Traducido del portugués para el castellano por Víctor Artavia

A principios de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Decreto Legislativo (PDL) que revoca las directrices para la atención a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente (Conanda). El PDL 35/2025, que sigue en régimen de urgencia para el Senado, anula la Resolución nº 258 del consejo, que contenía orientaciones a órganos de salud, asistencia social y de protección a la infancia sobre cómo garantizar el derecho al aborto en los casos previstos por la ley, además de determinar la escucha especializada y la atención a las víctimas.

El proyecto forma parte de una serie de ataques recientes al derecho al aborto, ya muy restringido en Brasil, además de interrumpir el sistema de acogida a víctimas de violencia sexual menores de edad. Otro ejemplo es el Proyecto de Ley 1904/2024, apodado “PL de la violación”, que busca alterar el Código Penal para equiparar el aborto al homicidio cuando se realice después de la semana 22 de gestación, instituyendo la posibilidad del encarcelamiento de mujeres embarazadas por hasta 20 años. El “PL de la violación” prevé una pena mayor para quien opte por interrumpir el embarazo que aquella destinada a personas condenadas por el crimen de violación, de 6 a 15 años de reclusión.

Frente a los recurrentes ataques a los derechos reproductivos en Brasil, cabe aquí, trazar un panorama del aborto en el país. Como veremos, el derecho al aborto se restringe a situaciones límite – como casos de violación o de anencefalia fetal –, llevando a la mayor parte de las mujeres embarazadas a realizar abortos clandestinos. La clandestinidad, a su vez, es un agravante de riesgos, que empuja a mujeres ya marginadas a situaciones de mayores tensiones financieras, psicológicas y físicas.

El aborto en Brasil: raza, clase y clandestinidad[1]

En Brasil, la interrupción voluntaria de un embarazo o aborto inducido se considera ilegal, permitiéndose por ley solo en tres circunstancias: si el embarazo presenta riesgo para la vida de la gestante; si el embarazo es fruto de una violación; y en caso de anencefalia fetal. En estas situaciones, el Sistema Único de Salud (SUS) debe proporcionar el procedimiento de forma gratuita. Por otro lado, los casos que no se encuadren en la ley tienen penas previstas tanto para la gestante como para quien la haya auxiliado en la realización del procedimiento.

Tanto dentro como fuera de los parámetros legales, el aborto se realiza sobre todo de dos formas: mediante la ingestión de medicamentos que interrumpen la gestación – en el caso de abortos clandestinos, pudiendo ser con o sin orientación médica o de profesionales cualificados – o en clínicas – también pudiendo ser realizado por profesionales calificados o no en casos de clandestinidad. Aunque no toda interrupción de embarazo fuera de los parámetros legales represente grandes riesgos para la vida de la gestante, es importante destacar que la clandestinidad aumenta el peligro enfrentado.

De esta forma, los abortos realizados fuera de los parámetros legales se llaman abortos inseguros, mientras que los permitidos por la ley se denominan abortos seguros o legales.

Según estimaciones de la OMS, entre los años 2010 y 2014, cerca del 45% de todos los abortos inducidos fueron realizados de manera insegura (por personas sin capacitación utilizando métodos invasivos y peligrosos), siendo que más de la mitad de estos abortos se realizaron en Asia. En América Latina y África, cerca del 75% de todos los abortos realizados fueron hechos de manera insegura (OMS, 2024).

Cuando se habla específicamente de Brasil, es necesario reconocer que la mayor parte de los abortos se realiza fuera de los parámetros legales. Mientras el SUS registró en promedio cerca de 2.000 abortos legales por año entre 2015 y 2024, estudios apuntan a por lo menos medio millón de abortos clandestinos al año — es decir: por cada aborto legal, ocurren cerca de 250 abortos clandestinos. En este escenario, el uso de medicamentos — especialmente el Misoprostol (conocido como Cytotec) — se convirtió en el método más común fuera de la ley, como señala la Encuesta Nacional de Aborto (PNA) de 2021.

Sin embargo, aunque la inducción a un aborto sea pasible de penalización, es importante destacar que, a pesar del alto número de abortos inseguros en el país, una parcela pequeña de la población es encarcelada, y el motivo más común para el encarcelamiento es el aborto provocado por terceros o ayuda a mujeres para la realización del procedimiento, según datos del informe más reciente de la Secretaría Nacional de Políticas Penales (RELIPEN). El estudio, referente al segundo semestre de 2024, indica que, en diciembre de 2024, había un total de 138 personas presas por el crimen de aborto, siendo 120 de ellas hombres y 18 mujeres.

Aunque el uso más difundido de Misoprostol haya vuelto los abortos clandestinos relativamente más “seguros” en las últimas décadas, la ilegalidad y el estigma que rodean el aborto en Brasil crean una división brutal: las mujeres con recursos consiguen acceder a clínicas discretas con equipo especializado, mientras que las mujeres pobres quedan sometidas a prácticas arriesgadas, realizadas por personas sin cualificación o con instrumentos improvisados. Además, es importante remarcar que incluso en los casos en que el aborto está permitido por ley, el acceso es dificultado por la desinformación, el prejuicio de profesionales de la salud, la exigencia indebida de un parte policial y la precarización de los servicios de aborto legal del SUS.

La disparidad entre el número de abortos legales e ilegales expone una realidad cruel: la criminalización o restricción del aborto no impide su práctica, solo la empuja a la clandestinidad, con todos los riesgos que eso implica.

Según Débora Diniz, antropóloga de la Universidad de Brasilia, el 94% de los abortos legales realizados en Brasil están vinculados a casos de violencia sexual, número que representa solo una pequeña parte de los casos – cuando se habla de crimen de violación y de casos de aborto inseguro en Brasil, los datos tienden a no ser precisos, ya que históricamente son subnotificados, por distintas razones. Según una investigación del IPEA (2023) realizada en 2023, solo el 8,5% de los casos de violación llegan al conocimiento de la policía en Brasil, y solo el 4,2% son identificados por el sistema de salud. El derecho al aborto es sobre todo una cuestión de salud pública, principalmente para personas negras y periféricas que gestan. En Brasil, 6 de cada 10 víctimas de violación son niñas de hasta 13 años de edad, negras y periféricas (ANUARIO BRASILEÑO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2024).

Según la encuesta nacional de aborto, las tasas de embarazo no planificado y aborto siguen siendo más altas entre mujeres jóvenes, pobres, con baja escolaridad, indígenas y residentes de áreas rurales. Los datos de la PNA muestran que el 21% de las entrevistadas ya había realizado dos o más abortos, un indicativo de que existe un grupo de mujeres en condiciones de vulnerabilidad reproductiva crónica. Las investigadoras defienden que ampliar el acceso a métodos anticonceptivos y el asesoramiento posaborto son las estrategias más eficaces para reducir la repetición de abortos inseguros. También se observa que más de la mitad de las mujeres (52%) tenía hasta 19 años al realizar el primer aborto — un retrato contundente de la ausencia de políticas públicas efectivas de salud sexual y reproductiva para adolescentes.

La investigación Nacer en Brasil 2, divulgada parcialmente en 2023, profundiza este análisis al cruzar los datos sobre aborto con recortes raciales y socioeconómicos. El estudio evidencia que las mujeres negras y pardas están en posición de mayor vulnerabilidad dentro del sistema de salud: las mujeres negras se hospitalizan más por aborto que las blancas y pardas, y enfrentan mayor mortalidad materna. Esa desigualdad es explicada por las autoras como resultado directo de factores socioeconómicos, culturales y del racismo institucional.

En síntesis, ambas investigaciones convergen en un punto central: el aborto en Brasil no es la excepción, es la regla — pero una regla que pesa de forma desigual sobre los cuerpos de las mujeres. Los datos evidencian que son las mujeres negras, pobres, jóvenes y periféricas quienes pagan el precio más alto.

El aborto legal: dificultad de acceso a los servicios

Es necesario decir que la norma vigente respecto al tema del aborto es la Ordenanza de Consolidación del Ministerio de Salud nº 5 de 2017, que determina que, para la realización del aborto en los casos previstos por ley, el equipo multiprofesional que acompaña a la gestante debe estar compuesto, como mínimo, por obstetra, anestesista, enfermero, asistente social y/o psicólogo. Según el estudio realizado por Jacobs y Boing (2022), la exigencia de obstetra y anestesista durante el procedimiento limita la cantidad de establecimientos que pueden ofrecer el servicio de aborto legal en el país. La interrupción de embarazos, sobre todo en las primeras semanas, no necesita tantos profesionales para que ocurra de manera segura, y la imposición de limitaciones restringe la cantidad de establecimientos de salud del SUS que puedan atender a estas pacientes.

El estudio mencionado profundiza en la distribución de los servicios de aborto legal en el país. Las autoras afirman que:

“Entre las barreras de acceso al aborto previsto por ley está la baja disponibilidad del servicio. En 2019, 200 municipios brasileños ofrecían aborto previsto por ley, el 3,6% del total de municipios del país. Entre las residentes de los municipios con la oferta del procedimiento, la tasa de realización era casi cinco veces la tasa de los municipios sin oferta. La ausencia de acceso local y la necesidad de viajar para realizar un aborto previsto por ley disminuye el acceso al procedimiento seguro, volviéndolo inaccesible especialmente para grupos ya vulnerabilizados. Las personas que tienen impedido el acceso al servicio pueden terminar realizando el aborto de forma insegura, con potenciales riesgos para la salud e incluso para la vida.”

En un primer momento, el estudio mapeó los municipios con Servicios de Referencia para Interrupción de Embarazo en Casos Previstos por Ley registrados en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud y que tienen los recursos enumerados en las normativas vigentes para el proceso de justificación, autorización y realización del aborto en embarazos resultantes de violación en el SUS, encontrando un total de 55 municipios, lo que corresponde a menos del 1% del total de municipios brasileños. Solo el 26,7% de las personas de sexo femenino entre 10 y 49 años en Brasil residía en estas localidades en el año analizado, 2021, lo que indica que estos servicios de interrupción de embarazo están instalados en municipios con mayor concentración poblacional.

Las autoras señalan que la tasa de realización de abortos entre residentes de municipios con la oferta del procedimiento fue casi cinco veces la tasa encontrada entre residentes de municipios sin oferta del servicio. Esto, sin embargo, no significa que las residentes de municipios sin servicios de aborto no los estén realizando. Los impedimentos para la realización del aborto legal, así como el tabú que rodea el tema y la influencia de la religión, pueden hacer que mujeres que tienen derecho al aborto legal lo realicen de manera insegura, por fuera del SUS.

¡A las calles por una nueva Marea Verde en Brasil!

Frente a todo el escenario descrito, se vuelve evidente que la criminalización del aborto y la restricción cada vez mayor de ese derecho en los pocos casos en que se concede empuja a mujeres marginadas a situaciones límite. La lucha por el derecho al aborto pasa por la urgencia de que mujeres embarazadas ya vulnerabilizadas no corran el riesgo de ir presas o morir al pasar por un procedimiento tan común a lo largo de la vida reproductiva.

Es importante resaltar que los ataques a los derechos reproductivos forman parte de un proyecto más amplio de la extrema derecha de intensificación de la explotación, que afecta desproporcionalmente a mujeres negras y periféricas. El mismo bloque que busca restringir el derecho al aborto sostiene políticas de exterminio de la población periférica en las favelas de Brasil.

En ese sentido, es necesario impulsar una nueva Marea Verde en Brasil. Así como la lucha del movimiento feminista en Argentina conquistó el derecho al aborto y sigue frenando retrocesos, es importante que mujeres y personas que gestan en Brasil tomen las calles, no solo para frenar el PDL 35/2025, sino para ir más allá, arrancando el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales mediante la fuerza de nuestra movilización.

Referencias

DINIZ, Debora; MEDEIROS, Marcelo; MADEIRO, Alberto. National Abortion Survey – Brazil, 2021. Ciência & Saúde Coletiva, [S.L.], v. 28, n. 6, p. 1601-1606, jun. 2023. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232023286.01892023.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024. Disponível em: https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/253.

JACOBS, Marina Gasino; BOING, Alexandra Crispim. Como a normatização sobre o serviço de aborto em gravidez decorrente de estupro afeta sua oferta nos municípios? Ciência & Saúde Coletiva, [S.L.], v. 27, n. 9, p. 3689-3700, set. 2022. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232022279.05352022.

LEAL, Maria do Carmo; GRANADO, Silvana; BITTENCOURT, Sonia; ESTEVES, Ana Paula; CAETANO, Karina. Nascer no Brasil II: pesquisa nacional sobre aborto, parto e nascimento 2022-2023: dados preliminares da pesquisa para oficina: Morte Materna de Mulheres Negras no Contexto do SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2023. Disponível em: https://nascernobrasil.ensp.fiocruz.br/wp-content/uploads/2023/11/Dados-preliminares-da-pesquisa-Nascer-no-Brasil-2.pdf. Acesso em: 3 maio 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Abortion: fact sheet. Genebra: World Health Organization, 17 maio 2024. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion. Acesso em: 11 jun. 2025.

[1] En Brasil, las organizaciones del movimiento negro utilizan el término “raza” como una categoría identitaria afirmativa. Es decir, posee una connotación diferente a la del español. Por ejemplo, hace poco más de una década se conquistaron las “cuotas raciales”, con las cuales se estableció que las universidades tenían que garantizar el ingreso de un porcentaje mínimo de estudiantes negros por año. Esto fue considerado como una medida de reparación histórica ante la desigualdad social heredada por siglos de esclavitud y racismo estructural.