La ley antidespidos y la mentira de las pymes

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El victimario posa de víctima

 

Mientras al cierre de esta edición seguían las roscas en el Congreso entre los bloques más grandes, algunos puntos quedan cada vez más claros. Vayamos por orden.

Primero: el PRO está absolutamente decidido a pagar el costo político necesario con tal de abortar la sanción o la aplicación de la ley antidespidos, incluido el veto parcial o total si hace falta. No obstante, hasta último momento intentará negociar con el massismo para postergar definiciones, e inclusive hizo un intento no muy serio de vaciar de contenido la discusión en el Parlamento con dos anuncios: el acuerdo firmado con las grandes empresas y el “paquete de ayuda a las pymes”, que trataremos más abajo.

Segundo: el massismo reveló una vez más, por si hacía falta, su absoluto oportunismo. Sabiendo que la aritmética parlamentaria le da al bloque del Frente Renovador la llave de cualquier mayoría en Diputados, Massa se ofrece sin el menor escrúpulo al mejor postor. Coquetea hoy con el PRO y mañana con el FpV, pero su línea general es evitarle al gobierno una derrota que le cueste el veto. Por eso se negó a votar la ley antidespidos tal como se votó en el Senado, como querían el FpV y el FIT.(1) Las supuestas “mejoras” a la ley en el sentido de “defender a las pymes” perfectamente se podían proponer en una ley aparte, pero el massismo prefirió agregarlas a la ley original con el objetivo de dilatar la aprobación, ya que en ese caso debe volver al Senado. Claro que este jueguito de ayudar al gobierno y a la vez quedar como el gran árbitro de la Cámara baja no le salió gratis: los empresarios del FR votaron para un lado y los burócratas sindicales para el otro.

Digamos que el massismo es posiblemente el bloque con vínculos más fluidos con el conjunto de la burocracia sindical, donde tampoco hay unanimidad: mientras los organizadores principales de la jornada del 29 de abril están interesados en que el debate parlamentario se concrete, los “gordos” son partidarios de darle más tiempo (y aire) al gobierno, y que la ley se empantane para siempre.

Está última postura tiene miles de millones de razones: el gobierno viene hablando por lo bajo con la burocracia agitando la carta de una primera partida de 2.700 millones de pesos para las obras sociales, que no sería más que un adelanto de buena voluntad por un total de casi 30.000 millones. Para los burócratas, billetera mata ley y cualquier otra cosa.

 

El coro de mentiras de gobierno y empresarios

 

Como dijimos, parte de la política de reducción de daños del macrismo fue la iniciativa de un acuerdo con las empresas por el cual se “comprometían” a “no reducir los planteles de empleados por al menos 90 días”. Las principales empresas del país hicieron este acuerdo “voluntario” arreadas por el gobierno a golpes de teléfono y apretadas varias, que hicieron recordar los (malos) modos del célebre Guillermo Moreno en la época K. Por supuesto, el objetivo era vaciar de contenido el debate de la ley antidespidos en el Congreso con el argumento de “ya ven, los empresarios ya se comprometieron, listo, no discutamos por 90 días más o menos”. Pero nadie se tragó un cuento tan evidente, y mucho menos cuando a menos de 24 horas de secada la tinta del acuerdo algunas de esas mismas empresas… producían despidos.

En realidad, el “compromiso” ya tenía una redacción tramposa, porque no se hablaba de no despedir sino de “no reducir los planteles”, por lo que tranquilamente se podía despedir y tomar gente reduciendo costos salariales en el medio. La apretada oficial fue tan alevosa que el acta, de no más de 150 palabras, se toma sin embargo la molestia de aclarar que los firmantes consideran que “las medidas que está tomando el gobierno nacional son las adecuadas para alentar la creación de nuevos puestos de trabajo”. Por supuesto, lejos de toda veleidad de “diálogo”, el texto fue redactado por el gobierno y se presentó a los empresarios para que firmen sin poner reparos ni discutir nada. Claro que mucha oposición no pensaban encontrar, y no la hubo.

La histeria PRO contra la ley antidespidos, que tuvo un eco cristalino en todas las cámaras patronales grandes y pequeñas, se basa en una gran falacia: que prohibir los despidos disuade a los empresarios de tomar nuevos empleados. El argumento se cae por su propio peso: si la prohibición es sólo por 180 días so pena de doble indemnización, ¿qué clase de “empleos de calidad” tenían pensado ofrecer esos empresarios, que ahora no podrían hacerlo por culpa de la ley? ¿Es que acaso iban a tomar empleados por menos de seis meses? Todo verso: no buscan tomar gente sino despedir, y eso es lo que les molesta de la ley. Punto. La “creación de empleo de calidad” que aparecería si esta ley no se sanciona pertenece al mismo reino de fantasía que la “reactivación del segundo semestre”.

 

¿Las pymes son víctimas indefensas?

 

Precisamente, en el caso de las pymes es donde asoman con más claridad las mentiras del macrismo y las patronales. Sobre todo (pero no únicamente) el massismo se toma de la situación diferenciada de las pymes para bloquear o diluir todo lo posible la ley antidespidos. Hablemos claro: una ley antidespidos que excluya las pymes no sirve absolutamente para nada, porque la mayoría de los despidos vendrán de allí.

Eso obedece a varias razones. Por un lado, es cierto que una pyme tiene menos espalda económica y fnanciera que una compañía grande para soportar un período de recesión, baja de ventas y suba de costos no laborales (tarifas de servicios, en primer lugar). Por el otro, los trabajadores de las pymes suelen estar en promedio en una condición laboral mucho más precarizada o desprotegida que los trabajadores registrados de empresas grandes, lo que los hace más vulnerables. Esa combinación de mayor fragilidad de la pyme ante la crisis y de mayor precarización de los trabajadores convierte a éstos en la primera variable de ajuste de un dueño de pyme que quiere reducir costos fijos.

El discurso mentiroso del gobierno, de Massa, de la propia patronal pyme y también del kirchnerismo quiere mostrar a las pymes como meras víctimas de la situación económica creada por la gestión Macri. Pero ocultan que los únicos que sólo reciben perjuicios del plan económico PRO son los trabajadores, que si pierden el empleo, pierden todo. En cambio, las empresas, incluidas las pymes, aun cuando se pueden ver afectadas, tienen muchas más posibilidades de sobrevivir, y su situación es infinitamente menos angustiante que la de un trabajador que queda en la calle con su familia. ¿Qué le queda a un trabajador despedido, espcialmente si estaba en negro y no se lleva un peso de indemnización? ¿Cobrar la AUH?

¡El PRO y demás partidos patronales, tan “sensibles” a los problemas de las pymes, no le ofrecen a los trabajadores el más mínimo colchón de seguridad social o económica en caso de ser despedidos! ¡Y se niegan terminantemente a aceptar ese colchón incluso por apenas seis meses y sólo para los trabajadores en blanco!

En contraste, y con tal de seguir torpedeando el avance de la ley, el gobierno lanzó un plan de créditos y alivio fiscal para pymes que, aunque sin duda será insuficiente para frenar las consecuencias de la recesión que se profundiza, en todo caso muestra la voluntad de ayudar primero a los de su clase, sensibilidad inexistente cuando se trata de los trabajadores.

El paquete para pymes, dicho rápidamente, consiste en ampliar líneas de créditos (63.000 millones de pesos adicionales) a una tasa del 22% anual, medidas de alivio impositivo (liquidar IVA a 90 días en vez de 30, entre otras) y una simplificación administrativa sobre todo para las pymes que exportan (la minoría). En realidad, es muy poco, sobre todo cuando la principal preocupación de las pymes es hoy la apertura indiscriminada de exportaciones. Como dijo un asistente al anuncio: “Todo muy lindo, pero si abren la aduana, todo este paquete no sirve de nada” (Ámbito Financiero, 11-5-16). Si al PRO, Massa y Cía. realmente les preocupara que la salud económica y financiera de las pymes pudiera sostener el empleo, habrían planteado algo mucho más sustancial que este saludo a la bandera para la tribuna.

Pero incluso si la ayuda fuera mayor, eso no garantizaría que esos beneficios “derramaran” a los trabajadores. Conociendo la historia económica argentina, no extrañaría a nadie que pymes y grandes empresas aprovechen esos créditos a tasas relativamente bajas para comprar las famosas Letras del Banco Central (Lebac), con tasas que siguen en las nubes (37,5%). Así, ganarían plata sin hacer nada, sólo dejando que transcurra el tiempo… y si de paso se despide gente, mejor. Sería un verdadero comportamiento PRO, es decir, la conducta típica de los empresarios argentinos, de todos los tamaños, desde siempre.

Por eso los trabajadores no deben dejarse engañar por los discursos de conmiseración hacia las pobrecitas pymes que tanto sufren, pero que reciben la atención de todos los bloques patronales del Congreso y anuncios rimbombantes. Los intereses de la clase trabajadora no coinciden con los de las empresas, y mucho menos en condiciones de crisis y recesión. Por eso, es decisivo que las organizaciones obreras, las internas combativas y la izquierda empiecen a discutir la necesidad de impulsar con todo la agenda de los trabajadores para defender sus propios intereses con sus propios métodos.

Los patrones de todos los tamaños pueden conseguir con negociaciones por arriba y por debajo de la mesa, dentro y fuera del Parlamento, en lobbies abiertos o secretos, los favores del gobierno y el Estado. A los trabajadores no les queda otra opción que arrancárselos con la lucha y la movilización.

Marcelo Yunes

 

Notas

  1. Digamos que el FIT, que venía haciendo gala de un antikirchnerismo histérico cada vez que se imponía la unidad de acción contra el gobierno de Macri, esta vez hizo correctamente causa común con el bloque kirchnerista en Diputados (incluso casi exageradamente).