Chile

La crisis política del gobierno de Piñera

La crisis del régimen, los quiebres políticos en las alturas, la rebelión y las consecuencias políticas del descontento popular.

Fernando Pérez Rojas

Chile vive tiempos agitados. Tras el largo receso dado por el confinamiento de la pandemia de covid-19, la situación del país sigue siendo la de movilizaciones sociales constantes, paros de sectores de trabajadores y conflictos permanentes entre el poder ejecutivo y el legislativo. Estas notas apuntan a diseccionar la situación actual política, social y económica del país sur andino.

Tras la rebelión popular de Octubre de 2019 dos elementos vinieron a configurar un escenario político distinto en el país: la pandemia de covid-19 y el plebiscito constitucional de Octubre de 2020.

El primero por el cambio significativo en las condiciones de vida, el confinamiento selectivo establecido por la discutible estrategia de cuarentenas dinámicas al inicio de la pandemia y las medidas de restricción de las libertades constitucionales dadas por el Estado de excepción constitucional de Emergencia y el controvertido uso discrecional del toque de queda para manejar la propagación del virus SARS-CoV-2.

El segundo porque fue tanto un triunfo de las masas populares que salieron a las calles a exigir cambios en el sistema político, como la salida pactada de los partidos del régimen post pinochetista en el marco del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” firmado el 15 de noviembre del año pasado.

Ambos aspectos han tenido efectos diferenciados en la realidad política del país. Por una parte, la pandemia de covid-19 ha pasado su primera ola masiva de contagios. Sin embargo, sigue su curso, afectando hoy en día a comunas ubicadas en las regiones de la zona sur del país a partir de la región del Biobío, donde muchas de ellas se encuentran aún en fase 1 de cuarentena por la alta tasa de contagios. A nivel nacional los datos arrojan un total de 548.941 casos (1.718 casos nuevos en las últimas 24 horas), 9.519 casos activos, 15.322 fallecidos (44 fallecidos nuevos en las últimas 24 horas). Mientras los pronósticos auguran una segunda ola de contagios por el aumento de la movilidad y la falta de una estrategia seria por parte del gobierno para enfrentarla, con medidas parciales y fragmentadas.

Esta falta de respuesta por parte del gobierno se ha traducido no solamente en términos sanitarios con una altísima tasa de contagios y muertes por covid-19 en el punto más alto de la primera ola de expansión del coronavirus, sino que también en una altísima tasa de cesantía. Las pérdidas de puestos de trabajo se estimaban en aproximadamente 2 millones, lo cual fue garantizado por la mal llamada “Ley de Protección del Empleo”, que en realidad vino a resguardar los intereses de los capitalistas suspendiendo a los trabajadores de sus funciones sin pagar salarios o despidiendo sin indemnización.

No obstante, con la apertura lenta pero progresiva de la economía esa tendencia arroja una leve disminución. En el trimestre agosto-octubre la tasa de desempleo se ubicó en un 11,6%, debido a la creación de 302 mil puestos de trabajo. A pesar de esto, aún los desocupados oficiales se mantienen sobre el millón de personas. Estas cifras hay que tomarlas con recaudo pues, como acotó la directora del Instituto Nacional de Estadística Sandra Quijada: “Si los ocupados ausentes relacionados con el covid-19 los sumáramos a la población desocupada en términos hipotéticos, tendríamos una tasa de desocupación de alrededor del 16,9%”. Esto considerando los ocupados ausentes, quienes permanecen contratados pero sin recibir su sueldo por el cese transitorio de sus funciones, definidos así por la mal llamada “Ley de Protección del Empleo”, que en definitiva protege a los empresarios de tener que cumplir las obligaciones del pago salarial manteniendo los contratos de trabajo. (1)

Por otra parte, en ese contexto creciente de deterioro de las condiciones de vida para las y los trabajadores y sectores populares, el Plebiscito constitucional tuvo un masivo triunfo con una histórica votación para la opción Apruebo y la Convención Constitucional (órgano encargado de su redacción), rompiendo las mejores expectativas de diversos analistas y encuestas. “Estamos frente a la mayor votación de la historia de Chile desde el punto de vista de votación en votos absolutos, y además, rompimos la barrera que no se superaba desde el 2012 con voto voluntario, el 49,2% (…) Incluso se supera al plebiscito de 1988. Sin duda es la mayor participación de la historia de la República”, señaló en su oportunidad Patricio Santamaría Mutis, presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (SERVEL).

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De acuerdo a las circunscripciones electorales, el Apruebo triunfó en casi todas las comunas del país, con excepción de tres comunas del barrio alto de la Región Metropolitana de Santiago, donde ganó la opción Rechazo (para continuar con la actual constitución de instaurada en dictadura): Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Allí residen los sectores de más altos ingresos del país, es decir, la elite política y económica, el grueso de la clase capitalista chilena. Además, el NO triunfó en dos comunas más: una del norte, Colchane (una zona fronteriza del norte de Chile, con predominio de población originaria aymara que tiene una marcada tendencia electoral histórica de derecha, donde la mayor parte son dueños de tierras) y otra del extremo sur, la Antártica (una base militar del ejército, donde se trasluce más claramente la afinidad entre los sectores del ejército y la extrema derecha). El pueblo en su amplia mayoría se inclinó por modificar el actual estado de cosas definidos por la constitución de la dictadura.

Esta discusión continuará en los meses siguientes tanto por los límites impuestos al proceso difícilmente sean modificados (quórum de dos tercios para aprobar las normas constitucionales, etc.) como porque aquellos aspectos que aún se encontraban en discusión no han cumplido con las expectativas, especialmente lo referido a las candidaturas independientes y los escaños reservados para pueblos originarios, temas que implican ceder cuotas de poder en el espacio constituyente. El plebiscito no ha logrado contener del todo los procesos sociales que se encuentran a la base de la rebelión popular chilena; a saber, la desigualdad estructural, la falta de perspectivas de la juventud, la privatización de todas las esferas de la vida común (educación, salud, pensiones, vivienda, agua).

La crisis política del gobierno de Sebastián Piñera no ha podido cerrarse luego del plebiscito. Si bien es cierto que amplias franjas de la población trabajadora canalizaron a través de la votación sus expectativas de cambio, persiste el descontento, y una juventud rebelde y combativa considera que nada se ha logrado aún. Por el contrario, la experiencia de manifestación y protestas contra un régimen político delineado por la dictadura, con acentuados rasgos autoritarios y represivos, en el marco del cual se han producido y siguen produciendo graves violaciones a los derechos humanos (decenas de muertos, miles de heridos y cientos de jóvenes en situación prisión política), han hecho que la crítica se extienda no sólo al actual gobierno, sino que hacia aspectos estructurales del régimen político y económico capitalista. En esa perspectiva, en la experiencia acumulativa de la lucha en las calles, la juventud combativa ha sacado la conclusión de que es necesario pasar de las manifestaciones en torno a la Plaza de la Dignidad para comenzar a dirigir progresivamente las concentraciones en torno al palacio presidencial de La Moneda.

El gobierno no sólo ha perdido el control de las calles, con manifestaciones permanentes a partir del mes de Septiembre, incluso en el contexto de la pandemia, sino que también ha tenido enormes dificultades para el manejo político del parlamento. En esta perspectiva, se ha ido instalando la idea de que el régimen político se estaría tensando aún más, por lo que diversos analistas y los medios de comunicación han llamado un “parlamentarismo de facto”. En un sistema político como el chileno, heredero de la dictadura, donde el poder ejecutivo, es decir el gobierno de turno, tiene la iniciativa legislativa exclusiva, los parlamentarios únicamente pueden hacer indicaciones, deliberar y votar dichos proyectos. Lo que ha ocurrido en los últimos meses, en el escenario de la pandemia y de la falta de una estrategia clara del gobierno para ir en ayuda de la población, es que el parlamento ha comenzado a legislar a partir de proyectos de reforma constitucional, por medio de artículos transitorios a la constitución en vez de proyectos de ley, para eludir la iniciativa legal preeminente que recae en el presidente de la república.

Precisamente esa fue la estrategia que utilizó la oposición parlamentaria para impulsar el proyecto del primer retiro del 10% de los fondos previsionales de las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP), con el objetivo de paliar parcialmente la crisis económica de producida por el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno, cuya política fue que el costo de la crisis la pagasen las y los trabajadores, salvando a las empresas, por medio de la infame Ley de Protección al Empleo. En ese momento el gobierno no recurrió al Tribunal Constitucional para anular dicha reforma constitucional, pues se encontraba aún golpeado por la rebelión popular y no veía margen para esa maniobra, utilizada a destajo en períodos de “normalidad”.

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Valga la observación de que el famoso Tribunal Constitucional es una suerte de tercera cámara, cuya composición es designada por cuoteo político y no por votación popular, que tiene por objetivo dirimir los diferendos entre las leyes promulgadas y el cuerpo constitucional de la dictadura y que en la práctica ha impedido cualquier cambio progresivo y/o estructural del régimen.

Recientemente, luego de tener el resultado del plebiscito, y considerando que la crisis política ya se encontraba parcialmente resuelta, el gobierno ha cambiado su estrategia, tratando de reposicionarse en el plano legislativo. En ese marco se ha dado la reciente disputa política legislativa. En el Congreso se encontraba en trámite la propuesta de un segundo retiro del 10% de las AFP por la vía de reforma constitucional, impulsado por la diputada del partido humanista y conocida periodista, Pamela Jiles, el cual había pasado su primera votación. Pero que al llegar a la votación en la cámara de senadores se encontró con que el gobierno había enviado el proyecto al Tribunal Constitucional. Una arriesgada maniobra de Piñera que encendió los ánimos a nivel social.

Eso llevó a que en los últimos días un grupo de parlamentarios de oposición volvieran a plantear la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales, mediante un proyecto de ley. Lo cual fue rápidamente descartado por los sectores ligados a la ex Concertación (DC, PPD, PS). Más allá del destino de la propuesta legislativa, el planteamiento expresa de una manera distorsionada la crisis política del gobierno que no logra reabsorber la movilización, y por otra parte -de forma implícita- el objetivo de salvar al régimen político y la institución presidencial del riesgo de un eventual “estallido social”, tal como fue el vivido en Octubre de 2019.

La medida del gobierno encendió los ánimos en las calles e incluso en sectores combativos de la clase trabajadora. Durante la semana constantes fueron las protestas, ya no sólo en la Plaza de la Dignidad, sino que en la avenida Alameda hacia el palacio presidencial de La Moneda. Volvieron a exigir la renuncia de Piñera, la liberación de los presos políticos de la rebelión popular y la restitución del proyecto de reforma constitucional del segundo retiro del 10% de las AFP. A ella se plegaron los trabajadores portuarios que en la semana iniciaron un paro a nivel nacional.

Nefasto ha sido el rol de la conducción burocrática de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dirigida por el Bárbara Figueroa del Partido Comunista (PC), que en una tibia declaración planteó que si el TC declarase inconstitucional el proyecto de reforma constitucional evaluarían medidas de fuerza. Eso podría ser en un plazo de 10 meses más… Claramente los sectores ligados al PC que hegemonizan la organización sindical de las y los trabajadores a nivel nacional apuestan a dilatar lo más posible la situación social y política para posicionar a su candidato presidencial, Daniel Jadue, y canalizar todo por las sinuosas vías institucionales.

Nada se puede esperar de esos sectores que han abandonado la lucha política y social con tal de ganar posiciones en el régimen político actual. La única posibilidad de lograr avanzar hacia la transformación del actual estado de cosas es la organización independiente de los partidos del régimen. La alta combatividad de la juventud dispuesta a entregarlo todo en la lucha contra los aparatos represivos del régimen debe traducirse también en una mayor coordinación de las organizaciones anticapitalistas, así como en su articulación con los sectores avanzados de la clase trabajadora hoy en lucha (sector salud y portuarios), de modo tal que sea posible plantearse la perspectiva de la huelga general de masas que permita derrocar al gobierno y abrir la posibilidad de cambiar el estado de cosas del capitalismo en su fase neoliberal.

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