La economía de los dilemas imposibles

La Argentina, el FMI y el campo minado 2022

Entrando al nuevo año, todo parece encaminarse a un acuerdo entre el gobierno argentino y el FMI que es hijo estricto de la necesidad: ninguna de las dos partes desea tener nada que ver con la otra, pero así lo han dispuesto a) condiciones estructurales preexistentes y b) malas decisiones (de ambos lados también).

Intelectual marxista. Especialista en economía.


Dentro de esta reticencia recíproca, la relación parece haberse invertido, como en un torpe giro argumental de  telenovela protagonizada por amantes desencontrados. Mientras que durante meses tanto el propio Fondo como el empresariado insistían en la necesidad de llegar a un compromiso, el temor que expresaban –y que se manifestaba en los vaivenes del dólar y el riesgo país– era que el gobierno, en especial el ala kirchnerista, opusiera reparos o incluso boicoteara el acuerdo. Tiempos idos: ahora quienes se muestran esquivos, casi despechados, son los funcionarios del FMI a cargo de la negociación. En efecto: para consternación de los equipos técnicos del gobierno argentino, son ahora los burócratas del organismo quienes se dedican a apilar nuevas condiciones y criterios más duros que antes parecían cosa resuelta, que detallaremos más abajo.

Este minué económico-sentimental tiene, en principio, fecha de caducidad: en marzo vencen cerca de 5.000 millones del stand by de Macri. Esa cifra duplica holgadamente las reservas netas del Banco Central, que hoy no exceden los 2.200 millones de dólares (el equivalente a dos semanas de importaciones). Si para esa fecha no hay fumata blanca, el país va derecho al default. Un desenlace que causa espanto a las dos partes y que ambas buscarán evitar, sea con alguna intrincada y hoy incierta solución intermedia o formalizando un acuerdo

Pero incluso si esto último sucede –lo cual es probable, pero no seguro–, estaremos lejos del final feliz. A la atribulada pareja le espera todavía un largo y espinoso camino que se parece menos a una carrera de obstáculos que a un campo minado. Pasemos revista, entonces, a esa sucesión de bombas diseminadas por el terreno económico (para no hablar del social). Lo más peligroso del caso es que varias de ellas pueden explotar no sólo si se las pisa, sino incluso si no se las desarma. Y no hace falta aclarar que están estrechamente relacionadas entre sí, casi en serie: basta que estalle alguna para que se activen las demás.

Bomba 1: ajuste fiscal y presupuesto estrecho

El número más importante de todos los que están sobre la mesa de negociación del acuerdo de fondo de facilidades extendidas (en adelante FFE) es el del déficit fiscal, esto es, del agujero de dinero faltante entre lo que entra (sobre todo por impuestos) al Estado, y lo que éste gasta (seguridad social, sueldos, obra pública y, lo único importante para el Fondo, pagos de la deuda).

El déficit fiscal es el cuco y la bestia negra de todos los neoliberales insufribles, que si pudieran gastarían sólo en sueldos a la policía y demás fuerzas represivas, dándole la razón a la definición de Engels del Estado capitalista como, en última instancia, “bandas armadas en defensa de la propiedad privada”.

Hay aquí dos discusiones. Una, absolutamente estúpida como casi todo lo que proponen los “liberotarios” y en su momento Macri, es que debe haber déficit cero, ya que “como una familia, el Estado no puede gastar más de lo que recibe de ingresos”. Dejemos de lado que la analogía es irremediablemente cretina y pasa por encima de siglos de evolución de la sociedad humana desde los clanes hasta el Estado moderno. Respondamos a esta sandez con un solo dato reciente y contundente: la revista británica The Economist publica todas las semanas una tabla de datos macroeconómicos de las que considera las 42 economías más importantes del mundo –sí, Argentina figura allí, por extraño que les parezca a los gorilas–, entre ellos el balance fiscal (superávit o déficit). Pues bien, en parte por efecto de los gastos de la pandemia y en parte porque funcionan así hace décadas, de esos 42 países, 41 (todos menos Noruega, que nada en petróleo y tiene 5 millones de habitantes) tienen déficit fiscal. Y no pequeño, eh: el de Argentina es del 4,6% del PBI, pero 29 de los 42 países tienen un déficit todavía mayor. Esa lista de “gastadores” que no siguen los consejos neoliberales está encabezada por… EEUU y el Reino Unido, junto con todos los países de Europa Occidental, Japón, China, Canadá, Brasil, Chile y Colombia, entre muchos otros.

Segunda discusión, ya más razonable: ¿cuál debe ser el nivel de déficit fiscal? Aquí es donde el FMI recuerda sus genes liberales ortodoxos y responde: el menor posible. En ese camino, el equipo económico de Martín Guzmán ha venido haciendo los deberes con mucha más “responsabilidad” de la que sugiere la histeria de los gorilas que agitan el fantasma del “populismo”. Pasado el inevitable aumento de gasto público de la fase más dura de la cuarentena, en 2020, la política fiscal de Alberto Fernández en 2021 ha sido signada por lo que el oficialismo llama “prudencia” y nosotros llamamos amarretismo, o ajuste moderado. Este número, que rondó entre el 4,5 y el 5% del PBI según quién y cómo haga la cuenta, bajó en 2021 y va a seguir bajando en 2022; eso está fuera de duda. La discusión con el Fondo es hasta dónde y a qué ritmo. Guzmán en el Presupuesto proponía llegar a un déficit del 3,3% del PBI (algo no muy audaz, dado que este año posiblemente cierre en el 3,8%). El FMI va a proponer un recorte a menos del 2%; más abajo veremos cómo se va a financiar.

¿Qué significa esta danza de porcentajes? Pues varias cosas nada abstractas, como el tijeretazo presupuestario en infinidad de partidas, desde la obra pública hasta las universidades, pasando por áreas sociales. Un ejemplo muy gráfico del lobo ajustador disfrazado de oveja populista es el de programas como Potenciar Trabajo y políticas alimentarias nacionales. Veamos cómo: el proyecto de Presupuesto (finalmente no votado en el Congreso) preveía un aumento del 7,5% y del 20%, respectivamente en esos planes respecto de 2021. ¡Pero la (muy optimista) inflación proyectada en el Presupuesto para 2022 era del 33%, con lo que esos “aumentos” en realidad implican un ajuste grosero!

De hecho, la mayoría de las consultoras de inclinación neoliberal se lamentaron amargamente por la caída del presupuesto 2022, ya que, según explicaban, “todas las partidas de gasto, con excepción de los intereses de la deuda, crecen por debajo de la inflación”, esto es, implicaban un ajuste real de hecho (Ámbito Financiero, 20-12-21). Y un garca mayor, Eduardo Santángelo (socio del inefable Carlos Melconian, uno de los tantos mercado- garcas devenidos en funcionarios frustrados bajo el macrismo), en un encuentro organizado por Techint, reconocía que “el déficit fiscal es bajo; al showcito del ‘plan platita’ lo ordenó la inflación” (ídem). Es decir, el supuesto gasto “populista” pre y post PASO fue exactamente eso, un “showcito” para progres incautos, mientras los burócratas de Economía limaban sus planillas Excel.

Hablando de shows, tuvimos la no aprobación del Presupuesto 2022 gracias al valiente embate de la oposición de derecha, que se negó a aceptar lo que considera un ajuste miserable e insistió por uno mucho mayor, con la innegable ventaja de que el costo político esta vez no lo pagarán ellos. Digamos que estos “republicanos” resultaron mucho menos “defensores de la institucionalidad” que el propio kirchnerismo: recordamos en 2017 al jefe del bloque K, Héctor Recalde, decir que, aunque estaban en contra, no iban a “cometer la irresponsabilidad de dejar al gobierno sin presupuesto”, aunque fuera el presupuesto de ajuste de Macri.

Sea como fuere, el resultado concreto es que se prorroga el presupuesto 2021, y todos casi contentos, salvo el FMI, que ve cómo los políticos del sistema se niegan a darle el rango de “política de Estado” al ajuste fiscal. Por supuesto, no porque les preocupe su costo social sino porque atienden esencialmente a sus especulaciones electorales. Ya sabemos que el “pensamiento estratégico” del elenco político capitalista argentino abarca como máximo los dos años hasta la próxima elección.

Una muestra palmaria de eso que pinta de cuerpo entero el ajuste vergonzante[1] es la siguiente trampita: mientras que en los números “públicos” aumentaron las partidas presupuestarias de noviembre a varios entes y organismos estatales, en realidad no van a gastar esos fondos, sino que los guardarán en caja hasta el año que viene para destinarlos a “créditos intra sector público”. ¡Es decir, le van a devolver al Estado en 2022, sigilosa y ortodoxamente, lo que éste les prestó ostentosa y populistamente en 2021! Esta estafa política en aras de la “prudencia fiscal” fue detectada por la Oficina de Presupuesto del Congreso y señalada por el periodista Alejandro Bercovich (BAE, 17-12-21).

El otro gran candidato al hachazo es el rubro subsidios a las tarifas de servicios, sobre todo las de energía (aunque el FMI tiene en la mira también las del transporte). Aquí, como señalamos hace poco, a lo más que aspira el gobierno es a salvar la ropa de “cuidar a los más vulnerables” manteniendo la tarifa social para los consumos más bajos. La manera en que se vaya a segmentar el resto de las tarifas (por nivel de consumo, por zona geográfica, distintas combinaciones de ambas) va a ser otro de los motivos de negociación.

Lo seguro es que, como demuestran los medios oficialistas abriendo el paraguas, el tarifazo va a ser importante, y en todos los rubros posibles. Digamos que aquí hay una bomba dentro de otra, porque si al aumento de las boletas mensuales (¿se acuerdan cuando eran bimestrales? Otro regalo de Macri que el kirchnerismo dejó pasar alegremente) le sumamos el pésimo servicio –tan digno del más típico país del Tercer Mundo que los cortes de energía en verano son parte de la rutina anual[2]–, la mecha del malhumor popular puede ser más corta de lo que imaginan en el gobierno.

Bomba 2: dólares que no alcanzan y crecimiento en veremos

La situación de las reservas, como ya señalamos, bordea lo angustiante. Aunque el número oficial es algo más de 39.000 millones de dólares, nadie debe creer que “reservas” equivale a “cofre lleno de dólares (u oro) en una bóveda del Banco Central”. Lo que se computa como reservas es más bien un asiento contable que incluye cosas tan intangibles como el “swap” (acuerdo de intercambio) de moneda con el banco central chino, que en el mejor de los casos representa yuanes, no dólares, y requieren para su uso de la autorización de la entidad china, o sea de su gobierno. O cosas tan ajenas como los dólares correspondientes al encaje de los depósitos privados en dólares en los bancos argentinos.[3]

Lo aparentemente extraño del caso es que 2021 fue un gran año en términos de superávit comercial (única fuente genuina de divisas del país): unos 15.000 millones de dólares. Sin embargo, de esa lluvia de verdes no se posó una sola gota en las reservas del BCRA, que terminaron 2021 prácticamente en el mismo nivel de 2020. ¿Cómo es posible? La cuenta es amarga, pero no difícil: se explica entre los pagos de deuda (ojo, sobre todo al FMI, porque los pagos al resto de los acreedores fueron pocos y de bajo monto), las ventas de dólares del BCRA tratando de frenar la trepada del billete verde (plata quemada, desde ya), los pagos de deuda del sector privado (la real y la inventada por las compañías para fugar divisas, pero de eso hablaremos otro día) y rubros como turismo emisivo (este año, mucho menos por la pandemia, pero que habitualmente drena no menos de 5.000 millones de dólares) y otros poco conocidos pero pesados, como los fletes navieros.[4]

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Entre los múltiples dilemas de manta corta que mencionábamos en ediciones anteriores está el de que para el FMI la prioridad es recomponer reservas, y por lo tanto, conocedor del mecanismo económico argentino, busca frenar el ritmo de crecimiento de la actividad económica. Sí, frenarlo. Y por una razón muy sencilla que no tiene nada que ver con el sadismo maquiavélico que los progres suelen adjudicar al organismo: en Argentina, cuya estructura industrial depende de los insumos importados, “por cada punto de crecimiento de la actividad [es decir, cada 1% del PBI que se crece. MY], las cantidades importadas suelen expandirse cerca de tres puntos. Martín Guzmán había planteado en su Presupuesto 2022, que no fue aprobado, un crecimiento del 4%. El FMI objeta ese número y quiere que sea más bajo” (Ámbito Financiero 27-12-21).

¿Se entiende? Si crece la economía, crece la industria; si crece la industria, crecen (demasiado) las importaciones; si crecen las importaciones, se reduce la entrada real de dólares que representa el saldo favorable de la balanza comercial y, por lo tanto, se compromete la recomposición de reservas en dólares del BCRA, que es de donde saldrán los pagos de la deuda externa. De paso, también aumenta la presión inflacionaria, y con ella la presión a la devaluación del peso frente al dólar. El enfriamiento de la economía evita esos peligros, al “pequeño” costo de matar la recuperación y dejar (o mantener) en la lona a millones de personas que vienen de dos años bravísimos de pandemia. Manta corta.

De paso, aclaremos que el objetivo del crecimiento del 4% de Guzmán era de lo más modesto, ya que por el llamado “efecto de arrastre estadístico”, el 10% de crecimiento del PBI de este año (en realidad, un rebote de la caída del 10% en 2020) va a dejar un piso de crecimiento del 3%. Para que se entienda: si el país crece cero en 2021, por ese “arrastre estadístico” se va a computar como un crecimiento del 3%, de modo que el crecimiento real que proponía Guzmán era apenas el del 1 o el 1,5% del PBI real. Pues bien, el FMI pide menos. O, lo que es lo mismo, recesión. Uno de los instrumentos que propone el Fondo para eso es la suba de la tasa de interés de referencia del BCRA, que las autoridades monetarias ya están poniendo en marcha con toda discreción.[5]

Eso sí, en contrapartida con esta postura rígida, el Fondo se mostrará muy contemplativo con la continuidad de los controles cambiarios (el cepo, en criollo). Lógico: mal que le pese a la ortodoxia de sus funcionarios, a esta altura –después de tres décadas de estrellarse contra la pared de la economía argentina– la muchachada del Fondo finalmente entendió que si se da a la burguesía argentina rienda suelta a su libre libertad libertaria, en dos años acá no queda un solo dólar.

Al respecto, recordemos que en macroeconomía hay un concepto que se llama balance de cuenta corriente externa, que consiste en la suma de todos los ingresos y egresos de divisas, por todos los conceptos (la más importante, claro está, es el comercio exterior, a lo que hay que agregar inversiones directas, endeudamiento, remesas de divisas hacia y desde el país, turismo, fletes y otros). Esa cuenta es históricamente deficitaria, lo que significa, en criollo, que en general faltan dólares. Eso es lo que se ha dado en llamar “restricción externa”.

Ahora bien, en 2021 hubo un superávit de cuenta corriente de 7.000 millones de dólares (que, como vimos, no redundaron en ninguna mejora en las reservas del Banco Central). Pero esa mejora se debió sobre todo a dos factores: mejora del saldo comercial y menos turismo al exterior. Y un simple dato alcanza para poner en perspectiva varios problemas de la economía juntos: de los aproximadamente 75.000 millones de dólares de exportaciones que tendrá Argentina en 2022, dos tercios (50.000 millones) provendrán de los productos del campo. Mientras esa patronal garca tenga en sus manos la canilla de la entrada de divisas, cualquier política cambiaria (y, por extensión, antiinflacionaria y fiscal) es pura ilusión.

Bomba 3: la bola de nieve de la deuda en pesos

Aunque todo el mundo político, económico y financiero mira, con razón, la cuenta corriente externa y el saldo de ingreso y egreso de divisas, convendría no perder de vista que, en realidad, la bomba que estuvo a punto de explotarle a Macri y que gatilló el llamado de urgencia al FMI en mayo de 2018 no fue la deuda externa en dólares, sino la interna en pesos, y más concretamente la ensalada de bonos, letras, Lebac, Leliq e instrumentos financieros varios cuyos intereses, que crecían como bola de nieve, se habían vuelto insostenibles.

En ese sentido, hay que seguir de cerca lo que pasa con ese rubro, máxime cuando el déficit del Estado nacional sólo puede cubrirse en pesos (dólares, nadie presta, y los que hay son para pagar la deuda). Ese endeudamiento en pesos tiene dos grandes vías: el Tesoro nacional, que emite bonos de deuda, y el “independiente” BCRA, que emite letras para absorber los mismos pesos que emite y que le “presta” (es decir, le regala) al Tesoro. En 2021, el plan de Guzmán había sido financiar el déficit en pesos un 60% con emisión de moneda del Banco Central (lo que obliga a “esterilizar” esa emisión para que no sea inflacionaria; ver más abajo) y un 40% con emisión de deuda “pura” del Tesoro. El saldo real de este año no fue ese ya prudente 60/40, sino más bien 72/28.

¿Qué es la “esterilización”? Que inmediatamente después de emitir moneda sin respaldo, el BCRA la “absorbe”, cambiándola a los bancos por letras que, a diferencia de los simples billetes, pagan intereses. De esa manera, el BCRA evita que los pesos lleguen al mercado y alimenten la inflación, pero al costo de generar una deuda con los bancos (en Leliq y pases) que ya está en el récord, en todo sentido, de 4,7 billones de pesos, nada menos que un 10% del PBI. Claro que no se computa como déficit fiscal, porque el BCRA es “independiente”; se lo llama técnicamente “déficit cuasi fiscal”, que es… cuasi lo mismo.

Esta situación, por supuesto, no le gusta nada al FMI, que quiere limitar todo lo posible la emisión para evitar a) más inflación, y b) más presión sobre el dólar, con la consecuencia de c) obligar al Estado a hacer un ajuste de gastos, porque si no se puede emitir, no hay otro financiamiento.

El fallido presupuesto de Guzmán estimaba un déficit fiscal total (es decir, incluyendo el pago de deuda; el “cuasi” queda afuera) del orden del 5% del PBI. La forma de financiarlo era la siguiente: algo más del 2% del PBI emitiendo deuda en pesos; un 1,8% del PBI vía emisión monetaria –obsérvese que pasamos del 60/40, o más bien 72/28, a un 45/55 sin explicar muy bien cómo–, y el 1% del PBI restante se financiaría con “organismos multilaterales y bilaterales”, esto es, el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento y demás instituciones no privadas, únicas capaces de prestar en dólares a este país. Pues bien, incluso este rosáceo y archi optimista escenario es objetado por las misiones técnicas del FMI, cuyas renovadas ínfulas veremos enseguida.

Bomba 4: no habrá ayudita de los “amigos” del FMI

La relación entre Argentina y el FMI ha pasado por todas las etapas de la pasión: del tórrido romance en los 90 a la separación conflictiva y despechada en 2001, el acuerdo de divorcio de 2005 (10.000 millones de dólares cash, recordemos), la nostalgia de Macri por la amada lejana a la que bruscamente hubo que recurrir en 2018, el engaño consentido por ambas partes en 2018-2019 y ahora una convivencia forzada y desconfiada, cada vez más incómoda para una y otro.

A decir verdad, desde los 90 no hay ninguna historia entre Argentina y el FMI que haya terminado bien. Por supuesto, el principal damnificado fue el país. Pero que nadie crea que el Fondo no recibió lo suyo: de hecho, lo mayores cuestionamientos a sus políticas en general y a sus funcionarios en particular han sido las más de las veces generados por los acuerdos con Argentina y su inexorable fracaso, a la larga o (más frecuentemente) a la corta.

Las personas memoriosas (y veteranas) recordarán a la italiana Teresa Ter Minassian y el indio Anoop Singh, líderes de las misiones que venían a Argentina en 2001, así como a la pétrea estadounidense Anne Krueger, número dos del FMI y responsable de bajarle definitivamente el pulgar al país y forzar el default. Terminaron todos afuera del Fondo o condenados a lo que sea el equivalente de Siberia en la carrera administrativa del organismo. Pues bien, la historia terminó igual de mal para toda la plana mayor del FMI responsable del acuerdo con Macri.

Veamos: Christine Lagarde –que sin ninguna duda se la vía venir– se aseguró una elegante salida a la cabeza del Banco Central Europeo antes que terminara 2019. Puesto importante, sin duda, pero muy inferior al de directora gerente del FMI. Mucho peor le fue al estadounidense David Lipton, el número dos del organismo, que para colmo había estado furiosamente en contra –con argumentos técnicamente irreprochables– del salvataje a Macri, y que debió ceder a instancias de Steven Mnuchin, secretario del Tesoro (ministro de Economía) de Trump. Gracias, Lipton; tómese un té y váyase. Igual destino para el mexicano-argentino Alejandro Werner, director hemisférico del FMI para el continente americano (pobre, después de cada reunión con el equipo argentino bufaba “con estos tipos no se puede negociar”): ahora tiene un emprendimiento de consultoría privada en el que le deseamos suerte y que no vuelva. Ni hablar del italiano Roberto Cardarelli, jefe de las misiones técnicas cuando Macri, Caputo y Cía. le ponían la alfombra roja: Dios sabe las finanzas de qué lejano país estará monitoreando ahora, porque el “caso Argentina” ciertamente no representó un salto fulgurante en su carrera.

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Todos ellos tienen reemplazante: la búlgara Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo –hoy muy esmerilada por la embestida de EEUU por una supuesta actitud contemplativa con China cuando era directiva del Banco Mundial–; la estadounidense Julie Kozac y el venezolano Luis Cubeddu, encargados de las misiones técnicas, y quien ahora ocupa el sillón de Werner, el brasileño-israelí Ilan Goldfajn, ex funcionario ultraliberal del gobierno de Michel Temer. Goldfajn no quería saber nada con agarrar la papa caliente del acuerdo con Argentina, pero no tuvo más remedio. Y en cuanto a Kozac y Cubeddu, la supuesta “buena onda” de la que hablaban los técnicos argentinos se evaporó sin dejar rastro: ambos saben que Argentina es nitroglicerina pura para cualquier funcionario del Fondo y no quieren correr más riesgos de los necesarios.

Por lo pronto, ya tiraron dos malas noticias. Una es que, contra los ruegos de Guzmán, recomendaron no bajar las sobretasas del préstamo a Argentina del 4,05 al 1,05% (cosa que obliga al país a pagar más de 900 millones de dólares adicionales por año). La otra, más preocupante para las necesidades políticas del kirchnerismo, es que exigieron misiones de inspección trimestrales, presenciales y en Buenos Aires. El gobierno quería, en cambio, misiones de control discretísimas que coincidieran con las reuniones semestrales del FMI en Washington. Esto ahorraba al electorado el espectáculo humillante de ver cómo los delegados del organismo exhiben, en pleno “gobierno popular”, facultades imperiales para reclamar datos, retar funcionarios locales, pedir reuniones con políticos opositores y consultoras y, en general, dejar la imagen “soberana” del país arrastrada por los suelos.

Queda la alternativa de que esas antipáticas misiones no se realicen durante el período de gracia, es decir, hasta 2025. Pero si ya desde 2022 el Fondo se está poniendo estricto con las exigencias macroeconómicas, difícil que dejen librado al buen (?) criterio de las autoridades argentinas el cumplimiento de unas metas que se parecen a querer taparse no ya con una manta corta sino con un pañuelo de regulares dimensiones.

Bomba 5: una visión estratégica de aquí a… tres años

Un trabajo del muy oficialista CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) traza nada menos que ocho escenarios de esquemas de repago de la deuda con el FMI, tomando como variables los plazos de pago, la tasa (y sobretasa) y el período de gracia. De los ocho, seis son insostenibles. Los otros dos asumen condiciones tan inverosímiles, por no decir delirantes, como que el FMI “asume su responsabilidad” por haber permitido la fuga de capitales (!!) y de ese modo condona no menos del 25% de la deuda, o bien “sólo cobra un 15% de los capitales que se repatríen, como sugirió Cristina Fernández. En este escenario –más que optimista– la deuda termina de cubrirse en 2053, veintidós años más de los que está dispuesto a conceder el organismo” (A. Bercovich, BAE, 17-12-21).

A las personas no iniciadas en los arcanos de la economía y la política argentinas este diagnóstico les haría correr sudor frío por la espalda: ¡todo está perdido, ni en la remotísima variante más favorable de los economistas más cercanos al gobierno se puede salir de este atolladero! ¿Y ahora?

Pues bien, la flemática respuesta de uno de los miembros más encumbrados del equipo de negociadores argentinos ante el FMI es que caminar por la cuerda floja sobre el cráter de un volcán activo no es razón para perder la calma. Explica que el propio Fondo sabe que el horno no está para bollos y que terminarán siendo más o menos flexibles… suponiendo que el gobierno argentino cumpla con todo y todo le salga bien. Porque “si te van a salvar de una corrida [como ocurrió con Macri en 2018. MY], ahí sí te pueden exigir mucho más. Pero sigue valiendo la pena ganar tiempo, aun cuando sea patear el abismo del default a tres o cuatro años. Porque si crecemos fuerte en ese tiempo [el optimismo de este funcionario es conmovedor. MY], la renegociación que venga después va ser mejor” (ídem).

Recomendamos releer íntegra la breve cita del funcionario en cuestión. Lo que está diciendo –aclaramos por las dudas– es que el gobierno argentino es el primero en asumir que el FFE que aún no se firmó, y que supuestamente debe durar diez años, es incumplible y habrá que renegociarlo en “tres o cuatro años” (¡es decir, cuando haya que empezar a pagar en serio!). Mientras tanto, todo lo que se está haciendo, incluyendo las negociaciones agotadoras con el Fondo, los recortes fiscales, los achiques de presupuesto y la zozobra macroeconómica generalizada, no es otra cosa que “ganar tiempo”. ¡Asombroso!

Nos apresuramos a decir que esta no es una interpretación forzada de nuestra parte. En su presentación del Presupuesto 2022, una manera apenas distinta de decir lo mismo fue la del propio ministro Guzmán, que admitió sin pruritos que el plazo del acuerdo es “insuficiente” y que “no permitirá resolver el problema” salvo después de varios pasos (uno más incierto que el otro, nos permitimos agregar). En sus palabras, “a partir de 2026 la carga de deuda será muy grande”. Por eso, “de acá a 2026 vamos a tener que seguir trabajando para resolverla” (Ámbito Financiero 20-12-21).

A nosotros estas declaraciones nos parecen transparentes, pero por si acaso ofrecemos un servicio de traducción gratuito. El plazo del acuerdo es “insuficiente” porque, como dicen los economistas de CELAG, harían falta no diez sino treinta años –y condiciones generales tan favorables que rozan la quimera– para que sea sostenible, por lo cual el FFE “no permitirá resolver el problema”. La promesa de “seguir trabajando de acá a 2026” debe entenderse en un doble sentido: generar lo más que se pueda las “condiciones de sustentabilidad” que reclama el FMI, empezando por el ajuste fiscal, y, si eso no alcanzara (lo más probable), prepararse para “seguir trabajando”… en renegociaciones con los equipos técnicos del Fondo. Pero esa “resolución” no parece cercana, en razón del factor más importante que señala Guzmán: que a partir de 2026 “la carga de la deuda será muy grande”, esto es, impagable.

Sucede que salvo que pase algún imponderable extraordinariamente beneficioso de los que nunca pasan –Dios no existe, o en todo caso no es argentino–, aun en el caso de un acuerdo con tres años de gracia, la catarata de vencimientos a partir de ese año acumulará un monto del orden de los 18.000 millones de dólares anuales. Y eso sólo de la deuda del Estado nacional, sin contar empresas ni provincias, que bajo Macri se endeudaron en dólares de modo tan irresponsable como la Nación.

Desde ya, no hay que perder de vista todas las bombas anteriores, con su correlato de atraso salarial, recuperación económica endeble, inflación sin miras de bajar, presión cambiaria permanente, crecimiento exponencial de la deuda en pesos, malestar social por el ajuste fiscal y tarifario y todos los etcéteras de rigor. Cualquiera de esos factores, en forma aislada o retroalimentada, puede por sí mismo generar nuevas convulsiones sociales.

Pero remitamos ese áspero panorama al paréntesis de la coyuntura inmediata y miremos lo que en Argentina es el futuro lejano, es decir, tres años. La pregunta que deberían hacerse Guzmán y Goldfajn, Kozac y Cubeddu, Alberto y Cristina, Kristalina y Joe Biden, es tan simple como esto: ¿estará la economía argentina a partir de 2026 en condiciones de generar una capacidad de pago equivalente a un 4% del PBI actual, o una cuarta parte de las exportaciones, o casi la mitad de las reservas brutas, por año y durante varios años, sin comprometer de manera irrevocable la estabilidad económica, política y social del país?

Quien no se haga esa pregunta es porque teme mirar de frente la respuesta.

 


[1] Para ilustración de periodistas y comunicadores que repiten muletillas orales de moda con el más olímpico desprecio por la lengua castellana, recordamos que “vergonzante” es lo que A hace con vergüenza de lo que pueda pensar B, y que “vergonzoso” es aquello que hace A sin importarle que eso le dé vergüenza a B. En realidad, el ajuste del gobierno es tanto vergonzante (porque es el ajuste que, para usar la frase de Oscar Wilde, no se atreve a decir su nombre) como vergonzoso (porque el caradurismo de esta gente da vergüenza a quien los contempla, ya que no a ellos).

[2] Estas líneas se redactaron en parte en una estación de servicio con grupo electrógeno, gracias al corte de energía eléctrica de media Capital que nos dio la oportunidad de un brindis de fin de año a la luz de las velas con sidra tibia. Este servicio de cena romántica low tech es una cortesía más de Edesur y su ambicioso plan de inversiones.

[3] Explicamos brevemente: cuando un particular deposita dólares en una cuenta bancaria (pero NO en una caja de seguridad), el banco está obligado a constituir en el BCRA una reserva por un porcentaje (variable) de ese depósito. Esos dólares son, por lo tanto, propiedad de los depositantes y administrados por el banco, y el BCRA sólo actúa de garante de la reserva. Pero formalmente se computa como “reservas en divisas del BCRA” (brutas, claro está, no netas). El temor que agitan los medios gorilas es que los “populistas” incauten esos dólares, por ejemplo haciendo un canje forzoso por pesos, algo que ya ocurrió en los 90. Desde ya, chanchadas como ésa (el llamado Plan Bonex) o el corralito de 2001 fueron hasta ahora patrimonio exclusivo de gobiernos neoliberales. Pero eso no obsta para que, ante el menor rumor, el chiquitaje de clase media histerizado corra a sacar sus ahorros de esas cuentas y las mueva a una caja de seguridad.

[4] Un cálculo reciente publicado en Ámbito Financiero el 31-12-21 estima que el país pierde unos 7.000 millones de dólares al año por carecer casi absolutamente de flota mercante marítima y fluvial. No es más que uno de  los muchos costos de ser un país periférico con una clase capitalista local mitad extranjerizada y mitad lumpenburguesa.

[5] Dicho rápidamente, una suba de la tasa de interés es recesiva sobre todo por dos razones: a) aumenta el costo del crédito para las empresas que quieren endeudarse para expandirse, y por lo tanto desalienta esa conducta, y b) hace más atractivo invertir en el circuito financiero y no en el productivo, algo de lo que la burguesía argentina sabe muchísimo. Para el FMI, una ventaja adicional de la tasa de interés alta es que “premia” la tenencia en pesos y desestimula la compra de dólares, lo que ayuda a recomponer el stock de reservas del BCRA para pagar la deuda. Como se ve, todo conduce al mismo lugar…

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