La Corte Suprema le puede abrir las puertas de sus celdas a los genocidas que siguen en prisión invocando derechos establecidos en el ámbito de los derechos humanos en el sistema penitenciario, como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Como la mayoría de los genocidas condenados ya están en sus casas, ahora intentan resolver, desde los sagrados salones de la Suprema Corte, que todos sigan ese camino. En este momento, los que están en prisión en CABA y Gran Buenos Aires se encuentran en la cárcel de Campo de Mayo, en la unidad 34.
Hay 504 genocidas «presos» por delitos de lesa humanidad según los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Sin embargo, los que siguen en la cárcel son una minoría ínfima del 15%, mientras el restante 85% se encuentra cumpliendo condena cómodamente en domiciliaria. Son 61 en las unidades penitenciarias, nada más.
Y los que están en las cárceles reciben un tratamiento como adultos mayores, con toda la atención médica, alimenticia y de higiene necesarias, según el informe de los organismos que controlan su atención. Es un tratamiento que no tiene nadie más en el sistema penitenciario argentino, que es en general degradante.
Y ahora la Corte intenta abrirles las puertas a las pocas decenas que quedan para que vuelvan a sus casas.
Según datos proporcionados por el portal Fiscales.gob.ar, a la fecha del jueves 26 de marzo de 2026, “1.231 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad en 36 sentencias dictadas desde 2006”, fecha en que se reabrieron los juicios de esa categoría. Hubo sentencias anteriores, como las logradas en el histórico Juicio a las Juntas, en los que recibieron condena 5 de los 9 integrantes de las Juntas militares que fueron juzgados en esa oportunidad. Es una conquista inédita de impacto internacional.
A la CSJN le pareció apropiado una nueva resolución que los acerque a la realidad de verlos a todos en sus casas.
Que todos los genocidas cumplan su condena en prisión
Los genocidas son culpables de torturas, violaciones, crímenes, robo y apropiación de niños.
Al día de hoy, se siguen negando a dar información sobre los 3o mil desaparecidos, su paradero y el de los niños apropiados que todavía falta encontrar. E incluso continuaron con sus crímenes décadas después. Desaparecieron a Jorge Julio López, testigo en el juicio a Miguel Etchecolatz. Todo lo que se logró fue por la actividad constante de Madres, Abuelas, otros organismos de derechos humanos y población solidaria. Y esa solidaridad se transmitió a través de las generaciones y, aún con algunos golpes, se mantiene hasta hoy.
Concederles la libertad o las domiciliarias a los que aún están en prisión, como Alfredo Astiz o el exobispo de La Plata, Christian Federico von Wernich, símbolos tristemente emblemáticos del genocidio, sería una injusticia y un golpe artero a las varias generaciones que han dado mucho esfuerzo para lograr que centenares de genocidas fueran condenados.
La CSJN no debe resolver medidas que colaboren en derogar lo que víctimas de la dictadura y población solidaria han logrado con décadas de lucha, esfuerzo y sacrificio.




