Sin lugar a dudas, el tema de la seguridad toma mucha importancia en México, dado que el sexenio de López Obrador (AMLO) es catalogado como uno de los más violentos. En sus primeros cuatro años de gobierno acumuló 160.594 homicidios y, entre enero y junio del 2023 (cifra más actualizada), se contabilizaron 15.082 homicidios. A eso se le suma la violencia contra las mujeres, pues México es el segundo país de Latinoamérica con más muertes por razón de género: a enero del 2024, el gobierno de Obrador acumulaba 4.817 carpetas de investigación por femicidios. Un pozo de lodo y sangre se vive en México.
Como parte de la llamada 4 Transformación (4T), AMLO introdujo en su momento un mega-paquete legislativo con 18 propuestas de Reforma Constitucional que iban desde el salario mínimo hasta hacer que la Guardia Nacional tuviese influencia en la Secretaria de Defensa (una militarización de la policía). Tras no lograr avanzar el paquete, se tomó la decisión de impulsar la Reforma Judicial (la cual iba dentro de esas 18 reformas).
¿En qué consiste la Reforma Judicial?
De forma sucinta, dicha reforma consiste en:
- Crear un Tribunal de disciplina judicial con carácter sancionatorio (sometido a elección popular) para separar al poder judicial de su órgano de supervisión, el Consejo de la Judicatura Federal.
- Se reducirán los jueces de la Suprema Corte, pasando de 11 a 9 y la cantidad de años variará de acuerdo a la cantidad de votos: los más votados se mantendrán 14 años en el puesto y los menos entre 11 y 8 años.
- El salario en el Judicial no podrá ser mayor que el recibido por el presidente.
- Cambios en los requisitos: se exige un titulo en derecho, notas con promedio mínimo de 8 y 5 años de experiencia.
- Introduce la figura de jueces sin rostro para garantizar el anonimato para jueces en casos “delicados”, como los vinculados al crimen organizado.
- Introduce el voto para elegir alrededor de 7.000 Magistrados de la Corte y Federales, así como jueces federales y de nivel local. Dicha elección se realizaría en dos tramos, una primera mitad en el 2025 y otra en el 2027.
El mecanismo del voto es el más controversial de la reforma. Por un lado, están quienes defienden su implementación alegando que, en otros países como Bolivia o en los Estados Unidos, ya se aplica la elección de jueces. También aludiendo a que, al ser electos por voto popular, los jueces y magistrados se “liberaran” de los intereses que hoy les tienen secuestrados.
Por otro lado, sectores de oposición que salen desde el mismo Poder Judicial cuestionan que dicho poder no debe ser sometido a voto. De hecho, en medio de la discusión legislativa, una protesta de empleados del Judicial irrumpió en el parlamento exigiendo que no se aprobase la reforma. A este sector se le suman estudiantes y profesores de derecho de la UNAM que cuestionan esta reforma como algo que llevará a un mal funcionamiento del Estado de Derecho mexicano…
Los argumentos a favor y en contra de la reforma son oportunistas y conservadores. Quienes defienden e impulsan la reforma intentan hacerle creer a las masas mexicanas que el voto va a cambiar radicalmente el funcionamiento del Poder Judicial, es decir, apelan a las aspiraciones de democratización en las masas para instalar la retórica que, con lograr el voto, se van a eliminar los intereses de los grupos de poder económico en torno al Poder Judicial. Basta con revisar la historia electoral de México para saber que las urnas fueron escenario de los peores fraudes de América Latina, siempre en beneficio de las élites burguesas tradicionales.
Además, son conservadores porque pretenden mantener la estabilidad hermética del Judicial, a la vez que antidemocráticos al subestimar la perspectiva de una mayor participación de amplios sectores explotados y oprimidos en la elección del Judicial. Quienes llaman a defender el Estado de Derecho, terminan por defender la institucionalidad que resguarda relaciones de explotación, violencia extrema e impunidad, así como los intereses de la lumpenburguesía del narcotráfico.
Desde nuestra perspectiva es necesario sostener una posición de independencia de clase, pues no defendemos ningún Estado burgués ni tampoco apoyamos la reforma judicial de AMLO, la cual se pinta de democrática, pero está plagada de contradicciones porque no supera la lógica de la democracia burguesa.
Una reforma judicial para que se voten a los “elegidos” del Estado Burgués
Un fuerte cuestionamiento a la reforma judicial es que, si bien a priori es vendida como una forma de democratizar el Poder Judicial, dicha “democratización” lleva varios límites. El primero es que las personas aspirantes quedan subordinadas a listas elegidas por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial.
En el caso de la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo propondría diez aspirantes, el Poder Legislativo otros diez (cinco la Cámara de Diputados y cinco el Senado) y, el Poder Judicial, los diez restantes (siendo seis de ellos propuestos por la propia Suprema Corte)[i]. En lo que concierne a las cortes de circuito y distrito, el procedimiento previsto es similar. Cada uno de los tres poderes presentará sus candidaturas paritarias hasta completar todos los puestos[ii].
Además de estás listas, previamente definidas por los poderes del Estado burgués, se establecen más límites y controles: “habrá un primer filtro de un comité y, finalmente, se celebrará un sorteo donde el azar determinará los que estarán en boletas electorales” [iii].
Así, el argumento del oficialismo sobre buscar eliminar a las “fuerzas externas que en este momento estarían controlando el contenido de las sentencias [que] serían los actores político-partidarios, los empresarios o «dueños del dinero» y, sobre todo en ciertos territorios, los líderes del crimen organizado”[iv] se desarma, pues ya de previo las listas de candidaturas estarían definidas por esos mismos “poderes” vinculados a partidos, sectores empresariales y el narcotráfico.
Sumado a ello, es una incógnita como se realizará la elección, pues existen dudas sobre el financiamiento de la campaña electoral y preocupa la incursión de fondos ilícitos y del crimen organizado en la campaña, a pesar de la prohibición de financiamiento público o privado y en campañas judiciales, según AMLO, el mismo Poder Judicial tendría que ver de dónde saca el dinero el proceso electoral. Es decir, la supuesta reforma democratizadora no garantiza ningún mecanismo de financiamiento público que permita condiciones de igualdad para la participación de las candidaturas, abriendo el paso para que la intromisión de los capitalistas por medio del financiamiento privado.
Otro aspecto a tomar en cuenta es la cantidad de puestos a elegir; el propio AMLO dijo que en cada papeleta se pueden llegar a tener hasta 300 nombres. El cómo se hará para que las personas conozcan cada uno de los nombres y su propuesta resulta en una completa incógnita.
No hay que olvidar hacer un señalamiento sobre la introducción de “los jueces sin rostro”, una medida reaccionaria que violenta el derecho a conocer quién va a juzgar a cada persona. Está medida también cuenta con fuertes críticas de distintos organismos de derechos humanos, pues con su aplicación en otros países (como Italia) se violentan los derechos humanos. Y aplicarlo en un país con altos niveles de violencia a activistas sociales puede dar pie a campañas de persecución por motivos políticos.
Tal como se señaló al inicio, el voto para elegir magistrados y/o jueces del Poder Judicial a priori es progresiva. Sin embargo, como ya se demostró, está reforma no busca profundizar elementos democráticos del régimen burgués mexicano. Por el contrario, con ella se sigue con una línea dónde se considera la democracia por “arriba” con candidatos electos por los tres poderes y la participación de la sociedad civil se limita a emitir el voto (en una lista interminable de candidaturas).
Esta reforma es un escalón más de la disputa inter-burguesa en México, siendo que el sector que representa AMLO -quién ahora cede el mando a Sheinbaum- apuesta por redistribuir las cuotas de poder interno entre las facciones, para lo cual precisa de tener un mayor control sobre el Judicial (o limitar el que tienen sus adversarios). Para eso apela a métodos “plebiscitarios”; una medida formalmente “democrática”, pero que en la práctica es un mecanismo rutinario para reorganizar el Estado burgués (sin cuestionar siquiera su lógica neoliberal) con las masas encuadradas bajo los aparatos electorales burgueses.
Más bien, frente a los fuertes cuestionamientos a jueces y al poder judicial, principalmente por la vía del movimiento feminista y por sus vínculos con el narcotráfico, parece que AMLO busca con esta medida conseguir revitalizarlo e intentar volver a legitimarlo con la premisa (falsa) que con el voto se va a cambiar la naturaleza conservadora y reaccionaria del Poder Judicial. De igual manera, actualmente se pondera llevar esta reforma a una consulta de constitucionalidad, la cual habrá que esperar para ver si prospera.
Para pensar una reforma verdaderamente democratizadora del Poder Judicial hay que hacerlo con la democracia desde la base, con la amplia participación de la clase trabajadora, la juventud y las mujeres, dónde se pueda discutir de forma democrática cuales deben ser los criterios y mecanismos (y el rumbo) de esta instancia.
[i] NUSO. https://nuso.org/articulo/reforma-judicial-mexico-amlo-sheinbaum/
[ii] Ídem.
[iii] Latinoamérica Times. https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2024-09-07/ap-explica-que-dice-la-polemica-reforma-judicial-que-el-presidente-de-mexico-quiere-dejar-de-legado
[iv] NUSO. https://nuso.org/articulo/reforma-judicial-mexico-amlo-sheinbaum/
