El desarrollo de la industria petrolera en Argentina tuvo varios hitos en el siglo XX, a partir de la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 1922 por parte del Estado argentino. Desde siempre se trató de un sector fundamental para la economía nacional. Esta centralidad tuvo su punto más bajo en los 90’ con la desastrosa privatización de YPF bajo el menemismo y la posterior debacle de la producción de hidrocarburos. La estatización parcial en 2012 (sigue siendo una Sociedad Anónima y no una Sociedad del Estado) y, a partir de allí, los diversos acuerdos de empresas petroleras con el Estado argentino y provincias empezaron a revertir los balances deficitarios, con los yacimientos de Vaca Muerta y la cuenca neuquina como el epicentro de la renovada explotación de petróleo y gas no convencional.
Desde el polémico acuerdo Chevron-YPF de 2013 hasta la actualidad, el boom productivo y exportador pasó a ser una realidad incipiente (ya que recién se llegó a cubrir la demanda interna de petróleo y el 50% de la producción estimada de barriles de crudo para 2035). Sin embargo, hay una profunda desigualdad entre el auge de Vaca Muerta y el derrumbe operativo (producto del agotamiento, venta y/o cierre) de los pozos de petróleo convencional del resto del país. Recién con la producción actual Argentina vuelve a los niveles registrados hace tres décadas, traspasa levemente el umbral del consumo local de petróleo (aunque todavía se importa grandes cantidades de gas en los picos de consumo de invierno) y todo apunta a un incremento exponencial del saldo exportador neto.
La apuesta de los capitalistas argentinos por un activo estratégico y el rol del Estado
Las masivas inversiones locales y extranjeras en el área de perforación y extracción de crudo (upstream) se superan año tras año, pero con evidentes cuellos de botella logísticos, de transporte (midstream) y de refinación (downstream). Muchas rutas, vías férreas, oleoductos, gasoductos, puertos y refinerías se encuentran bajo ampliación con márgenes de 1 o 2 años antes de saturarse nuevamente, otras están en construcción o en la etapa de planificación. Ese es el estado de una de las bases del desarrollo de un sector que podría generar, según los pronósticos más optimistas, 30 mil millones de dólares en materia de exportaciones para 2032 (para 2036 podría generar tantas divisas como el complejo sojero en la actualidad). Cabe aclarar que tales objetivos requerirían una inversión anual constante de 17 mil millones de dólares, cifra lejana para las estadísticas actuales pero con una tendencia ascendente.
El siguiente gráfico corresponde a las inversiones en petróleo por año (medida en miles de millones de dólares)
Vamos a ser claros: la promesa de un sector exportador generador de divisas que “salvaría a la Argentina” ya se vivió en los 90’ con el cultivo de soja transgénica. Si bien es cierto que llegó a ubicar a la Argentina en el tablero global de la producción sojera, los únicos beneficiados fueron los terratenientes locales, los pools de siembra, las empresas agropecuarias, el FMI y los fondos extranjeros. El campo afirma que pagó 120 mil millones de dólares en concepto de retenciones durante los últimos 20 años, un monto cercano a los acuerdos combinados de Macri, Fernández y Milei con el FMI más intereses. Lo que las patronales agrarias omiten decir es que todos los dólares de los préstamos internacionales fueron fugados inmediatamente por los mismos terratenientes, empresarios, bancos, fondos extranjeros y funcionarios públicos a través de distintos mecanismos financieros a paraísos fiscales.
Pero no solamente se trata de fuga de divisas y apropiación capitalista de la riqueza, sino también de cesión de la soberanía: en la mayoría de los contratos se establece que cualquier litigio entre una empresa petrolera (de capitales argentinos o extranjeros) y un gobierno provincial o nacional se dirime en tribunales de Estados Unidos. Los casos de mayor trascendencia fueron el conflicto entre Repsol (petrolera española) y el Estado Argentino y posteriormente el juicio iniciado por el fondo buitre Burford Capital (que compraron la parte accionaria del grupo Petersen, de la familia Eskenazi) por la estatización parcial de YPF que terminó en juzgados de ¡Nueva York! con los jueces Thomas Griesa (ya fallecido) y Loretta Preska en primera instancia. Casi todas las empresas con presencia en Vaca Muerta cotizan en la bolsa de Nueva York (Wall Street) y la Corte Suprema de los Estados Unidos falló en 2019 que la jurisdicción neoyorquina tiene competencia por derecho de los accionistas.
La soberanía energética es una política esencial de cualquier Estado, y bajo el Estado burgués garantiza el funcionamiento mismo del sistema capitalista. La producción petrolera se encuentra en cierto declive a nivel mundial por el agotamiento de este recurso natural no renovable, el desarrollo de otras fuentes de energía y el avance de los vehículos eléctricos, pero en el mediano plazo sigue siendo la rama industrial más importante del mundo medida en inversiones y ganancias. Además, el escenario geopolítico convulsionado de Medio Oriente, la volatilidad del precio del barril de crudo y el metro cúbico de gas, las sanciones de la Unión Europea a Rusia, la invasión de Estados Unidos a Venezuela y la guerra comercial de Trump podrían haber ubicado a la Argentina (alejada de los conflictos bélicos) como un destino predilecto en materia de inversiones.
Sin embargo, el péndulo político local, el elevado riesgo país, el cepo al giro de dividendos de las patronales a sus casas matrices siguen siendo limitaciones para los desembolsos extranjeros a gran escala (la salida de Petronas del proyecto de la planta de gas natural licuado en Río Negro fue un caso paradigmático, sumado a la pésima gestión del gobierno de Milei). Y aunque muchas empresas ingresaron al RIGI (del sector petrolero y minero principalmente), que legalizó el remate de los recursos naturales de la Argentina a cambio de migajas por décadas, estos montos no llegaron a la cantidad deseada por el gobierno de ultraderecha de Milei para sostener su inviable modelo económico de ingreso (y fuga) de dólares.
Bajo estas circunstancias es que varios actores de la burguesía local se sumaron con fuerza, desde 2014 en adelante, a la explotación de Vaca Muerta.
Tecpetrol y Tenaris (del grupo Techint de Paolo Rocca, el empresario más rico de Argentina, que en 2017 aprobó una inversión multimillonaria en Vaca Muerta), Vista Energy (empresa fundada por Miguel Galuccio en 2017 junto con financistas argentinos con domicilio fiscal en México, ex-CEO de YPF durante el kirchnerismo que accedió a toda su información privilegiada), Pampa Energía (empresa ganadera devenida en energética y productora de gas natural de Marcelo Mindlin), TGS (la empresa transportadora de gas más grande de Argentina y Latinoamérica por kilómetros de red, también ligada a Mindlin), CGC (petrolera con injerencia accionaria de Eduardo Eurnekian desde 2013), PAE y Axion Energy (un verdadero conglomerado petrolero que logró integrar las tres etapas del proceso productivo en poder de la familia Bulgheroni), Shell-Raízen (la segunda refinería más importante del país que en pocos meses será propiedad compartida entre Shell y el grupo Vila-Manzano, dueños de Edenor y accionistas de la petrolera Phoenix Energy, junto con sus 1000 estaciones de servicio), Pluspetrol (de Edith Rodríguez, la empresaria más rica de Argentina, que compró todos los activos de ExxonMobil por 2 mil millones de dólares), Oldelval (dueña de los oleoductos que transportan el 75% del crudo de Vaca Muerta y el 50% de la producción hidrocarburífera del país, de propiedad compartida entre todas las empresas mencionadas junto con YPF) son las principales empresas de capitales argentinos (o con importante peso accionario local) que lideran las inversiones en Vaca Muerta. Se debe remarcar la influencia de este lobby petrolero con el nombramiento de Horacio Marín (ex-directivo de Tecpetrol y alfil de Paolo Rocca por 35 años) como el CEO de YPF bajo del gobierno de Milei desde el 2024 hasta la actualidad.
A pequeña escala, hay numerosos casos escandalosos de saqueo como el de Javier Iguacel, exfuncionario macrista, que con una empresa inventada y sin capitales (Bentia Energy) adquirió pozos petroleros maduros de YPF a cambio de promesas de inversión (tomando deuda que usaba los mismos pozos como garantía). Shell, Chevron, Total Energies y Equinor también tienen importantes inversiones en la cuenca, pero no con la celeridad de las empresas argentinas.
Párrafo aparte merece YPF y su peso específico en este nuevo tablero energético, que le otorga al Estado argentino un rol preponderante que nunca tuvo, por ejemplo, en el boom exportador sojero. Lidera los rankings de inversiones, de producción, de exportaciones (también de endeudamiento), de demanda laboral operativa, técnica y calificada, tiene la mayor cantidad de refinerías en el país, la de mayor capacidad (YPF-La Plata), y la mayor red de estaciones de servicio (abasteciendo el 55% de toda la nafta consumida en Argentina y el 45% del mercado de lubricantes). Esta capilaridad a nivel nacional le permite arbitrar sobre los precios y Shell y Axion (segunda y tercera en cantidad de estaciones de servicio respectivamente) suelen plegarse a los valores de surtidor dictados por la petrolera de bandera.
Así, Argentina empezó a dejar atrás las balanzas energéticas deficitarias y podría ir en camino a ser una potencia energética de peso regional. La producción argentina de gas es el 23% de toda la producción de Latinoamérica, por encima de Brasil y Trinidad y Tobago. Hay proyectos a nivel internacional que contemplan utilizar y ampliar la infraestructura ya existente del gasoducto Cruz del Sur, que actualmente conecta Argentina con Uruguay a través del Río de la Plata, para habilitar futuros envíos de gas de la cuenca neuquina hacia territorio brasileño. Paraguay y Chile también se encuentran negociando tratados y proyectos de gasoductos desde Vaca Muerta para abastecer la demanda de sus respectivos países (una demanda potenciada por el derrumbe y agotamiento de la producción gasífera de Bolivia) y que eventualmente sean un puente exportador al continente asiático y europeo. En el mercado regional petrolero, los principales actores son Brasil y Venezuela, pero en una década la Argentina también podría sumarse al podio de producción y exportaciones.
Más allá de esta innegable potencialidad, en la actualidad esta revolución energética se concentra de manera profundamente desigual en la cuenca neuquina, con sus graves consecuencias económicas y laborales para el resto del país. Las políticas de YPF de abandono y cierre de pozos de petróleo convencional en Chubut y Santa Cruz causaron más de diez mil trabajadores petroleros despedidos en los últimos años, sin contar todos los puestos de trabajo indirectos perdidos que sostiene una industria de esta magnitud (transporte, gastronomía, ocio, construcción y educación). En Vaca Muerta, el crecimiento orgánico del capital no implicó ninguna mejora en las condiciones laborales ni salariales de los trabajadores petroleros. La población en general tampoco vio beneficio alguno de este boom productivo con, por ejemplo, una baja del valor del litro de nafta en surtidor; y casi el 40% a nivel nacional no tiene acceso a la red de gas natural. La nula visión estratégica del desarrollo del resto de la economía nacional demuestra hasta qué punto la burguesía argentina desprecia el destino de las clases trabajadoras.
A nivel estatal el gobierno de Milei liberó los precios de los combustibles derogando el barril criollo, quedando a merced de la volatilidad de la cotización internacional del barril de crudo. También en la ley Bases se modificó la Ley de Hidrocarburos de 1967 y ahora las empresas no están obligadas a abastecer el mercado local si consideran más rentable exportar la producción, trasladando sobre el consumidor cualquier turbulencia internacional sin afectar las ganancias capitalistas.
En su momento, Juan José Aranguren, ex-CEO de la filial local de Shell por 15 años y ministro de Energía y Minería de Macri, justificó los tarifazos de su gestión asegurando que el precio del litro de nafta tenía que ser de 1 USD (promedio histórico ajustado por inflación) para que la industria sea rentable. A valores de mayo de 2026, el litro de nafta super en Argentina promedia el 1,65 USD/litro (casi 2300 pesos). Incluso considerando que el precio internacional del barril de crudo aumentó un 25% el último tiempo, no hay ningún justificativo para una variación del 65% medida en dólares. Además, a diferencia de las últimas décadas, ya se alcanzó el autoabastecimiento petrolero pero la nafta está en los valores más altos en términos reales de los últimos 35 años.
Es evidente que toda la población está pagando de su bolsillo las históricas ganancias petroleras (sus balances trimestrales, que son públicos por cotizar en la bolsa local y en Wall Street, así lo demuestran) y en simultáneo están cargando sobre sus espaldas el altísimo nivel y tasa de endeudamiento de estas patronales. El mecanismo es sencillo: al verse con dificultades para acceder al mercado de deuda internacional, emiten varios instrumentos como las ONs (Obligaciones Negociables, que son deuda corporativa) para financiar sus proyectos en Vaca Muerta.
Solamente en los últimos 4 años las empresas petroleras se endeudaron por la suma total de más de 26 mil millones de dólares a una tasa entre el 6% y el 10% anual (tal cifra representa la mitad del acuerdo de Macri con el FMI, que además era con una tasa del 5% anual promedio), muy por encima de los promedios internacionales. Y la mayoría de estas emisiones se realizaron bajo legislación estadounidense en caso de litigios por incumplimiento.
Si bien semejante montaña de dólares motorizó gigantescos emprendimientos en Vaca Muerta, desatando una auténtica “fiebre del petróleo” por pozos y obras de perforación, pretenden que toda la población asuma los costos de esta carrera capitalista de privatización de recursos naturales por un largo período de tiempo (los Obligaciones Negociables tienen plazos de 10 años en promedio y todos los años hay nuevas emisiones). Así llegamos a la irracionalidad de ser el segundo país con la nafta más cara de toda Sudamérica, solamente por detrás de Uruguay que no produce ni un barril de crudo.
Conclusiones
Este giro estratégico de un sector de la burguesía argentina los pone a resguardo de la brutal recesión y la destrucción de la industria manufacturera local, el mercado interno y el comercio minorista. Los grupos empresariales mencionados tienen una extensa trayectoria previa en el rubro metalúrgico, minería, campo, aeropuertos, distribuidoras de energía, alimentación, etc. Apostando a un área de probada proyección exportadora se salvan (¡y con una rentabilidad extraordinaria!), fugan sus ganancias al exterior y se benefician con el RIGI, la reforma laboral, los sucesivos blanqueos de capitales (que fueron una fuente importante de financiamiento con dólares de los evasores y el narcotráfico) y los precios liberados de la nafta.
Esta frenética carrera capitalista la pagan in situ los trabajadores petroleros con accidentes de todo tipo y fallecimientos en los pozos de perforación y refinerías, donde el lema sagrado de la patronal es “lo que manda es el proceso”. A nivel salarial tampoco hubo aumentos en términos reales y lo único que negociaron las burocracias sindicales (los gremios petroleros privados están fragmentados y tienen convenios regionales) fue mantener el poder adquisitivo igualando el IPC. La brutal reforma laboral de Milei impulsada por toda la burguesía argentina será otro foco de conflicto entre las petroleras y una clase obrera que no fue derrotada.
Mientras tanto toda la población sufre la recesión, los despidos, los salarios miserables, la precarización laboral y el pluriempleo, el cierre de fábricas y comercios, los tarifazos y la degradación de todos los servicios básicos y de transporte. La crisis es de tal magnitud que en varias conferencias las cámaras petroleras admitieron que no aumentan aún más los precios finales porque empezó a disminuir el consumo local de combustibles. Pero ante esta situación simplemente destinan mayor cuota a la exportación, manteniendo sus ganancias intactas.
El peligro es que el desarrollo productivo de Vaca Muerta, sus redes de transporte (oleoductos y gasoductos principalmente) y refinerías queden en manos de capitales privados y así formen una verdadera oligarquía petrolera que condicione a cualquier gobierno en materia energética. La injerencia de YPF (por el peso accionario del Estado argentino) puede generar en términos circunstanciales algún tipo de contrapeso a la expoliación petrolera, pero es muy relativo y limitado bajo el Estado Burgués y sus gobiernos capitalistas, sin una empresa 100% estatal bajo el control de sus trabajadores.
