poder concentrado» sino peleas de poder al interior de los funcionarios de la clase capitalista.

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