El intento del gobierno de Javier Milei de avanzar sobre la Ley 25.542, conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera, forma parte de una orientación política más amplia: la eliminación de regulaciones estatales bajo el argumento de que el mercado, actuando libremente, asigna mejor los recursos y beneficia al consumidor.

Sin embargo, cuando se observa la experiencia histórica, el resultado suele ser exactamente el contrario. En lugar de una competencia más amplia, aparece una mayor concentración económica; en lugar de más diversidad cultural, predominan los productos que garantizan la mayor rentabilidad.

La discusión sobre el Libro no puede reducirse a una cuestión de precios. Está en juego quién controla la producción editorial, qué autores llegan a los lectores y qué espacio conservan las librerías independientes frente al avance de las grandes cadenas comerciales y las plataformas de venta masiva.

La cultura nunca es ajena a las relaciones económicas. El capitalismo transforma también al libro en una mercancía, sometida a la lógica de la ganancia. Cuando esa lógica avanza sin ningún tipo de regulación, el criterio cultural queda subordinado a los balances de las grandes empresas.

El Reino Unido: la «libre competencia» terminó fortaleciendo a los grandes grupos

Uno de los antecedentes más importantes es el del Reino Unido. Durante casi un siglo funcionó el Net Book Agreement (NBA), un sistema de precio fijo que impedía que las grandes cadenas utilizaran descuentos agresivos para expulsar del mercado a las pequeñas librerías.

Los defensores del libre mercado cuestionaban el acuerdo porque, según afirmaban, impedía la competencia y mantenía artificialmente elevados los precios. Finalmente, después de una larga ofensiva de las grandes empresas editoriales y comerciales, el sistema fue eliminado en 1997.

Los primeros resultados parecieron confirmar el discurso liberal. Bajaron los precios de numerosos títulos, aumentaron temporalmente las ventas y proliferaron las promociones. Pero los efectos estructurales aparecieron pocos años después.

Las grandes cadenas de librerías comenzaron a dominar el mercado. Más tarde ingresaron los supermercados ofreciendo únicamente los títulos más vendidos con descuentos imposibles de igualar para los pequeños comercios. El libro pasó a ser un producto gancho, ubicado junto a otros bienes de consumo masivo para atraer compradores.

Mientras tanto, las librerías independientes fueron desapareciendo. Para 2009 habían cerrado alrededor de 500 establecimientos. El resultado fue una mayor concentración del negocio editorial en pocas manos.

La supuesta competencia terminó fortaleciendo precisamente a quienes contaban con mayor capacidad financiera para vender incluso por debajo del costo hasta eliminar a sus competidores.

Es un mecanismo conocido en prácticamente todos los mercados capitalistas: las grandes empresas utilizan su posición dominante para absorber o desplazar a los actores más pequeños y, una vez consolidada esa concentración, recuperan márgenes de rentabilidad mediante el control del mercado.

La experiencia argentina de los años noventa

Argentina conoce bien ese fenómeno. Durante la década de 1990, en pleno proceso de privatizaciones, apertura económica y concentración empresarial, los hipermercados comenzaron a vender libros como parte de su estrategia comercial.

Coto fue uno de los casos más representativos. Aprovechando la expansión de sus hipermercados, incorporó grandes sectores dedicados a la literatura dentro de sus góndolas «non food». Allí convivían novelas exitosas, manuales escolares, enciclopedias, libros infantiles, diccionarios, cocina y autoayuda.

Las promociones eran permanentes: descuentos especiales, ofertas por cantidad, liquidaciones y campañas estacionales durante la vuelta a clases.

Ese fenómeno fue presentado como una democratización del acceso a la lectura. Y, efectivamente, permitió que amplios sectores populares adquirieran determinados títulos a precios más bajos. Pero esa mirada omite una contradicción fundamental.

Los supermercados podían negociar directamente con las grandes editoriales gracias a su enorme volumen de compras. Las librerías de barrio jamás estuvieron en condiciones de competir con semejante poder económico.

La lógica del supermercadismo convirtió al libro en un producto más dentro de una estrategia comercial mucho más amplia.

El pequeño librero, en cambio, dependía exclusivamente de la venta de libros para sostener su actividad:

• La competencia nunca fue entre iguales.
• El mercado no protege la bibliodiversidad
• El problema de fondo no es únicamente el precio del libro.

Cuando el mercado queda dominado por unos pocos actores, también cambia aquello que se publica y aquello que permanece visible.

Los grandes grupos editoriales priorizan naturalmente los productos de alta rotación: best sellers, celebridades, novelas comerciales, literatura de consumo rápido o publicaciones con fuerte respaldo publicitario.

En cambio, los ensayos políticos, las investigaciones académicas, la poesía, la literatura regional, los autores emergentes y las pequeñas editoriales encuentran crecientes dificultades para acceder a los canales de comercialización.

La concentración económica termina produciendo también una concentración ideológica y cultural. No porque exista una censura explícita, sino porque aquello que no resulta rentable pierde espacio frente a los productos que prometen mayores ganancias.

Desde esa perspectiva, defender una red amplia de librerías independientes también significa defender espacios donde circulan ideas, debates y producciones que difícilmente tendrían lugar en los estantes de un supermercado o entre los algoritmos de las grandes plataformas digitales.

La desregulación de Milei responde a una lógica de clase

El proyecto libertario presenta cada regulación estatal como un obstáculo para el funcionamiento del mercado.

Sin embargo, esa visión omite que el mercado capitalista nunca está compuesto por actores con el mismo poder.

No compiten en igualdad de condiciones una librería familiar con una multinacional; una editorial independiente con un conglomerado internacional; un comercio de barrio con una cadena que factura millones.

Eliminar regulaciones en ese contexto no significa ampliar la competencia. Significa fortalecer al capital más concentrado.

Es la misma lógica que atraviesa otras medidas impulsadas por el Gobierno: desregulación económica, apertura indiscriminada de importaciones, flexibilización laboral y debilitamiento de mecanismos que históricamente protegieron a pequeños productores frente a grandes grupos económicos.

El Libro como derecho cultural

La defensa del libro no puede separarse de una discusión más amplia sobre el acceso a la cultura.

La lectura constituye un derecho democrático, pero ese derecho difícilmente pueda garantizarse si toda la producción editorial queda sometida exclusivamente a la rentabilidad privada.

Desde una perspectiva anticapitalista y socialista, el problema no se resuelve únicamente manteniendo un precio fijo ni preservando una legislación específica. Mientras la producción cultural continúe organizada bajo las reglas del mercado, persistirá la tendencia a la concentración y a la mercantilización del conocimiento.

Por eso la discusión abierta por la ofensiva del Gobierno debe servir para plantear un debate más profundo: qué política editorial necesita el país, cómo garantizar el acceso popular a la lectura y qué papel deben ocupar las editoriales independientes, las bibliotecas públicas, las universidades y las librerías de barrio.

El Libro no es una mercancía cualquiera. Es una herramienta de formación, pensamiento crítico y producción cultural. Su circulación no puede quedar librada exclusivamente a los intereses de las corporaciones editoriales ni a las reglas de un mercado que, lejos de garantizar igualdad, tiende a concentrar cada vez más el poder económico y cultural en pocas manos.