La «coparticipación» es una parte de los fondos del Estado nacional que se reparten entre las provincias y la ciudad autonóma. En enero del 2016, apenas comenzada su gestión presidencial, Macri aumentó el porcentaje que le correspondía a la Ciudad de Buenos Aires del 1,4% al 3,75%. Se trató de un aumento proporcionalmente inmenso. La excusa fue que se debía financiar el traspaso de una parte de la Policía Federal a la nueva Policía de la Ciudad, creada unos cuantos años antes.
Bajo el mismo Macri esta suma había bajado levemente después de ese aumento, al 3,5%. El conflicto surgió en septiembre del 2020. Las violentas manifestaciones de la Policía Bonaerense habían logrado lo que entonces no lograban los médicos durante la pandemia: un enorme aumento salarial. Para financiarlo, Fernández dispuso la reducción de los fondos de CABA, que pasaron a la Provincia de Buenos Aires.
Lo que hizo hoy la Corte Suprema fue dar lugar a una cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad reclamando por esos fondos. En este momento exigen que se regrese al 3,5% de la coparticipación. La resolución de la Corte de hoy ordena que el Estado Nacional “entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos″ y que «las transferencias correspondientes a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.
Con un cinismo incomparable, un comunicado del gobierno de Larreta decía que los fondos perdidos equivalían anualmente al «salario completo de un año de todos los docentes”. Es como cuando hicieron un ajuste tras otro en nombre de la construcción de escuelas y hospitales. Con esos fondos no hicieron ni una escuela ni una hospital ni le subieron los salarios a los docentes.
El gobierno nacional dice, por su parte, que los fondos que le había transferido Macri excedían lo necesario para cubrir la excusa formal del traspaso de la Federal a la Policía de la Ciudad. Y si bien es cierto, reclama por esos fondos un gobierno que sostiene también en la Provincia de Buenos Aires salarios de miseria para los docentes y que en estos momentos se niega a atender el reclamo de los trabajadores de la salud.
La coparticipación, Larreta y la Corte Suprema
Cínicamente, Larreta festejó en redes sociales la resolución de la Corte: «El fallo de la Corte Suprema de Justicia es una gran noticia para todos los argentinos. Es una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta. Tengo esperanzas, otra Argentina es posible».
El fallo de la Corte Suprema de Justicia es una gran noticia para todos los argentinos. Es una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta. Tengo esperanzas, otra Argentina es posible.
— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 21, 2022
Las declamaciones principistas sobre «la Constitución y el federalismo» no tienen absolutamente nada que ver con la verdad. El único marco legal que rige los montos de la coparticipación es la ley de 1988, a la que nadie le presta mucha atención hace mucho tiempo. Desde ese entonces, los porcentajes correspondientes a cada provincia se han acordado en reuniones entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores.
Siempre fue una decisión política mutuamente acordada, jamás hubo un principio indeleble jurídico irrenunciable detrás. Poner en este caso de un lado la «Constitución» y el «Federalismo» en un épico enfrentamiento contra «el abuso de poder» es presentar los intereses momentáneos, electorales y personales del propio Larreta como iguales a los principios del «republicanismo».
La Corte Suprema, el gobierno y la «democracia»
El verdadero motivo de esta disputa es otro. La Ciudad de Buenos Aires fue el trampolín de «gestión» para que el PRO se pueda convertir en un partido con la capacidad de disputar la presidencia, como pasó en el 2015. Más fondos para ese distrito servía para cimentar su hegemonía en él, para fortalecer su principal baluarte. El gobierno nacional también lo lee de esa forma y por eso le pelea esos fondos. Se trata de una pelea en el fondo electoral, en la que ninguno se plantea siquiera que ese dinero sirva para mejorarle la vida a la mayoría. Ambos gobiernos, de maneras distintas, siguen el curso de un ajuste antipopular. La Corte Suprema, en esa pelea electoral, simplemente muestra estar del lado de Larreta.
La coparticipación es y fue siempre una decisión política. Nunca fue más ni menos que eso. Al entrometerse en las decisiones del Poder Ejecutivo, los jueces se postulan para gobernar sin que nadie los pueda elegir. Es lo que vienen haciendo también con sus arbitrajes judiciales en lo electoral, cuando con sus condenas tratan de decidir quién puede y quién no puede ser candidato.
La Corte aspira a tener un lugar parecido al que tuvo el Poder Judicial en Brasil a lo largo de los últimos años. Un poder no electo por nadie decidía quién podía y quién no podía gobernar. La prisión a Lula en 2018 le abrió las puertas al triunfo de Bolsonaro. Una «democracia» mutilada de esta manera pudo imponer más cómodamente los intereses de la clase dominante.
Para los jueces, para el larretismo, para una parte (tal vez minoritaria) de la clase dominante, la crisis es el peronismo mismo. No importa que haya demostrado ser la fuerza política más efectiva en la administración del capitalismo argentino, que lo haga con concesiones o gestos de concesiones a los trabajadores y sectores populares se ha vuelto demasiado incómodo. Y combatirlo en las elecciones no les basta, porque que pierdan en una no asegura que no ganen en la siguiente. Es entonces que Brasil aparece de nuevo como ejemplo: los planes de ajuste trascienden a las gestiones presidenciales. A nadie se le ocurre que Lula vaya a tocar nada de las contrarreformas de los últimos años. Es entonces que aparecen los jueces como la autoproclamada solución: quieren ser parte del gobierno del país sin la molesta fiscalización de la poco confiable voluntad popular. Entrometerse en la asignación de fondos del Estado nacional es parte de eso.
