Facundo Jones Huala se encuentra privado de su libertad desde junio de 2017, acusado de robo de ganado, usurpación de tierras y tenencia de armas de fuego, siendo posteriormente extraditado a Chile para que fuera juzgado por la justicia de ese país. El proceso judicial fue iniciado en mayo de 2016, cuando fue denunciado junto a varios miembros de la comunidad mapuche más, la mayoría de los cuales fueron absueltos. Su caso tomó especial repercusión mediática luego de que Santiago Maldonado fuera secuestrado y posteriormente asesinado por la Gendarmería Nacional por participar de una manifestación en el Pu Lof en resistencia de Cushamen, exigiendo la liberación del líder mapuche.

Ahora, a pocos días de que se cumpla el segundo aniversario de la desaparición seguida de muerte de Santiago, la justicia de Chubut le negó a Jones Huala el sobreseimiento de la causa. Según los precedentes de la Corte Suprema, el plazo máximo para mantener en pie un proceso judicial sin resolución es de 3 años, pero la justicia chubutense sostuvo que “el plazo razonable no es una cuestión matemática sino que debe ser analizado en cada caso concreto” y que “el conteo [puede] ser suspendido o interrumpido por circunstancias especiales, por caso, la fuga del imputado, su rebeldía, como así también la aplicación de criterios de oportunidad o incluso casos de incapacidad para estar en juicio”[1]. En otras palabras, lo que dicen la fiscalía y el juez Zacchino es que el los plazos judiciales pueden ser manipulados según el capricho de la justicia.

En este sentido, Sonia Ivanoff, la abogada de Jones Huala, declaró que “Hay un fallo de la Corte Suprema sobre los plazos que debe ser interpretado literalmente, pero algunos jueces hacen interpretaciones capciosas”. Queda claro que el axioma burgués de que “todos somos iguales ante la justicia” no aplica para los que luchan por recuperar lo que es suyo de manos de los terratenientes. Es que lo que expresa el dictamen del juez Zacchino es la voluntad de la Justicia de mantener preso a Jones Huala, continuando una política de criminalización y hostigamiento sobre el líder mapuche y sobre el conjunto de los pueblos originarios. Política que tuvo su expresión más descarada en la campaña de desprestigio y hostigamiento mediático que montó el gobierno macrista para justificar los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, intentando meter en la opinión pública la idea de que los pueblos originarios son grupos terroristas con financiamiento extranjero y organizados con el único fin de generar el caos en el territorio nacional. Esta política estatal encuentra su sentido en el hecho de que los intereses de la comunidad mapuche chocan con los intereses de los terratenientes que detentan la propiedad de las tierras de la patagonia argentina y chilena, como es el caso de Benneton.

El Estado argentino, que se constituyó sobre la base del genocidio contra los pueblos originarios, la usurpación de sus tierras y su expulsión de las mismas, cumple el papel de garante de la propiedad de los terratenientes extranjeros y de la propiedad capitalista en general, usando tanto la Justicia burguesa como las fuerzas represivas para mantener a los pueblos originarios fuera de sus tierras, persiguiendo y reprimiendo salvajemente a aquellas comunidades que se deciden a luchar para recuperar su territorio (como quedó claro no solo en los casos de Jones Huala y Santiago, sino también en el asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura).

^[1] https://www.diariojornada.com.ar/241037/policiales/por_sus_causas_en_chubut_la_justicia_nego_el_sobreseimiento_para_facundo_jones_huala_/