Esta disputa dio lugar a un intenso debate que, además de Moraes y Musk, involucra a Bolsonaro, Lula y sus respectivos partidarios, así como a sectores de la izquierda del orden y de la izquierda radical. Libertad de expresión, autoritarismo y defensa de la soberanía popular son algunas de las palabras clave utilizadas en la disputa.

A continuación, analizaremos los detalles del conflicto y tomaremos una posición basada en los criterios de independencia de clase y antiimperialismo radical.

Las partes del conflicto

Empecemos presentando las figuras involucradas en la pelea. Esto es importante porque reflejan dos bandos que, si bien están enfrentados y tienen matices en cuanto a lo “políticamente correcto”, tienen un denominador común: son representantes del orden capitalista.

Moraes: el conservador disfrazado de “defensor de la democracia”

Moraes representa al poder judicial, es decir, uno de los sectores más conservadores y fundamentales del orden político burgués. Basta mirar su historial para comprobar que este juez no es un defensor de las libertades democráticas ni de las demandas de los sectores explotados y oprimidos. Por ejemplo, Xandão apoyó el impeachment contra el gobierno de Dilma Rousseff en 2016, medida reaccionaria que dio lugar a la imposición por parte del Congreso del gobierno antidemocrático de Michel Temer que, en el espacio de dos años, aprobó la (contra)reforma laboral y otras medidas antidemocráticas y antipopulares.

Pero, como sucede en muchas ocasiones, al jugar al “aprendiz de brujo”, Moraes y el poder judicial abrieron una “caja de Pandora”. El impeachment fue el paso previo al ascenso de la extrema derecha en Brasil, cuyo culmen fue la elección de Bolsonaro a la presidencia de la República en 2018. Desde entonces, el gobierno del ex capitán ha intentado un giro reaccionario del régimen, es decir, derogar la institucionalidad en funcionamiento establecida después de la redemocratización (1985) y, así, establecer un gobierno de facto. En este esquema autoritario, el poder judicial perdió gran parte de su poder como institución para resolver conflictos en el Estado burgués; por ello, fue constantemente cuestionado por el bolsonarismo con el objetivo de vaciarlo de sus responsabilidades políticas. Como dijo Marx en su crítica a la filosofía del derecho de Hegel, ¡la consecuencia siempre lucha contra sus causas!

Esta contradicción desató fricciones entre Moraes y Bolsonaro (que continúan hasta el día de hoy), quienes personificaron dos sectores burgueses en disputa. Por un lado, la extrema derecha que busca establecer un gobierno bonapartista por decreto basado en fuerzas militares y policiales; por el otro, un juez que defendía los intereses de la “corporación de la toga”, para lo cual necesitaban mantener la institucionalidad democrático-burguesa (especialmente el equilibrio entre los tres poderes) heredada por la Constitución de 1988.

En resumen, cuando Moraes habla de “defensa de la democracia”, se refiere al mantenimiento de un “Estado de Derecho” que condena a la miseria a millones de trabajadores y a la destrucción del medio ambiente, garantizando al mismo tiempo las ganancias de las grandes empresas capitalistas del imperialismo en Brasil. Por eso Moraes se convirtió en una especie de árbitro en el contexto de la polarización que atraviesa Brasil. Luego del impeachment a Dilma y la consolidación de la extrema derecha como fuerza política con amplia penetración y capilaridad, el poder judicial se posicionó como un “bonapartismo con toga” que intenta resolver los principales conflictos políticos a través de los tribunales y, al mismo tiempo, garantiza los intereses corporativos del poder judicial.

Musk: el hijo del joyero del apartheid

Actualmente, Elon Musk es el hombre más rico del planeta. Su fortuna ronda los 244,8 mil millones de dólares (datos a agosto de 2024) y, según algunas estimaciones, gana 14,75 millones por hora. Por tanto, forma parte del restringido grupo de los billonarios, una élite capitalista que se caracteriza por su implicación en la política mundial y por el deseo de sus miembros de ser reconocidos como “emprendedores”, ya sea rompiendo las reglas vigentes para garantizar sus intereses económicos, o, en el caso de los multimillonarios llamados “progresistas”, dedicarse a la filantropía, para ser reconocidos como “salvadores” de la humanidad (al estilo de Bill Gates).

Contrariamente a las afirmaciones de meritocracia y al supuesto talento mágico de Musk para los negocios, lo cierto es que su fortuna fue heredada. Nació en una familia adinerada de Sudáfrica, propietaria de una mina de esmeraldas durante el régimen racista del apartheid (¡su fortuna está manchada de sangre!). Su primera empresa se fundó tras recibir un préstamo de su padre. Es decir, su mayor “mérito” es tener un padre multimillonario.

En los últimos años se ha convertido en una de las figuras más destacadas del mundo de las “Big Tech”. Además de X, posee otras empresas como Tesla, SpaceX, PayPal y Starlink. Es importante recordar esto, porque es un sector muy particular del capitalismo del siglo XXI. Muchas de estas empresas se presentan como vanguardia en el proceso de “transición energética”. Pero, la mayoría de las veces, su supuesto “progreso ecológico” se basa en la explotación extractiva de minerales en países semicoloniales. En el caso de Musk, recordemos que apoyó el golpe militar en Bolivia en 2019, ya que pretendía controlar las minas de litio en ese país para mejorar la competitividad de los coches de Tesla. En 2020 publicó un post en el que, con soberbia, aseguró que “haremos todos los golpes que queramos. Lidia con ello”.

De hecho, las empresas de redes sociales se han convertido en un sector poderoso con influencia y control sobre la información consumida diariamente por vastos segmentos de la población, pero -por ahora- casi no existen reglas que las regulen desde los Estados Unidos. Esta situación comenzó a convertirse en un problema político, pues en el contexto de una nueva etapa de la lucha de clases caracterizada por una mayor polarización a nivel internacional, las redes sociales se convirtieron en un escenario para líderes y canales de difusión de ideas de extrema derecha.

Una vez más, Musk es un ejemplo de ello. Solía ​​posicionarse en el centro político y apoyar al Partido Demócrata, pero durante la pandemia giró hacia la derecha, principalmente porque se opuso a las medidas que lo obligaron a cerrar las puertas de su fábrica de Tesla en California (¡las ganancias por sobre la vida!, un “eslogan” de la burguesía). Tras comprar el viejo Twitter (ahora llamado X), el magnate completó su transformación en el “gurú” de la nueva derecha internacional. Se presenta como un “defensor de la libertad de expresión”, mientras protege sus intereses económicos y promueve a sus aliados políticos. Una de sus primeras medidas al frente de la red social fue restablecer la cuenta de Trump, que fue cerrada después de haber sido utilizada para alentar el golpe contra los resultados de las elecciones de 2020.

En este escenario global, donde resurgen las fricciones geopolíticas y la política comienza a distorsionar (aunque sea parcialmente) el funcionamiento de la economía neoliberal, las redes sociales se han convertido en el objetivo de algunos gobiernos que miran de reojo a empresas y magnates que creen estar por encima de las regulaciones estatales. Esto explica las crecientes tensiones entre varios Estados (principalmente imperialistas) con estas empresas, como demuestra la detención en Francia del jefe de Telegram o los planes de prohibir TiK ToK en Estados Unidos, entre otros casos.

¿Cuáles son los intereses de Musk en Brasil?

Ahora veamos los intereses económicos de Musk en Brasil y cómo se relacionan con su creciente interferencia en la política nacional.

Brasil tiene reservas de dos minerales necesarios para la producción de baterías para vehículos eléctricos: níquel y litio. En el caso de este último, se estima que el país cuenta con las octavas reservas más grandes del mundo. Por ello, Musk se acercó a Bolsonaro cuando era presidente, con el objetivo de obtener acceso a estos minerales.

Así, en julio de 2022, el entonces presidente de extrema derecha promulgó un decreto que facilitaba la exportación de litio y, de hecho, Tesla firmó un acuerdo con Vale (minera canadiense responsable de varios delitos medioambientales), para el suministro preferencial de níquel.

Además, en mayo de ese mismo año, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) aprobó el uso de satélites Starlink en el país, bajo el argumento de impulsar el monitoreo de la Amazonía y desarrollar la conectividad de las escuelas públicas de la región. Desde entonces, la empresa ha experimentado un crecimiento exponencial en sus operaciones, pasando de 27 mil accesos en abril de 2023 a 224 mil en agosto de 2024 (un aumento del 740%).

Pero la mayoría de los usuarios de Starlink son empresarios de agronegocios, es decir, los principales responsables de la destrucción de la selva amazónica y otros biomas. De hecho, entre marzo y julio de 2024, 50 antenas Starlink fueron incautadas y utilizadas por mineros para coordinar sus actividades mineras ilegales dentro de tierras indígenas. Pese a ello, según el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), la empresa no colabora con la agencia para identificar a los mineros. Por cierto, las promesas de Musk de conectar 19 mil escuelas en el Amazonas nunca se cumplieron.

Finalmente, Starlink ganó un contrato con las fuerzas armadas brasileñas luego de “competir” en un concurso lanzado por el Comando Militar de la Amazonía, pero con la particularidad de que los criterios definidos en el documento hacían que la empresa de Musk fuera la única que podía competir.

De esta manera, no quedan dudas sobre las profundas conexiones de Musk con los sectores más reaccionarios del capitalismo y el Estado burgués brasileño. El ejército y el agronegocio son negacionistas (de la represión durante la dictadura y de la actual crisis ambiental) y gozan de impunidad para desarrollar libremente sus actividades. Por tanto, el bolsonarismo es el campo político que mejor les representa y, en el caso de Musk, no duda en defender las agendas de la extrema derecha y de sus seguidores, pues está seguro de que Bolsonaro es la mejor garantía para proteger su negocio en Brasil.

La disputa con Xandão y las reacciones políticas

La suspensión de “X” fue el colofón a la disputa entre el polémico juez y el magnate norteamericano. La medida fue precedida por la amenaza de Musk de ignorar las decisiones judiciales y reactivar las cuentas de los usuarios bolsonaristas bloqueados, además de acusar al ministro del STF de censura.

En respuesta, Moraes incluyó a Musk en la investigación a las milicias digitales, acusándolo de abuso de poder económico, obstrucción de la justicia y le impuso una multa de 100.000 reales por cada perfil reactivado. Xandão refleja la preocupación del poder judicial y de sectores de la burguesía de que Musk transforme la red “X” en un escenario para impulsar a las fuerzas de extrema derecha en Brasil, un riesgo a tener en cuenta después de los acontecimientos del 8 de enero de 2022, cuando grupos de bolsonaristas -financiados por la agroindustria y con la complicidad de las Fuerzas Armadas- invadieron la Praça dos Três Poderes y entraron violentamente en edificios gubernamentales. Además, se están celebrando elecciones municipales y puede haber preocupación en el Poder Judicial por la posible intromisión de Musk en el proceso electoral, ya que controla el algoritmo de la red y puede definir caprichosamente la jerarquía de contenidos que aparecen en las pantallas de los smartphones y ordenadores de 22 millones de usuarios que la plataforma tiene en Brasil, beneficiando a los candidatos que lo favorecen.

Como era de esperar, la eliminación de X del aire hizo que el conflicto se convirtiera en el centro del debate entre las bancadas del bolsonarismo y del lulismo en el Congreso. En la extrema derecha, parlamentarios del PL criticaron la falta de claridad del STF a la hora de bloquear las cuentas de los líderes bolsonaristas y denunciaron a Xandão como enemigo de la libertad de expresión. Este fue el caso del diputado Paulo Bilynskyj (PL-SP), quien se refirió a Musk como “valiente” por enfrentar “la verdadera censura instalada en Brasil”. También habló Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, que utilizó la red X para defender el impeachment de Alexandre de Moraes, a quien calificó como “el gran cáncer de la democracia brasileña” y denunció que “el STF ya no puede continuar apoyando sus delirios vengativos”.

En una clara señal a favor del bolsonarismo, Musk compartió varios mensajes de apoyo a la manifestación del 7 de septiembre, que presentó como un “grito contra la tiranía”. La consigna central del acto convocado por Bolsonaro fue pedir el impeachment de Moraes, llamado “dictador” por Bolsonaro en su discurso en el evento. Esto demuestra la demagogia de Bolsonaro, así como su ventaja sobre el resto de las fuerzas políticas burguesas, incluido el PT y la izquierda del orden: por un lado, se presenta como el defensor de las “cuatro líneas de la Constitución” y utiliza las herramientas del régimen para impulsar su agenda en el Congreso y el Senado (como pedir amnistía para sus partidarios detenidos por los hechos del 8 de enero), por otro, es una fuerza extraparlamentaria que no tiene reparos en ir más allá de la legalidad cuando las condiciones le son favorables.

En lo que respecta a los diputados de la base gubernamental, su postura fue la de calificar a Musk de magnate que ataca la soberanía nacional. Éste es un hecho incuestionable. Sin embargo, la llamada “izquierda del orden” no tardó en convertir la disputa en una lucha en defensa de las instituciones burguesas, como lo hizo la diputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que criticó a los parlamentarios de derecha por “defender a alguien que quiere violentar la democracia brasileña, quiere invadir la soberanía brasileña, quiere atacar a la Corte Suprema de Brasil, atacar al ministro Alexandre de Moraes y también al presidente Lula». El diputado Ivan Valente (Psol-SP), por su parte, evaluó que Musk representa una grave “injerencia internacional de la extrema derecha”.

El presidente Lula, por su parte, se posicionó del lado de Moraes declarando que «no es porque el tipo tenga mucho dinero que pueda faltarle el respeto. Este ciudadano es un ciudadano americano, no es un ciudadano del mundo. No puede ofender a los presidentes, ofender a los diputados, ofender al Senado, ofender a la Cámara, ofender a la Corte Suprema (…) tiene que respetar la decisión de la Corte Suprema de Brasil. Si quiere, bien. Y si no, que tenga paciencia. De lo contrario, este país nunca será soberano».

Lo anterior refleja los límites del lulismo y de la izquierda de la orden. Su oposición a la extrema derecha no es más que una defensa abstracta de la institucionalidad burguesa heredada de la “redemocratización”, es decir, del orden burgués que garantiza la explotación y opresión de millones de trabajadores, indígenas, negros y mujeres, así como la dramática destrucción de la naturaleza en Brasil.

¡Ni Xandão ni Musk!

Como ya se explicó, el conflicto entre Moraes y Musk reavivó la polarización política entre los campos burgueses de la extrema derecha bolsonarista y las fuerzas articuladas en torno al gobierno liberal-social de Lula.

Por parte de la extrema derecha, buscan crear una narrativa en la que se erigen como defensores de la libertad de expresión y utilizan los ataques del poder judicial como un ejemplo más de la “batalla cultural” de la “izquierda” contra los “valores tradicionales” (“Dios, Patria y Familia” en la narrativa de Bolsonaro, un amplio abanico donde pueden converger muchos temas).

El campo gubernamental (que incluye a la izquierda del orden del PSOL) se posiciona como defensor de las instituciones burguesas y apoya las medidas de Moraes, que se presentan como una defensa de la “soberanía” contra la interferencia política de un magnate imperialista de extrema derecha. Sin embargo, no cuestionan ninguno de los instrumentos clásicos de explotación imperialista (como el pago de la deuda externa), ni hablan de los acuerdos -directos e indirectos- entre el gobierno y Starlink.

Por ejemplo, según un artículo de BBC News Brasil, Petrobras firmó un contrato por valor de US$ 24 millones (equivalentes a R$ 134 millones) con la empresa MTNSAT (multinacional especializada en comunicaciones para el sector marítimo y petrolero) para brindar el servicio de internet satelital de Starlink. Además, en mayo pasado, el presidente renunció a boicotear los negocios de la empresa cuando fue informado de que la mitad de la agricultura brasileña utiliza la internet del magnate. Así, Lula se abstuvo de tomar medidas concretas para limitar la interferencia de Musk y no afectar a los “barones” del agronegocio.

Entonces, ¿qué hacer ante esta disputa política? Nosotros, desde la corriente Socialismo o Barbarie (SoB) creemos que es necesario romper con la lógica campista Moraes/gobierno versus Musk/bolsonarismo (un ejemplo de este campismo es la posición del MES-PSOL, acrítico con Moraes y sin diferenciarse del gobierno). Por el contrario, necesitamos construir un tercer campo de independencia de clase y verdaderamente antiimperialista.

Para derrotar a la extrema derecha es imprescindible retomar las calles, ya que es la única manera de “cambiar el rumbo” en la conciencia de las masas explotadas y oprimidas, como lo demostró el movimiento de mujeres que, después de realizar masivas marchas en varios estados, detuvo el avance del “Proyecto de Ley sobre Violación” en el Congreso. En este sentido, es vergonzoso que la izquierda del orden renunciara a movilizarse el 7 de septiembre. En lugar de llamar a sus bases a construir un acto conjunto contra la extrema derecha en unidad con otros movimientos sociales y la izquierda independiente, prefirió dejar las calles a merced de Bolsonaro y sus seguidores. Por tanto, el evento en la Praça da Sé fue acompañado exclusivamente por algunas organizaciones de la izquierda revolucionaria.

Asimismo, si bien no apoyamos ninguna de las medidas tomadas por Moraes y el sistema de justicia, tampoco defendemos la libertad de expresión de los responsables de los hechos del 8 de enero, ni de los líderes de la extrema derecha. Las críticas al poder judicial y sus avances para “judicializar” la política (el llamado “bonapartismo con toga”) no pueden dar paso a una defensa -tácita o explícita- de la restitución de las cuentas bolsonaristas cerradas en X. Al respecto, desde la corriente SoB afirmamos categóricamente: ¡ningún derecho para los fascistas, ni para la nueva extrema derecha explotadora, golpista, misógina, racista y ecocida! (a diferencia de la Fracción Trotskista del MRT, que se opuso al cierre de la cuenta de Twitter de Trump, como argumentaron nuestros compañeros del “Nuevo MAS” en Argentina en el artículo «Ningún derecho para los fascistas«).

Finalmente, es imprescindible destruir la base económica que sustenta al bolsonarismo, es decir, expropiar la agroindustria ecocida y promover la reforma agraria para construir otro modelo productivo en el campo. Los discursos de Lula y de la base gubernamental contra Musk y la extrema derecha se desvanecen en el aire, porque no promueven medidas concretas que afecten su poder económico ni limiten su capacidad de intervenir en política a través de la Banca Ruralista. Para lograrlo, es necesario tomar medidas anticapitalistas que cuestionen la propiedad privada, una frontera de clase que Lula, el PT y la izquierda del orden no están dispuestos a cruzar.