Entre el jefe de gabinete Manuel Adorni y la secretaria Karina Milei parecieran estar compitiendo a ver quién le saca más jugo a la apuesta en el saqueo del Estado. Hoy reaizaron una gira pública para mostrar un gobierno «unido», y reafirmar el apoyo mutuo en medio de los escándalos. Recorrieron el hospital Malbrán y luego posaron para la foto en la Fanfarria del Regimiento de Granaderos fuera de la Casa Rosada. «Normalidad» es lo que trataron de transmitir. Pero los juzgados no los dejan.

Más y más pruebas contra Adorni

Las ollas se siguen destapando. Por el viaje a Nueva York y por las compras de inmuebles de Adorni, el fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete. El juez interviniente, Ariel Lijo, lo autorizó a llevarlo adelante. Hay datos que convalidan la dura decisión jurídica: el jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa volvieron de su viaje a EEUU con un gasto de pasajes que superó los 10.000 dólares.

Con esta autorización en la Justicia se podrán investigar las idas y vueltas de sus gastos patrimoniales. Como el que realizó con la compra del departamento de Caballito, con la mala suerte de estar ubicado a la vuelta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. No podía ser de otra forma, la agrupación ¡Ya Basta! se encargó se señalar la ubicación del departamento malhabido con un ruidazo.

Pero el gasto por la compra de los pasajes del funcionario nacional y su esposa ya quedó en el olvido. La investigación ya superó ese ángulo porque los gastos de ambos ascendieron por los cuatro costados y en la actualidad entró en etapa de investigación la totalidad de los gastos y bienes adquiridos en los últimos años.

En estos días, declararon su contadora y las dos jubiladas que supuestamente le «prestaron» el dinero para la compra de un departamento. Su contadora mucho no lo ayudó: «Pregúntenle a él de dónde salió la plata», dijo. Las dos jubiladas lo dejaron todavía peor parado: dijeron que les debe 70 mil dólares a cada una.

Karina y el 3%: 75 millones robados

Los audios filtrados de Spagnuolo se convirtieron el año pasado en una de las principales crisis políticas del mileísmo. Se puso en evidencia la corrupción de una banda de delincuentes encabezada por Karina Milei, que sigue impune.

El vociferado en las calles “3% de Karina” suma más imputados afectados a la causa de asociación ilícita que funcionó en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Uno de cuyos jefes superiores señalado por la Justicia es el señor Miguel Ángel Calvete, junto con otros de menor rango. Se negó a declarar en la causa. Tanto él como su hija Ornella y otras 17 personas están procesados en la causa. Esto era cuando la llevaba adelante el anterior juez Sebastián Casanello.

El fiscal a cargo de la causa, Franco Picardi, basándose en la comprobación de nuevas maniobras de corrupción, efectivizó un nuevo pedido de indagatorias de funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de mucho costo (29 es el total de personas citadas ante la Justicia). Según el funcionario, la suma “derivada” a un grupo empresarial reducido equivale a $ 75.478.149.019… Asimismo, pidió citar nuevamente a quienes ya declararon y continuó expresando que incorporará a 24 personas más a las indagatorias judiciales.

Todo terminará en las manos del juez Ariel Lijo, cuyo nombramiento a la Corte Suprema de Justicia estuvo en danza hace un buen tiempo y fue rebotado. También tiene en sus manos el caso del jefe de Gabinete.

Luego de la filtración de los audios el Ministerio de Salud intervino la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que venía siendo como un ente autárquico. Para intentar lavarse la cara, el gobierno comenzó una auditoría a través de su interventor, Alejandro Vilches, que mostró en septiemre sobreprecios que llegaban al 30%.