Perú

Keiko Fujimori tiene que ir presa

Más que la presidencia, el lugar que le corresponde a la candidata derechista es la cárcel. No sólo por su apoyo a los delitos de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura de su padre, sino también por causas de corrupción y lavado de dinero confesados por la empresa Odebrecht.

Renzo Fabb
Redacción de Izquierda Web.


Mientras el conteo de votos avanza lentamente hacia lo que parece que será una ajustada victoria de Pedro Castillo, la candidata de derecha Keiko Fujimori no sólo se preocupa por estas horas por la posible derrota electoral. La hija del dictador mira de reojo también sus problemas con la justicia.

Además de que debería estar presa por apoyar los crímenes de lesa humanidad cometidos por su padre, está formalmente acusada de organización criminal, lavado de dinero, falsedad y obstrucción a la justicia. Por estas causas, un fiscal anticorrupción que investiga las implicancias del Lava Jato en Perú pidió en marzo una pena de más de 30 años de prisión para la líder del partido Fuerza Popular.

De hecho, su participación electoral en las presidenciales de 2011 y 2016 estuvo marcada por el financiamiento irregular de su campaña electoral por parte de la empresa brasileña caída en desgracia Odebrecht, como parte del caso Lava Jato, una red de corrupción continental que al develarse puso en jaque a dirigentes políticos y empresarios de toda latinoamérica.

Odebrecht confesó que aportó dinero «en negro» para la campaña de Keiko, que se encargó de ocultarlo en los registros contables de su partido. También Credicorp, la principal empresa financiera de Perú, admitió que aportó 3,6 millones de dólares a la campaña de manera irregular. Las acusaciones de la fiscalía muestran que el mecanismo de ocultación de estas cifras millonarias consistió en disimularlas como miles de aportes falsos más pequeños de personas individuales.

A pesar de que Fujimori denuncia «persecución política» por las acusaciones que recaen en su contra, su situación judicial cada vez se complica más porque paulatinamente van «cayendo» más empresarios y colaboradores suyos que admiten la corrupción que envuelve a la candidata ultraderechista.

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En efecto, las pruebas en su contra son tan abundantes que Keiko estuvo en prisión preventiva dos veces por esa causa. Primero, de octubre de 2018 a noviembre de 2019, y luego unos cinco meses durante 2020. La pandemia le permitió salir en libertad y encarar su sueño presidencial que, hasta ahora, parece haber quedado trunco nuevamente.

Su absurda campaña contra el «comunismo» y su supuesta defensa de la «república» se agota en ser una figura nefasta y corrupta aliada a las grandes corporaciones y defensora del genocida de su padre, a quien prometió indultar en caso de que llegue a la presidencia. Pero a este ritmo, la que necesitará un indulto parece que terminará siendo ella. Como fiel seguidora de su padre, le corresponde el mismo destino: pudrirse en la cárcel.

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