Polémica

La educación, el «adoctrinamiento» y el ajuste

La campaña contra el "adoctrinamiento" está dirigida contra los docentes y la educación pública.

Eric Tano Simonetti
Docente. Referente del Nuevo MAS La Plata


Semanas atrás la Ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, lanzó una serie de acusaciones y agravios contra los docentes. Desde que somos unos “viejos fracasados” hasta que hacemos militancia en las aulas para adoctrinar los estudiantes. Desde entonces el tema se instaló en la agenda pública de los medios de comunicación y la docencia por las redes sociales se expresó masivamente repudiando este ataque.

Ayer, domingo 29 de noviembre, el diario La Nación retomó este ataque llevándolo a su tapa con el título “Adoctrinamiento: fuerte sesgo político en planes de estudio y manuales”.

Y en su interior dedicaba 3 artículos al tema, concentrando la idea en uno firmado por Jorge Fernández Díaz con el título “Lavarles el cerebro a los chicos”, donde se destila el más burdo desprecio hacia la tarea que realizamos todos los días los trabajadores de la educación. Pero ¿cuál es el objetivo de la Ministra Acuña y del diario La Nación al hacer foco sobre esto?

Por la vía de introducir en la sociedad la idea de que los docentes “no enseñamos sino que adoctrinamos”, que “en lugar de ir a educar, vamos a militar”, buscan atacar al principal actor que ha defendido con su lucha y con su vida a la educación pública, laica y gratuita. El ejemplo de Carlos Fuentealba asesinado por la policía es una expresión entre tantas de esto. Así, atacando a quienes defendemos a la educación pública buscan allanar el camino para abonar a su desprestigio y de esta manera poder justificar decisiones políticas que van directamente en contra del sistema público de educación: en primer lugarsu paulatino desfinanciamiento a los largo de décadas, que redunda en las precarias escuelas que tenemos hoy en todo el país, las pésimas condiciones edilicias, y los bajos salarios de la gran mayoría de los docentes.

Política de desfinanciamiento que comenzó cuando el peronismo en los 90´ transfirió las escuelas del Estado Nacional hacia los Estados provinciales y que luego ningún gobierno posterior lo revirtió. En los últimos años eso se profundizó hasta llegar a ver como la desidia estatal terminó con la vida de Sandra y Rubén, dos trabajadores de la educación a los que la escuela literalmente les explotó.

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La contracara de este proceso de baja presupuestaria es el enorme crecimiento de las escuelas privadas, tanto laicas como religiosas, donde cada vez más amplios sectores de la clase media y también de la clase trabajadora mandan a sus hijos a los ojos vista del estado deplorable del sistema público. Claro está que esto ha sido incentivado por el Estado, tanto de los gobiernos peronistas como macristas, que subsidian con recursos estatales estos establecimientos donde en general el contenido de la enseñanza está supervisado y determinado por los dueños privados (empresarios) y/o por la Iglesia Católica, la enemiga número 1 de los derechos de las mujeres y parte integrante de la última dictadura militar, cómplice de la desaparición y asesinatos de miles.

Pero en los dichos de Acuña y en los tres artículos de La Nación ni una palabra se dice por el adoctrinamiento religioso que se realiza en estas escuelas, ni tampoco de cómo la gran mayoría de los directivos a cargo se niegan a dictar los contenidos obligatorios de la Ley de Educación Sexual Integral, ni de los reiterados casos de censura y persecución a los docentes que optan por enseñar estos contenidos por cuenta propia.

Esta enorme desigualdad en el sistema educativo entre privado y público es la misma que se expresó todo el año con el intento del paso a la virtualidad, que resultó en rotundo fracaso para la gran mayoría que va a la escuela pública por una razón estructural: allí se concentran los sectores más pobres de la sociedad, que carecen de condiciones de habitabilidad para poder estudiar en buenas condiciones, no tienen muchas veces computadoras y conectividad de internet. Otra es la situación de la escuela privada que, reflejando a los sectores medios, contaron con mejores condiciones para afrontar la emergencia educativa en medio de la pandemia. Los gobiernos, por su parte no hicieron prácticamente nada para otorgar internet gratis y computadores. Muy distinto al enorme esfuerzo que hicieron los trabajadores de la educación, docentes y auxiliares, que se pusieron al hombre la tarea de garantizar una mínima continuidad pedagógica. ¿Y cómo se les paga? Con aumentos salariales miserables y una Ministra que ataca y ataca.

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En los próximos meses, cuando pasen las vacaciones de verano, volverá con todo el foco sobre el sistema educativo, cuando la cuestión de volver a las escuelas se transforme en un problema concreta para toda sociedad. ¿Cómo haremos para retornar a la presencialidad? Desde estas páginas venimos insistiendo en los últimos meses que desde el gobierno es necesario una gran inversión en educación para poner en pie un plan de obras de infraestructura que permita construir nuevas escuelas, ampliar las que existen, arreglaras y ponerlas a punto para poder ir hacia una presencialidad segura en términos sanitarios, que permita el distanciamiento social. Sería una verdadera tragedia para la educación pública y los millones de hijos de la clase trabajadora que asisten a ella que la virtualidad (o el intento fracasado de ella) subsista más tiempo. Pero tampoco podemos volver a las escuelas en cualquier situación sanitaria y de infraestructura. Es fundamental que el Estado garantice con inversión presupuestaria tanto la salud de la población como la educación. Sin embargo los presupuestos de CABA y de las provincias, sintonía con el ajuste presupuestario nacional pactado por el gobierno y el FMI, va en el sentido contrario: menos plata para salud, educación y las necesidades sociales.

Será tarea del conjunto de los trabajadores de la educación y el movimiento estudiantil, como siempre ha sido, ponerse a la cabeza de una gran lucha nacional por aumento de presupuesto educativo. Esa será la manera concreta de derribar las provocaciones de Acuña, de los ajustes presupuestarios de Alberto Fernández, Kicillof y los gobernadores provinciales que sólo buscan aprobar la tarea que les piden los ajustadores del Fondo.

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