Reconocimiento ya del SiTraRepA, la relación laboral de los repartidores y medidas que obliguen a las empresas a cumplir.
Desde el SiTraRepA, Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación, sostenemos que el fallo de la Suprema Corte bonaerense que reconoce la relación de dependencia entre los repartidores y las empresas de plataformas como Rappi y Pedidos Ya constituye un avance importante en una lucha que venimos dando hace años y de manera sostenida por el reconocimiento de la relación laboral y de nuestro sindicato.
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Este fallo ratifica lo que dejaron en evidencia las inspecciones que realizó el Ministerio de Trabajo bonaerense entre los años 2020 y 2021: que las empresas por plataformas como Rappi y Pedidos ya incumplen con las normativas laborales vigentes en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744 en particular los artículos 52, 128 y 140) y la ley de seguridad e higiene, en relación al 97% de los trabajadores relevados en las localidades de La Plata, Avellaneda y La Matanza. Por dichos incumplimientos, en el año 2021 el Ministerio de Trabajo bonaerense estableció multas de alrededor de $17.000.000 para sendas empresas. Rappi y Pedidos Ya apelaron las multas ante los Tribunales de Trabajo N° 1, 2 y 4 de La Plata. Sin embargo, el 26 de noviembre de 2021, estos tribunales confirmaron las multas y reconocieron la existencia de una relación de dependencia. Las plataformas continuaron el proceso legal interponiendo recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
El 9 de abril de 2026, la Suprema Corte rechazó las apelaciones finales, dejando las multas firmes y convalidó la presunción de que existe relación de trabajo ante la prestación de servicios por plataformas.
El fallo confirma lo que denunciamos cotidianamente desde nuestro sindicato: quienes realizamos tareas bajo criterios y condiciones impuestas por el algoritmo que desarrollan las plataformas, a cambio de una remuneración impuesta arbitrariamente por las empresas, somos trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia.
Sin embargo, también advertimos que este fallo, en sí mismo, resulta insuficiente. Ni los fallos judiciales aislados ni las multas económicas alcanzan para modificar estructuralmente un modelo de negocios, como es la uberización del trabajo, basado en el fraude laboral, la negación de derechos laborales y la precarización más extrema.
Hoy, somos cerca de 1 millón de trabajadores por plataformas a lo largo de todo el país. Se estiman unos 300.000 de trabajadores en plataformas de traslado de alimentos y unos 700.000 de trabajadores en plataformas de traslado de personas. Ante la crisis social y económica descomunal que vivimos bajo el gobierno de Milei y su plan de destrucción de la clase trabajadora y nuestras condiciones de vida, que implica despidos, salarios de miseria y pluriempleo, el sector del reparto por aplicación crece exponencialmente como una alternativa (de las pocas disponibles) para generar ingresos.
Somos 1 millón de trabajadores que desempeñamos nuestras tareas en condiciones de absoluta desprotección configurando una esclavitud moderna. No tenemos salario mínimo garantizado: nuestros ingresos los generamos a destajo, y dependen de sistemas algorítmicos opacos que fijan unilateralmente cuánto vale cada pedido, sin contemplar el tiempo real de trabajo. En un contexto de crisis económica, caída del consumo y aumento de la cantidad de repartidores activos, el ingreso por pedido disminuye, profundizando la competencia entre trabajadores y la caída general de nuestros ingresos.
Trabajamos jornadas extensas, muchas veces superiores a las 10, 12 o incluso 16 horas diarias, sin límites ni reconocimiento de horas extras. Trabajamos más, ganamos menos y sin ningún tipo de protección.
Esta sobreexigencia tiene consecuencias directas sobre nuestra salud. Vivimos bajo estrés permanente por la incertidumbre de los ingresos y la lógica de ranking, con fatiga acumulada por jornadas extenuantes y con la ansiedad constante de poder ser desactivados —despedidos— de manera arbitraria, sin explicación ni posibilidad de defensa.
Al mismo tiempo, todos los costos del trabajo recaen sobre nosotros: vehículos, combustible, mantenimiento, celulares, datos móviles. Las empresas no asumen ninguna responsabilidad: las empresas se siguen enriqueciendo y ven muy rentable superexplotarnos mientras crece el desempleo y el pluriempleo.
Frente a esto, se plantea la necesidad urgente del reconocimiento de nuestro sindicato para revertir esta realidad. Necesitamos tener instancias donde presionar con nuestra representación colectiva a las empresas, paritarias libres y avanzar con el encuadramiento dentro de la ley 20.744 y la elaboración de un convenio colectivo de trabajo.
El fallo judicial es un punto de apoyo, pero no alcanza. Necesitamos medidas concretas que obliguen a las empresas a registrar a los trabajadores, cumplir con la legislación laboral vigente y el reconocimiento de nuestra organización sindical.
