Al momento de escribirse esta nota, el régimen provincial no había aprobado aún la reforma constitucional, con el apoyo del peronismo.

Algunos de sus aspectos más reaccionarios, como la mayoría legislativa automática para quien gana las elecciones, el retroceso en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y el reforzamiento de la «propiedad privada» capitalista, fueron retirados por Morales para lograr la aprobación del proyecto en su conjunto.

La movilización popular ha abierto una crisis política en la campaña electoral. Hasta ahora, venía copada por la agenda de la clase capitalista, de sus representantes de derecha, y por la crisis del fracaso del gobierno. 

Es que lo que sucede en Jujuy, como pasó antes con Salta, es un anticipo del país que se viene. La «normalización del país» es ajuste económico, pero también es «pacificación social» con represión. Desde la crisis del 2001, el reclamo callejero ha condicionado toda la política nacional, y el «proyecto» a largo plazo de las fuerzas capitalistas es ponerle punto final a eso. Sabiendo eso es que Morales en Jujuy y Sáenz en Salta no quieren retroceder ni un milímetro ante la protesta. Al contrario: sus intentos de criminalizarla son también una suerte de «preparación» hacia la Argentina pos-electoral. Es la única manera de barrer la agenda popular y de los trabajadores del debate nacional. 

La campaña electoral, entonces, está ahora cruzada por Jujuy. Juntos por el Cambio realizó una conferencia de prensa para hacer una defensa cerrada y unificada de Morales. Sin duda, para ellos es un golpe. No gobiernan a nivel nacional, no ganaron ninguna elección definitoria en 2023, y ya todo el país los ve reprimiendo para imponer una impopular y antidemocrática reforma constitucional. El gobierno nacional, por su parte, hace declaraciones somo si no fuera gobierno, por las redes sociales. Pese a las absurdas acusaciones de Morales, la resistencia jujeña tomó desprevenido al peronismo, que hasta venía de votar la reforma en la «constituyente» trucha. Quieren hacer declaraciones para fortalecerse electoralmente, no hacer nada concreto para evitar que se les ponga en contra algún sector de la clase capitalista. 

Si la crisis abierta con Jujuy, con amplias simpatías en todo el país, no ha condicionado del todo la situación nacional ni se ha convertido en una crisis en todo el país, es porque las burocracias sindicales de las CGT y CTA no han convocado un paro nacional. El momento de la represión del pasado martes 20 era el momento más indicado para hacerlo, para efectivamente derrotar a Morales. 

«Con un solo artículo de esta Constitución, terminé con los cortes de ruta» había dicho el gobernador jujeño. Evidentemente, eso no se puede hacer por mero decreto en Argentina. Y eso también es un anticipo de la realidad que se viene en todo el país, gane quien gane.

Finalmente, lo que está en disputa no es solamente qué va a pasar en Argentina con un próximo gobierno. Hay una discusión estratégica también para la clase capitalista en las provincias del noroeste: se preparan para el saqueo del litio. Cercenar el derecho a la protesta, avasallar los derechos de los pueblos originarios, garantizar a toda costa los «derechos» de la propiedad capitalista, todo esto es para asegurarse que nadie se meta con ese inmenso negocio.

El gobernador radical Gerardo Morales está en medio de una cruzada contra los trabajadores y sectores populares de la provincia norteña. Al fracasado decreto anti – piquetes se le suma el intento de reformar la Constitución provincial.

La Convención Constituyente convocada por Morales cuenta con mayoría absoluta del oficialismo (29 constituyentes contra 13 del peronismo y 6 de la izquierda). Para colmo, el bloque justicialista votaría dividido, prestando parte de sus constituyentes a la aprobación de la reforma. El gobierno intenta explotar esa ventaja para aprobar la reforma de manera exprés. La Convención comenzó a sesionar el 22 de mayo (tras nombrar al propio Morales como su presidente) e intentará aprobar el paquete de reforma el 20 de junio.

La reforma de Morales ya generó un rechazo masivo entre la población jujeña. Algunos de los sectores que se movilizan contra ella son los trabajadores docentes, estatales y de distintos gremios, y otros sectores como los pueblos originarios. En los últimos días, movilizaciones nutridas por más de 15.000 personas recorrieron San Salvador de Jujuy en rechazo a la medida.

El intento de eliminar el derecho a la protesta

El punto central de la reforma que propone Morales es mutilar el derecho a la protesta social. Este es un derecho consagrado no sólo por la Carta Magna provincial sino también por la Constitución Nacional, y es el pilar que permite a los trabajadores y al pueblo conquistar otros derechos.

Así, a lo largo de la historia argentina, los trabajadores de todo el país han hecho uso del derecho a la protesta para conquistar cosas tales como derechos laborales (vacaciones, aguinaldo, jubilación, convenios colectivos de trabajo, obras sociales) e incluso sociales y políticos.

Hace pocos años, por ejemplo, el movimiento de mujeres y de la diversidad conquistó a través de masivas movilizaciones el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Hace ya dos décadas, en el 2001, la movilización de miles de personas le puso fin a la década neoliberal (iniciada por Menem y continuada por De La Rúa) que llevó a millones de argentinos a la desocupación y el hambre. Hace más de cuatro décadas, la movilización democrática de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, junto a organizaciones sindicales y populares, le dió el golpe de gracia a la dictadura de Galtieri y recuperó la democracia en la Argentina.

Morales fue claro con sus intenciones. No por nada centró su campaña electoral en «terminar con los cortes de ruta y los piquetes», que según él son delitos. Con el nombre de Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica, la reforma constitucional en curso prevé «la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales«. Además plantea la supuesta «responsabilidad política y jurídica de aquellos representantes y funcionarios públicos que incentiven, inciten, impulsen o promuevan, por acción u omisión, el surgimiento de grupos que vulneren la paz social y la convivencia democrática pacífica«.

¿Qué significan estas palabras técnicas y pomposas? Primero: la mutilación total del derecho a la protesta. Dicho derecho no se elimina expresamente de la Constitución. Simplemente se cercena toda expresión concreta de dicho derecho. Los jujeños seguirán teniendo formalmente, en las palabras, el derecho a protestar. Pero dicha protesta deberá limitarse a los confines de la mente de los jujeños. Si la protesta sale de la imaginación y toca la realidad (las calles y rutas de la provincia), la misma pasará a constituir, según Morales, un delito flagrante con penas concretas.

Para esto la reforma prevé otorgale rango constitucional al actual régimen de contravenciones que rige la provincia. El mismo es utilizado actualmente por Morales para criminalizar la protesta cotidianamente a través de contravenciones, mayormente multando a los protestantes.

Segundo: el señalamiento hacia la «responsabilidad política» remite a la idea de que todo dirigente social y político que apoye la movilización popular será a su vez criminalizado y pasado a disposición de las sanciones que la reforma promueve.

En defensa de la propiedad privada (de los ricos), contra los pueblos originarios y los sin techo

Morales intentará agregar dos puntos al artículo 36 de la Constitución, «derecho a la propiedad privada». El texto acusa la intención de establecer «mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular«. Para esto se considerará  «grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida» y se promulgaría una ley que señale «las condiciones para el desalojo y para que el o los titulares del derecho de propiedad afectado estén en condiciones de ejercer los derechos que les asisten de manera inmediata, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo«.

En la mayoría de los conflictos que enfrentan año a año, las comunidades originaria se enfrentan a empresarios y terratenientes que claman tener el derecho formal sobre las tierras que las comunidades habitan. La intención de la reforma es darle a los terratenientes y empresarios del agro jujeño la mayor impunidad posible para desalojar a esas comunidades y poner las tierras al servicio de su sed de ganancias.

Lo mismo sucederá en el caso de que los sectores empobrecidos ocupen tierras improductivas en busca de un hogar. En los últimos años esta imagen se vio en distintos puntos del país, como en el caso de Guernica en el Gran Buenos Aires. En Jujuy ya hay 35.000 personas con problemas habitacionales graves. Y el número seguirá aumentando si el ajuste brutal del gobierno nacional y provincial continúa.

De espaldas a los trabajadores y el pueblo jujeño

Quizás el signo más flagrante de las intenciones del oficialismo sea el absoluto hermetismo que rodea las sesiones de la Convención Constituyente. Las reuniones de comisiones no son públicas. Ni siquiera se registran taquigráficamente. Nadie por fuera de los constituyentes puede acceder directamente a las discusiones que deciden el futuro constitucional de Jujuy.

Si a esto le sumamos la mayoría automática que ostenta el oficialismo dentro de la Convención el cuadro resultante es el de un proceso muy poco transparente y a todas luces antidemocrático.

La reforma propone modificaciones sobre 193 de los 212 artículos de la Constitución actual, aprobada en 1986. Entre los puntos centrales está la eliminación de las elecciones de medio término. De aprobarse la reforma, las elecciones serán únicamente cada 4 años, renovando en cada oportunidad el total de las bancas de la Legislatura jujeña. De por sí esto intenta reducir la participación de la población dentro del (ya de por sí reducido) sistema democrático electoral.

Pero además Morales propone que el ganador de la elección a gobernador obtenga automáticamente «la mitad más 1» de las bancas legislativas totales. No importa si el ganador de la gobernación lo hace con el 70%, el 40% o el 10% de los votos. El gobernador tendría automáticamente la mayoría simple dentro del Poder Legislativo. La idea es simple: convertir a Jujuy en un feudo vitalicio de Morales, sin oposición legislativa ni movimientos sociales, sindicales o democráticos. La utopía de la derecha, los empresarios, las multinacionales que saquean los recursos naturales y los terratenientes jujeños.