Dos hechos políticos dieron la nota del arranque de la semana, y recuerdan que la naturaleza bonapartista del gobierno: la centena de despidos anunciados en FATE que tienen un claro contenido de ataque a un sindicato independiente del gobierno (el SUTNA) y las fuerzas patronales, y los allanamientos ilegales y persecutorios contra las organizaciones de trabajadores desocupados. De fondo, un ensañamiento particular contra toda organización de los explotados y oprimidos, lo cual implica un cuestionamiento directo al derecho elemental a pelear de manera organizada contra toda injusticia capitalista.

Aun cuando las pretensiones más agresivas del gobierno aparecen recortadas por el régimen, régimen que a su vez pretende rescatarlo de la reapertura de la crisis que dejó planteada la movilización de 2 millones de personas en todo el país por la educación y contra el gobierno facilitándole la salida de la Ley Bases, ese límite al ataque de los derechos conquistados es atacado sistemáticamente por Milei. La resultante está lejos de ser un equilibrio perfecto.

Milei es Milei y sólo es comparable en su naturaleza con otros gobiernos de extrema derecha. No es ni Macri ni Menem, como insisten los medios masivos de comunicación en un operativo artero por ocultar su verdadero contenido, tesis livianamente apoyada por algunas corrientes de izquierda.  No va a dejar de provocar, ni de ir por su objetivo de máxima que es infringirles una derrota a las conquistas democráticas y de condiciones de vida del movimiento obrero y los sectores populares.  Pero la calle es la calle. Las fuerzas que se han movilizado en estos 5 meses con una dinámica de incipiente e importante acumulación, que también expresó de manera rotunda el paro del 9, dan la cuenta que la sociedad explotada no se va a dejar pasar por encima. Así, en el largo camino hacia la votación en el Senado de la Ley Bases, el inestable y relativo equilibrio logrado pos votación en Diputados se completa con renovados ataques del oficialismo y por la bronca y el estado de alerta entre los sectores atacados.

Los de arriba se abroquelan

La reubicación de todo el arco político con respecto a la Ley Bases y el empuje más o menos activo, más o menos crítico para que salga, sólo puede entenderse como el resultado de la crisis abierta por la movilización masiva del 23 y el peligro que supondría un nuevo fracaso oficialista en el parlamento.

Sin marco político y jurídico, la gobernabilidad del gobierno se vería seriamente afectada. “Paremos la manos muchachos” parece sonar a coro el amplio y variopinto espectro opositor: una cosa es la oposición radicalizada que dice “Basta Milei” (una consigna que impulso el Nuevo MAS el 24 de marzo) y tiene por objetivo derrotar la Ley Bases de manera integral, y otra cosa son los garantes de la institucionalidad, que pretenden amoldar a los tiempos electorales el rechazo a Milei, aún cuando este es un peligro permanente para los de abajo.

Por eso, el paro del 9 que mostró una contundencia indudable con el acatamiento de la casi totalidad de los trabajadores, no reabrió la crisis, sino que mostró su latencia. Rápidamente, el balance de la burocracia sindical que dirige la CGT fue el de acotar los efectos del paro cuestionando el rumbo del gobierno, pero fundamentalmente presionando a los sectores peronistas respecto del rol que jueguen el día de la votación. “Si sale que salga, pero no en nuestro nombre”.

Otro elemento abroquela a los de arriba. Aun cuando la economía recesiva muestra indicios de estancamiento e incluso empeoramiento, aun cuando nuevamente el FMI ha elogiado el curso del gobierno pero le exige previsibilidad (leyes y un triunfo político en el parlamento), aun cuando sectores de la burguesía grande y mediana miran de reojo el contenido del RIGI (régimen impositivo de grandes inversiones), hay una aspiración que los suelda al gobierno de Milei: la burguesía también quiere infringirle una derrota histórica a las y los trabajadores. Y sueña con recuperar la competitividad que podría perder por la vía de liberalización de la economía, reventando las conquistas en derechos laborales y salariales.

Esto explica los despidos en curso en la fábrica FATE, fabrica que recuperó su seccional en el 2008 luego de una rebelión obrera que abrió curso a la recuperación de todo el Sindicato hasta ese momento dirigido por la burocracia sindical. Por esto FATE no es una fábrica cualquiera, ni evidentemente tampoco lo es el SUTNA como sindicato. El ataque es antes político que económico, y apunta a derrotar la organización independiente conquistada por los obreros, incompatible en última instancia con las aspiraciones del gobierno de Milei. Bajo la excusa de los altos impuestos cobrados a la exportación de neumáticos, y la apertura de importaciones con una reducción entre el 16% y el 30% de los impuestos, la empresa alega pérdida de competitividad y pretende dejar en la calle a cientos de trabajadores. El mil millonario Madanes Quintanilla, dueños del holding Aluar y ceo de FATE, al toque del ranking de fortunas del país valuada en 1600 millones de dólares (Forbes, 2022), aprovecha las medidas del gobierno que, según argumenta, mella la posibilidad de competir con el mercado externo, para atacar junto al gobierno a los trabajadores y su organización gremial. La convocatoria a conciliación obligatoria aceptada por la patronal y el sindicato pone en stand by los despidos, pero no los suspende. El ataque está en curso y requiere utilizar los tiempos de la conciliación para organizar un conflicto que cuando se desate será de los más importantes del movimiento obrero y la vanguardia en las últimas décadas, por lo que está en juego, y una prueba clave ante Milei.

El ataque asquerosamente reaccionario contra las organizaciones de desocupados es un caso claro de avasallamiento al derecho a la organización. Una causa impulsada por Patricia Bullrich el 20 de diciembre del 2023 cuando desde la izquierda y diversas organizaciones sociales, piqueteras y de derechos humanos desafiamos el protocolo antipiquetes marchando a Plaza de Mayo. Con esta causa la justicia ha avalado el allanamiento de locales social/políticos del Polo Obrero, FOL, Barrios de Pie, entre otros además de domicilios particulares. Este ataque se combina con la política de hambre tanto por la vía de llevar los planes sociales a niveles extremos de indigencia, como recortando la comida a los comedores. Un ataque que viola el derecho elemental a organizarse para enfrentar al Estado y al gobierno de Milei.

Abajo toda la Ley Bases

Rápidos para las cuentas, todo un sector del peronismo y el kirchnerismo sacan punta al lápiz para esbozar las listas de cara al 2025. Como cobertura a la traición que significa alargarle a la vida a este gobierno por un año y medio más, agitan que van a movilizar el día que se trate en el Senado la Ley. Pero no para que la Ley caiga, sino para modificar tal o cual punto. Como dijo Pablo Moyano luego del paro del 9 “si la ley sale que salga. Pero ustedes 33, si se consideran peronistas, tienen que votar en contra” (textual).

Desde ya que tomamos la palabra de los sectores que dicen que van a movilizar, y exigimos además que la CGT convoque a un paro general el día que se vote para garantizar la asistencia masiva. Pero dejamos claro que nuestro objetivo no es que “si la ley sale que salga”, sino que no salga. Nuestra oposición al gobierno de extrema derecha de Mieli es irreductible a los tiempos institucionales, queremos que caiga su ley y alentamos el desarrollo de la movilización que abra una crisis de magnitud junto a todos los sectores que dicen ¡Basta de Milei!