La Ley de Humedales corre riesgo de perder estado parlamentario

El lobby del agronoegocio, del extractivismo y las grandes inmobiliarias tiene quien defienda sus intereses en en el Congreso. En lo que va del año solamente en el Delta del Paraná se perdieron 153.000 hectáreas producto de las quemas intencionales por parte de empresarios del agro de la zona.

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Lo urgente y necesario en relación a los intereses de las grandes mayorías no aparece en la agenda de las fuerzas políticas capitalistas en Argentina.

Así, nos toca contar que el 21 de diciembre la Ley de Humedales, de no obtener media sanción en la Cámara de Diputados, podría perder estado parlamentario. Este proyecto fue aprobado en 2020 en la Comisión de Ambiente y fue girada a la Comisión de Agricultura y Ganadería en el mes de noviembre de ese año.

No es casual que sea en esa Comisión donde permanece trabada hasta la fecha, sin elevarse para su tratamiento. El lobby del agronoegocio, del extractivismo y las grandes inmobiliarias tiene quien defienda sus intereses en este recinto.

Por supuesto, hay algo que escapa a la noticia de la posibilidad de pérdida de estado parlamentario de este ley y es que falta ver qué dice la calle, el activismo, la izquierda y los diferentes sectores que no se comen los versos de un oficialismo cuya agenda demuestra cada vez más estar hecha a medida de los capitalistas. Esos que están dispuestos a arrasar con recursos de un valor estratégico para el país y la región.

La Convención sobre estos ecosistemas, llamada Ramsar, estima que en los últimos 300 años desapareció el 87% de la superficie de humedales del mundo, con pérdidas del 35% desde 1970. En nuestro país, los humedales ocupan el 21,5% (cerca de 600 mil kilómetros) del territorio y tienen la función de ser uno de los principales reservorios de agua dulce.

Pero son mucho más que eso. Además son como «esponjas» que, por su capacidad absorbente, mitigan las inundaciones durante las crecientes producto de las grandes lluvias. Se trata de reservorios de biodiversidad y del espacio que permite sostener los medios y los modos de vida de comunidades enteras.

Hay un dato que pone de relieve la actualidad y dimensión del problema: en lo que va del año solamente en el Delta del Paraná se perdieron 153.000 hectáreas producto de las quemas intencionales por parte de empresarios del agro de la zona. El método de las quemas, que llevan adelante de forma totalmente impune frente a la inacción cómplice de los gobiernos y autoridades, les permite a estos empresarios “limpiar” el terreno para desarrollar otro cultivo o para el rebrote posterior con el fin de alimentar al ganado.

“Nuestro humedal es uno de los más grandes del mundo, tenemos el gran privilegio de tener este gran caudal de agua dulce, de ahí la importancia la normativa que regule cuáles son las actividades adecuadas para ese ambiente y cuáles que producen un daño tal que ponen en riesgo la salud la población”, comentaba en declaraciones radiales Juan Camelia, integrante de la Multisectorial Humedales Rosario. Además, arrojó un dato interesante: más de veinte millones de personas dependen del humedal y de su caudal para acceder a un recurso tan básico como el agua.

Evidentemente, lo que queda dando vueltas es qué tipo de Ley de Humedales se necesita para hacer frente para la preservación de este ecosistema. Producto de la experiencia y participación desde abajo en los diferentes espacios que nuclean al activismo socioambiental, es posible pensar en la necesaria desconfianza en que los mismos que defienden a los capitalistas que atacan los humedales no pueden plantear una salida coherente a la problemática de su necesaria defensa.

Tal como compartíamos anteriormente, «cualquier ley de humedales debe empezar por la expropiación de los grandes terratenientes y empresarios, que ya han demostrado que no hay ley, decreto o fallo que los detenga en su ambición. También de rechazar de plano la militarización de las islas que promueven desde el gobierno como modo de controlar los focos que supuestamente se inician por descuidos de kayakistas y acampantes.»

Entonces, el punto de partida está en no depositar un ápice de confianza en el gobierno, el parlamento ni la justicia, el factor determinante para profundizar el alcance que puede y debe tener la legislación en defensa de los humedales y todo ecosistema. Es la fuerza de la movilización y organización desde abajo de quienes padecemos y sufrimos las consecuencias de la devastación del planeta vuelta un negocio de pocos lo que puede plantear una salida a consecuencias socioambientales que esto trae.

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